miércoles 30 de diciembre de 2009
martes 29 de diciembre de 2009
LA CRISIS DE LA SEGURIDAD LOCAL
“El Alcalde se equivoca cuando pretende minimizar la gravedad de la situación, restándole credibilidad a las cifras de la Personería sobre, la magnitud del desplazamiento intraurbano, indicador clave para entender la crisis de seguridad que se vive en la ciudad”.
Por: Jorge Mejía Martínez
Jorge.mejia@une.net.co
La televisión regional mostró a la policía intentando recuperar el control de la parte alta de la comuna nororiental de Medellín, luego de graves hostigamientos por parte de la delincuencia organizada del sector. Según el diario El Mundo, a los habitantes de la veredita, del barrio Popular, las amenazas de las bandas los forzaron al desplazamiento en plena celebración de navidad so pena de bombardear las humildes viviendas.
Una comisión de la Personería Municipal tuvo que salir intempestivamente de la zona, por temor a los anunciados enfrentamientos entre hombres cargados con fusil. El Secretario de Gobierno encargado de la ciudad solicitó que el sector fuera tomado por el Ejercito Nacional como una respuesta desesperada a la impotencia de las autoridades.
Escuché de boca de un líder, que la presencia delincuencial es tan fuerte y atrevida que algunos miembros de la fuerza pública fueron atracados y despojados de sus armas en uno de los CAI del sector. La Personera Delegada para los Derechos Humanos manifestó que la misma situación se vive en barrios como Castilla y Pedregal, zona noroccidental de Medellín.
El diario El Colombiano informó este domingo que desde agosto se agotaron las bolsas plásticas para embalar cadáveres por parte del CTI dado el inusitado incremento de homicidios –el doble respecto al año anterior- en Medellín. Quedamos cerca de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del 2002.
Ante panorama tan desalentador no sorprende la renuncia del Secretario de Gobierno municipal. Aguantó tres meses. Hoy muchos se preguntan por el perfil adecuado del próximo funcionario relevo de dicha dependencia local. Algunos sugieren un hombre o mujer de mano dura y si es un uniformado, mejor. Un oficial del Ejército o la Policía en la Secretaría de Gobierno, también se quemaría. Se requiere un funcionario que sepa convocar a la ciudadanía para hacerle frente al reto planteado por la delincuencia organizada en Medellín. O salimos todos del atolladero o nos hundimos todos. Pero la ciudadanía se deja convocar si está debidamente informada sobre lo que sucede. Por ello, el Alcalde se equivoca cuando pretende minimizar la gravedad de la situación, restándole credibilidad a las cifras de la Personería sobre, la magnitud del desplazamiento intraurbano, indicador clave para entender la crisis de seguridad que se vive en la ciudad. Lo mismo en Itagüí, Bello o Caucasia, localidades de Antioquia.
Además, de no eludir el significado de las cifras, la administración municipal debiera contarle a la comunidad hasta donde llegan sus posibilidades y competencias en materia de seguridad urbana. No es justo que se consolide en el ambiente la idea de que los éxitos de la política de seguridad democrática son del gobierno nacional y los fracasos son de los gobiernos municipales.
El Municipio de Medellín no ha ahorrado un sólo peso para invertir en movilidad, comunicaciones, logística e infraestructura, a favor de la fuerza pública. Siempre insiste en el aumento del píe de fuerza. Pero otros resortes no se mueven desde La Alpujarra. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de un proceso de desmovilización del paramilitarismo mal llevado que dejó demasiados cabos sueltos sin atender, como un adecuado tratamiento jurídico a las bandas y combos reguladas desde la comandancia de las AUC, en el marco de exigir el desmonte de las estructuras y actividades ilícitas, forjadas a su alrededor. El Gobierno Nacional no aprovechó la negociación para avanzar en tal sentido. Craso error.
El Colombiano relató, además, las circunstancias que propiciaron el asesinato de un patrullero de la policía en el barrio La Sierra tras una acción para detener a un individuo por porte ilegal de armas. La comunidad del sector fue cómplice del delincuente a quien protegió en contra de los miembros de la Fuerza Pública. Preocupante situación, porque confirma lo planteado por la Personería de Medellín en el sentido de que pobladores de estos barrios prefieren convivir con la delincuencia organizada, antes que colaborar con los uniformados a quienes sindican de corruptos y negligentes. El próximo Secretario de Gobierno deberá trabajar en llave con la comandancia de la Policía Metropolitana el saneamiento de la institución, a partir de pararle bolas a las quejas de la comunidad recogidas por la Personería. Además, de buen informador debe ser un mensajero.
Por: Jorge Mejía Martínez
Jorge.mejia@une.net.co
La televisión regional mostró a la policía intentando recuperar el control de la parte alta de la comuna nororiental de Medellín, luego de graves hostigamientos por parte de la delincuencia organizada del sector. Según el diario El Mundo, a los habitantes de la veredita, del barrio Popular, las amenazas de las bandas los forzaron al desplazamiento en plena celebración de navidad so pena de bombardear las humildes viviendas.
Una comisión de la Personería Municipal tuvo que salir intempestivamente de la zona, por temor a los anunciados enfrentamientos entre hombres cargados con fusil. El Secretario de Gobierno encargado de la ciudad solicitó que el sector fuera tomado por el Ejercito Nacional como una respuesta desesperada a la impotencia de las autoridades.
Escuché de boca de un líder, que la presencia delincuencial es tan fuerte y atrevida que algunos miembros de la fuerza pública fueron atracados y despojados de sus armas en uno de los CAI del sector. La Personera Delegada para los Derechos Humanos manifestó que la misma situación se vive en barrios como Castilla y Pedregal, zona noroccidental de Medellín.
El diario El Colombiano informó este domingo que desde agosto se agotaron las bolsas plásticas para embalar cadáveres por parte del CTI dado el inusitado incremento de homicidios –el doble respecto al año anterior- en Medellín. Quedamos cerca de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del 2002.
Ante panorama tan desalentador no sorprende la renuncia del Secretario de Gobierno municipal. Aguantó tres meses. Hoy muchos se preguntan por el perfil adecuado del próximo funcionario relevo de dicha dependencia local. Algunos sugieren un hombre o mujer de mano dura y si es un uniformado, mejor. Un oficial del Ejército o la Policía en la Secretaría de Gobierno, también se quemaría. Se requiere un funcionario que sepa convocar a la ciudadanía para hacerle frente al reto planteado por la delincuencia organizada en Medellín. O salimos todos del atolladero o nos hundimos todos. Pero la ciudadanía se deja convocar si está debidamente informada sobre lo que sucede. Por ello, el Alcalde se equivoca cuando pretende minimizar la gravedad de la situación, restándole credibilidad a las cifras de la Personería sobre, la magnitud del desplazamiento intraurbano, indicador clave para entender la crisis de seguridad que se vive en la ciudad. Lo mismo en Itagüí, Bello o Caucasia, localidades de Antioquia.
Además, de no eludir el significado de las cifras, la administración municipal debiera contarle a la comunidad hasta donde llegan sus posibilidades y competencias en materia de seguridad urbana. No es justo que se consolide en el ambiente la idea de que los éxitos de la política de seguridad democrática son del gobierno nacional y los fracasos son de los gobiernos municipales.
El Municipio de Medellín no ha ahorrado un sólo peso para invertir en movilidad, comunicaciones, logística e infraestructura, a favor de la fuerza pública. Siempre insiste en el aumento del píe de fuerza. Pero otros resortes no se mueven desde La Alpujarra. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de un proceso de desmovilización del paramilitarismo mal llevado que dejó demasiados cabos sueltos sin atender, como un adecuado tratamiento jurídico a las bandas y combos reguladas desde la comandancia de las AUC, en el marco de exigir el desmonte de las estructuras y actividades ilícitas, forjadas a su alrededor. El Gobierno Nacional no aprovechó la negociación para avanzar en tal sentido. Craso error.
El Colombiano relató, además, las circunstancias que propiciaron el asesinato de un patrullero de la policía en el barrio La Sierra tras una acción para detener a un individuo por porte ilegal de armas. La comunidad del sector fue cómplice del delincuente a quien protegió en contra de los miembros de la Fuerza Pública. Preocupante situación, porque confirma lo planteado por la Personería de Medellín en el sentido de que pobladores de estos barrios prefieren convivir con la delincuencia organizada, antes que colaborar con los uniformados a quienes sindican de corruptos y negligentes. El próximo Secretario de Gobierno deberá trabajar en llave con la comandancia de la Policía Metropolitana el saneamiento de la institución, a partir de pararle bolas a las quejas de la comunidad recogidas por la Personería. Además, de buen informador debe ser un mensajero.
lunes 28 de diciembre de 2009
sábado 26 de diciembre de 2009
OTRO QUE NO PUDO
Escudándose en inconvenientes médicos el Secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez Maya, presentó renuncia irrevocable a su cargo.
Dice el comunicado oficial que “en comunicación dirigida al alcalde “Lonso” Salazar, Vélez Maya, presentó renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando desde septiembre de 2009. Inconvenientes médicos que requieren ser atendidos con prioridad motivaron la decisión del abogado y experto en negociación de conflictos, Juan Diego Vélez Maya”. ¿Experto en negociación de conflictos? No sabíamos…
Como lo habíamos advertido (NUEVA CLIENTELA) fue nombrado como secretario encargado de este despacho el recién abogado y subsecretario de Espacio Público, César Arango Alzate, quien posee un prontuario interésate.
EL NUEVO ENCARGADO
Dice el comunicado oficial que “en comunicación dirigida al alcalde “Lonso” Salazar, Vélez Maya, presentó renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando desde septiembre de 2009. Inconvenientes médicos que requieren ser atendidos con prioridad motivaron la decisión del abogado y experto en negociación de conflictos, Juan Diego Vélez Maya”. ¿Experto en negociación de conflictos? No sabíamos…
Como lo habíamos advertido (NUEVA CLIENTELA) fue nombrado como secretario encargado de este despacho el recién abogado y subsecretario de Espacio Público, César Arango Alzate, quien posee un prontuario interésate.
EL NUEVO ENCARGADO
Cesar Arturo Arango Alzate, quien se desempeña actualmente como Subsecretario de la Defensoría del Espacio Público de Medellín, se desmovilizó de la guerrilla en 1990.
Sabemos que dicho encargo no tiene contentos a los integrantes del cuartel de Fajardo Presidente, por el “sospechoso” prontuario de Arango Alzate, quien recibió el título de abogado en el 2007.
El nuevo Secretario Encargado de Gobierno de Medellín, Cesar Arturo Arango Alzate fue suplente del Representante a la Cámara Carlos Alberto Zuluaga integrante del Partido Conservador en el 2002 y porteriormente militó en el Polo Democrático Alternativo. Brinca de allí para allá politicamente, y en la actualidad hace parte de los ángeles y querubines que apoyan la “nueva política” Fajaralonsista.
martes 22 de diciembre de 2009
TIRO AL BLANCO Nº 49
OTRO PAL’ PISO
Los concejales de Medellín Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Carlos Alberto Ballesteros Barón, manifestaron su preocupación por la forma como la Administración Municipal, a través de la EDU, adelanta los procesos de negociación de predios en los proyectos del Parque Bicentenario, La Aurora, La Manzana del Emprendimiento y La Iguana, entre otras obras.
Argumentaron que el desarrollo de dichos proyectos afecta de manera directa a las familias que se encuentran asentadas en inmediaciones de dichos proyectos.
En un comunicado los cabildantes integrantes del Partido de la U y el Polo, manifestaron que les parece lamentable que la administración haya desconocido la decisión adoptada por la comisión del Concejo de Medellín en el sentido de conformar una Mesa Técnico Jurídica, que tendría como finalidad analizar la manera como el gobierno aplica diferentes sentencias de la Corte Constitucional en referencia al justo precio que en procesos como este se debe reconocer a los ciudadanos afectados por obras que se supone, se realizan en beneficio de la comunidad en general.
Dicen que esta determinación es mucho más grave si se tiene en cuenta que la misma surgió previa iniciativa del gerente de la EDU, John Maya, quien en un principio sugirió que se solicitara un concepto a la Secretaría General de Medellín.
Echeverri y Ballesteros consideran irrespetuoso el manejo que se le dio al tema por parte de la EDU, quienes además de modificar el horario programado en forma unilateral e inconsulta, manifestaron en un principio que la mesa no había sido acordada y posteriormente ante la evidencia de su desacierto, que no le encontraban sentido a su conformación.
Los restantes puntos del comunicado advierten que: “Es evidente el temor que tiene la administración municipal de abordar el tema del “justo precio” lo que genera múltiples interrogantes, pues no pareciera que se trata del gobierno que presenta a Medellín como una ciudad solidaria y respetuosa del Estado Social de Derecho.
· Si bien es cierto que las autoridades municipales son autónomas para gobernar, también lo es que parte de nuestra función como concejales es intentar mediar para la solución pacífica de los conflictos y muy especialmente en casos como este, en el que el número de personas afectadas por la decisión de la administración es tan amplio. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de control político que nos obliga analizar la manera como la administración aplica la Constitución a casos concretos, donde están en juego múltiples derechos constitucionales.
· Adicionalmente, en este caso no se ha seguido el procedimiento establecido mediante decreto municipal número 673 de 2006 aprobado en el gobierno de Sergio Fajardo, que consagró la guía de manejo socio ambiental para la construcción de infraestructura de obra pública.
· Por todo esto hemos considerado importante coadyuvar la Acción Popular que actualmente cursa en la justicia administrativa, y programar un debate para que en la plenaria del Concejo se analice con detenimiento toda esta temática.
· Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que no es procedente que se continúen las demoliciones mientras no se adelante un verdadero proceso de concertación con la comunidad en desarrollo del derecho fundamental de participación, tal como lo ordena la citada guía”.
Voces de rechazo se dieron a conocer esta semana luego del asesinato el 20 de diciembre del líder comunal de la zona 8 de Medellín, Jhon Alexander Pulgarín.
De acuerdo con la información suministrada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, Pulgarín, era testigo clave en el proceso que se le adelanta al paramilitar John William López Echavarría, alias "Memín", quien salió fotografiado en compañía del alcalde de Medellín, “Lonso” Salazar.
En este caso otros cuatro testigos ya han sido asesinados, razón por la cual, Pulgarín pertenecía al programa de protección a testigos del Ministerio del Interior y había solicitado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Jhon Alexander Pulgarín, quien fue además, candidato al Concejo de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, solicitó desde hace más de un año al Gobierno Nacional a través de Corpades, la implementación de medidas de protección, debido a que sólo contaba con un escolta debido a las amenazas contra su vida.
Para hacer memoria Alexander Pulgarín, conocido con el remoquete de “Pipa” fue quien denunció las actividades ilegales que presuntamente cometía Antonio López alias 'Job', amigo del alcalde. Pulgarín, de 32 años, era líder del sector “La Sierra” en el centroriente de la ciudad.
Por su parte, “(…) La Alcaldía de Medellín rechaza una vez más las acciones de los grupos armados ilegales contra dirigentes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y contra sus organizaciones, además enfatiza su compromiso de combatir las estructuras armadas ilegales cualquiera sea su caracterización (…)”.
DECISIONES INCONSULTAS
De acuerdo con la información suministrada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, Pulgarín, era testigo clave en el proceso que se le adelanta al paramilitar John William López Echavarría, alias "Memín", quien salió fotografiado en compañía del alcalde de Medellín, “Lonso” Salazar.
En este caso otros cuatro testigos ya han sido asesinados, razón por la cual, Pulgarín pertenecía al programa de protección a testigos del Ministerio del Interior y había solicitado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Jhon Alexander Pulgarín, quien fue además, candidato al Concejo de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, solicitó desde hace más de un año al Gobierno Nacional a través de Corpades, la implementación de medidas de protección, debido a que sólo contaba con un escolta debido a las amenazas contra su vida.
Para hacer memoria Alexander Pulgarín, conocido con el remoquete de “Pipa” fue quien denunció las actividades ilegales que presuntamente cometía Antonio López alias 'Job', amigo del alcalde. Pulgarín, de 32 años, era líder del sector “La Sierra” en el centroriente de la ciudad.
Por su parte, “(…) La Alcaldía de Medellín rechaza una vez más las acciones de los grupos armados ilegales contra dirigentes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y contra sus organizaciones, además enfatiza su compromiso de combatir las estructuras armadas ilegales cualquiera sea su caracterización (…)”.
DECISIONES INCONSULTAS
Los concejales de Medellín Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Carlos Alberto Ballesteros Barón, manifestaron su preocupación por la forma como la Administración Municipal, a través de la EDU, adelanta los procesos de negociación de predios en los proyectos del Parque Bicentenario, La Aurora, La Manzana del Emprendimiento y La Iguana, entre otras obras.
Argumentaron que el desarrollo de dichos proyectos afecta de manera directa a las familias que se encuentran asentadas en inmediaciones de dichos proyectos.
En un comunicado los cabildantes integrantes del Partido de la U y el Polo, manifestaron que les parece lamentable que la administración haya desconocido la decisión adoptada por la comisión del Concejo de Medellín en el sentido de conformar una Mesa Técnico Jurídica, que tendría como finalidad analizar la manera como el gobierno aplica diferentes sentencias de la Corte Constitucional en referencia al justo precio que en procesos como este se debe reconocer a los ciudadanos afectados por obras que se supone, se realizan en beneficio de la comunidad en general.
Dicen que esta determinación es mucho más grave si se tiene en cuenta que la misma surgió previa iniciativa del gerente de la EDU, John Maya, quien en un principio sugirió que se solicitara un concepto a la Secretaría General de Medellín.
Echeverri y Ballesteros consideran irrespetuoso el manejo que se le dio al tema por parte de la EDU, quienes además de modificar el horario programado en forma unilateral e inconsulta, manifestaron en un principio que la mesa no había sido acordada y posteriormente ante la evidencia de su desacierto, que no le encontraban sentido a su conformación.
Los restantes puntos del comunicado advierten que: “Es evidente el temor que tiene la administración municipal de abordar el tema del “justo precio” lo que genera múltiples interrogantes, pues no pareciera que se trata del gobierno que presenta a Medellín como una ciudad solidaria y respetuosa del Estado Social de Derecho.
· Si bien es cierto que las autoridades municipales son autónomas para gobernar, también lo es que parte de nuestra función como concejales es intentar mediar para la solución pacífica de los conflictos y muy especialmente en casos como este, en el que el número de personas afectadas por la decisión de la administración es tan amplio. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de control político que nos obliga analizar la manera como la administración aplica la Constitución a casos concretos, donde están en juego múltiples derechos constitucionales.
· Adicionalmente, en este caso no se ha seguido el procedimiento establecido mediante decreto municipal número 673 de 2006 aprobado en el gobierno de Sergio Fajardo, que consagró la guía de manejo socio ambiental para la construcción de infraestructura de obra pública.
· Por todo esto hemos considerado importante coadyuvar la Acción Popular que actualmente cursa en la justicia administrativa, y programar un debate para que en la plenaria del Concejo se analice con detenimiento toda esta temática.
· Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que no es procedente que se continúen las demoliciones mientras no se adelante un verdadero proceso de concertación con la comunidad en desarrollo del derecho fundamental de participación, tal como lo ordena la citada guía”.
domingo 20 de diciembre de 2009
miércoles 16 de diciembre de 2009
TIRO AL BLANCO Nº 48
Cada “torero elige su cuadrilla” y en política no es la excepción. Cada gobernante cuando llega al poder, tiene la potestad de escoger y elegir su equipo de trabajo, que tal que no.
Aunque de ilegal no tiene nada, de cuestionable mucho. A pesar de la controversia que ha generado las presuntas vinculaciones entre el gobierno del Alcalde “Lonso” Salazar, con integrantes de los ex paramilitares, se continúa descubriendo otras dudosas relaciones entre el burgomaestre y supuestos integrantes de la delincuencia de Medellín.
Desde la campaña “Alonso Es” se encuentra trabajando junto a “Lonso” Salazar el señor Jefferson Miranda Bustamante, quien una vez posesionado el Patrullero, fue nombrado como Asesor del Alcalde en Asuntos Sociales.
Jefferson Miranda, quien tiene un amplio conocimiento de las estrategias propagandísticas: “Medellín más Segura, Junto sí Podemos” y “Jóvenes en Alto Riesgo”, que debería ser “Jóvenes de Alto Riesgo”, es hijo de un comerciante de la Central de Mercados La Mayorista, allegado al señor padre del alcalde.
Lo particular del señor Jefferson Miranda Bustamante es que al parecer tiene o tenía alguna presunta relación con la Banda de “Los Triana”, la misma que paralizó la zona nororiental hace algunos meses, y que al otrora petardo de Secretario de Gobierno Chucho Ramírez le pareció una simple actividad que integra la dinámica y cotidiana vida de esta urbe.
Argumenta además, la fuente que trabaja en el palacete de la democracia local “La Alpujarra”, que la hermanita de Jefferson; Naydú Yulieth Miranda Bustamante perteneció a “Los Triana” y la buena voluntad de su pariente, le otorgó una beca de $400.000 (cuatrocientos mil pesos) mensuales y su ingreso al programa “Jóvenes en Alto Riesgo” hoy “Fuerza Joven”.
Por su parte, la señora Viviana Ramírez, esposa de Jefferson Miranda Bustamante, asesor personal del alcalde, realiza el trabajo social con los potenciales delincuentes que integran “Fuerza Joven” y al novio de la Naydú, lo acomodaron haciendo trabajos de mantenimiento en el Rio Medellín. ¡Dicha ser alonsista!
LOS ENCUENTROS DE MELGUIZO
Cuestionado se encuentra un concejal de Medellín que integra la coalición mayoritaria que apoya las iniciativas del fajaralonsismo, por las repetidas y constantes reuniones a las que esta acudiendo el Secretario de Desarrollo Social, Jorge Humberto Melguizo Posada con integrantes de los Combos que operan en las distintas zonas de la ciudad.
Para nadie es un secreto que la administración de “Lonso” Salazar está desesperada por el alto número de muertes violentas en Medellín y por la incapacidad de las autoridades para mitigar tanto asesinato que a la fecha sobrepasan las 2.000 muertes violentas.
Por esta razón, a la Alcaldía de Medellín le tocó designar a Melguizo para que reiniciara los negocios clientelistas con los jefes e integrantes de combos armados, con el fin de disminuir tanta muerte.
El interrogante del concejal, se debe a la ilegalidad de los encuentros entre Melguizo y delincuentes debido a que no cuenta con el aval del gobierno nacional, quien autoriza esta clase de encuentros en favor de la paz.
¿PARA QUÉ SERÍA?
Entre los contradictores del tecno-gobierno-oenegero de “Lonso” Salazar se encuentra el Senador de la República por Cambio Radical e hijo menor del Faraón Vargas lleras, Jorge Enrique Vélez García.
Resulta que lo invitaron del piso 12 de la Alcaldía a tomar tinto. Nos contaron que el intermediario para esa vuelta fue Gabriel Posada, quien labora en la Empresa de Transporte Público Urbano, TransMedellín. ¿Para qué sería?...
POLÍTICA FUSIÓN
Haciendo proselitismo en la Calle 10 de El Poblado vimos al Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, Juan Camilo Restrepo Gómez.
De 30 años de edad y con un buen recorrido político, este joven abogado, empezó en los cuarteles de ese lapo de hombre, Sergio Fajardo Valderrama. De ahí brinco hacia las cenizas de la tolda de Sergio Gabriel Naranjo y finalmente puso el huevo en el Partido del Presidente Uribe en el matiz de Juan Manuel Santos, posible presidente de la República, si Uribe desiste, o la Corte no lo deja.
Juan Camilo Restrepo Gómez, es un joven político formado entre la nueva tendencia tecnopolítica de los ángeles que gobiernan desde la alcaldía y un par de vicios heredados de la ortodoxa clase política.
Lo vimos como Fajardo, entregando propaganda en los semáforos, abordando a los conductores de vehículos particulares, sonriendo, palmoteando la espalda y echando el cuento. Se mueve el muchacho. ¡Mucha suerte!
OTRO PARA EL SENADO
Obligatorio es leer la Columna de Juan Paz, el francotirador del Periódico El Mundo de Medellín. Les faltó este domingo un nombre entre la lista de los candidatos al Senado por el Partido Conservador en Antioquia. Oriundo de Jardín, el ingeniero Héctor Rendón, inició hace un par de meses a construir su proyecto político para competir por una curul azul en el congreso colombiano.
El candidato al Senado Héctor Rendón, tiene más de 10 años de experiencia académica y laboral en el exterior y más de 12 años de vida profesional en Colombia. Fue becado por mérito por el gobierno alemán para estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de las Ciencias Aplicadas de Hamburgo.
Igualmente tiene un segundo diploma en sistemas con especialidad en ingeniería de software de la Universidad de Hartfordshire de Inglaterra y un Master en Administración de Empresas de la Universidad Purdue de Estados Unidos.
Se ha desempeñado como Asesor del Ministro de Educación, Director de Sistemas de Bancafé, Director de Especialización en Informática Educativa en la Universidad Central, Director Nacional de Informática y Comunicaciones de la Universidad Nacional, Director de Tecnología del Politécnico GranColombiano. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes, de la Piloto y la Javeriana, entre otros cargos. Habla inglés y alemán. Más información: http://www.hectorrendon.com/
EL NEGRO CELIS
Con el apoyo irrestricto del cabildante y nuevo Vicepresidente Primero del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez Montoya, inició en la ciudad y en el departamento su campaña a la Cámara de Representantes por la tolda “Eulaliana”, Giovanni Celis, quien se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social de Medellín en el gobierno del Patrullero “Lonso” Salazar”.
El 14 de marzo, marque Alianza Social Indígena ASI 104, para que Celis lo represente, “por la equidad como motor del desarrollo sostenible” dice en su Facebook.
PENSIONES A CONGRESISTAS
Escribió el columnista Alberto José Holguín en el periódico El País de Cali el 28 de octubre de 2009.
"Al escribir estas líneas no pretendo frenar la iniciativa que ya cursó los dos debates en el Senado, porque no tiene objeto, ya que será aprobada me guste o no y le guste o no al resto de los colombianos. Simplemente quiero sentar mi voz de protesta y dejar constancia del absurdo abuso que los mal llamados “padres de la Patria” van a cometer.
"Al escribir estas líneas no pretendo frenar la iniciativa que ya cursó los dos debates en el Senado, porque no tiene objeto, ya que será aprobada me guste o no y le guste o no al resto de los colombianos. Simplemente quiero sentar mi voz de protesta y dejar constancia del absurdo abuso que los mal llamados “padres de la Patria” van a cometer.
Nuestro Congreso está totalmente desprestigiado, casi que repudiado por la ciudadanía, entre otras cosas por la triste verdad de que más de 70 de sus 268 miembros han sido o están siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia o se encuentran detenidos. Sin embargo, a los “honorables” parlamentarios Aurelio Iragorri, Eduardo Enríquez, Carlos Cárdenas y Carlos Ferro no les tembló la mano para proponer la modificación de la Ley Cuarta de 1992, con el objeto de aumentarse el valor de sus pensiones de jubilación, iniciativa que probablemente recibió el aplauso de sus colegas. Esta inaudita actitud puede calificarse como una afrenta oprobiosa, monstruosa y vituperable contra el pueblo colombiano en un momento tan difícil como el que se está viviendo, cuando hay necesidades apremiantes de toda índole que no se pueden financiar y cuando el desempleo llega al 11%, sin contar el subempleo, que hace la situación laboral aterradora.
Actualmente, nuestros senadores y representantes devengan al mes $5’088.646 como sueldo básico, $9’046.485 de gastos de representación, $5’496.999 de prima de vivienda y $1’413.508 de prima de salud. Las partidas anteriores suman $21’045.638 cada 30 días.
Mientras tanto, el salario mínimo legal, que en el 2008 era de $461.500, pasó a partir del 1 de enero del 2009 a $497.000, un incremento de sólo $35.500, pues se consideró “inflacionario y peligroso para la economía nacional” aumentarlo algo más o redondearlo siquiera a los $500.000 mensuales. No hay derecho.
Mientras tanto, el salario mínimo legal, que en el 2008 era de $461.500, pasó a partir del 1 de enero del 2009 a $497.000, un incremento de sólo $35.500, pues se consideró “inflacionario y peligroso para la economía nacional” aumentarlo algo más o redondearlo siquiera a los $500.000 mensuales. No hay derecho.
Pero no contentos con los millones que devengan, los parlamentarios pretenden ahora reformar la legislación pensional para ellos, sólo para ellos, de tal forma que su mesada futura por jubilación pase de $11 millones a $16 millones mensuales, lo que equivale a un incremento del 45%. Sabrosa vida.
Así es muy difícil alcanzar la paz. Mientras sigan presentándose estas desigualdades es utópico pretender que no haya violencia social. Y lo más triste es que los respetados congresistas siguen haciéndole el juego al ausentismo, a las cosas torcidas, a lo malévolo, sin pensar en lo que de verdad le puede convenir al país y a los 42 millones de colombianos que dicen representar.
Y sin más lamentaciones, porque se las lleva el viento, tocará esperar ahora a que la iniciativa termine su trámite y los “sufridos” parlamentarios agreguen otra conquista a su ya larga lista de prebendas".
jueves 10 de diciembre de 2009
¿DERECHOS HUMANOS,... DÓNDE?
No se le puede pedir peras al olmo. El informe anual sobre Derechos Humanos que presentó la Personería de Medellín para esta vigencia, ratifica la incapacidad del gobierno y en especial de la Administración del Alcalde “Lonso” Salazar para preservar el orden público en la ciudad.
La Personería de Medellín, analiza con preocupación el incremento de muertes violentas y además, la pobreza en que un millón trescientas mil personas viven y tiene que permanecer en el rebusque para no morir de hambre, eso sin contar las trescientas mil más que viven en la indigencia en la capital de la transparencia y de los demagógicos lemas “Del miedo a la Esperanza” y “Medellín Segura, Juntos Si Podemos”.
AUMENTAN HOMICIDIOS
La Personería de Medellín, analiza con preocupación el incremento de muertes violentas y además, la pobreza en que un millón trescientas mil personas viven y tiene que permanecer en el rebusque para no morir de hambre, eso sin contar las trescientas mil más que viven en la indigencia en la capital de la transparencia y de los demagógicos lemas “Del miedo a la Esperanza” y “Medellín Segura, Juntos Si Podemos”.
AUMENTAN HOMICIDIOS
De acuerdo con la Jefatura del Ministerio Público Local, desde el año anterior se viene presentando un incremento en las muertes violentas, lo que proyecta que al finalizar el 2009 se superen los 2000 homicidios.
Como lo habíamos explicado anteriormente, el incremento de los asesinatos en Medellín es el resultado de la reorganización de las bandas y combos, después de la extradición el 13 de mayo de 2008 de los 14 jefes de los paras entre ellos alias “Don Berna”, quien ordenó votar por el proyecto político “ALONSO ES”, de acuerdo con su propia declaración.
Los presuntos responsables de la violencia en Medellín son las decenas de grupos armados ilegales que operan en la ciudad. De acuerdo con la Personería, ni el DAS, ni la policía, ni la alcaldía, y menos los medios de comunicación saben a ciencia cierta cuantas bandas operan en Medellín.
Hasta el momento se habla que operan en el área metropolitana entre 150 y 300 bandas delincuenciales que agrupan a unos 3.600 gatilleros de todos los perfiles.
Y dice la Personería: “(…) Es evidente que en Medellín hay un serio problema de gobernabilidad, ocasionado por estos grupos armados que desafían el orden legal, y mediante la combinación de acciones delictivas y prácticas de sometimiento territorial y poblacional, instauran micro-órdenes paralelos que constituyen espacios de soberanías parciales e híbridas, generando en una buena parte de la ciudad un orden múltiple en el cual conviven legalidad e ilegalidad (…)”. ¿Cómo les parece? Ahora dirá nuestro burgomaestre local que la personería quiere desestabilizar el poder legitimo de las autoridades, ¡él es capaz!
Gran parte de estos grupos ilegales, dice el Ministerio Público, están ligados a las estructuras delincuenciales de la denominada Oficina de Envigado, la banda de los Paisas, el Grupo de alias “Comba” del cartel del Norte del Valle, el grupo de Urabá liderado por el hoy detenido Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, y el grupo de alias “Cuchillo” y Chepe Barrera de los Llanos Orientales.
La violencia tiene en graves problemas la estabilidad de las actividades académicas de varias Instituciones Educativas de la ciudad.
Pese a que el Secretario de Educación Municipal Felipe Andrés Gil Barrera, ordene a los profesores silenciarse frente a los problemas de orden público que compromete a los colegios de Medellín, como sucedió en la Institución Educativa de Pedregal, donde resultó un estudiante herido con bala, la realidad no se puede tapar con un dedo.
La personería argumenta que la comunidad de varias instituciones escolares son víctimas de las amenazas e intimidaciones, lo cual genera la deserción de estudiantes por la imposibilidad de acceder a las sedes por los controles ilegales o por el desplazamiento forzado de sus núcleos familiares. Igualmente, el traslado de docentes amenazados, la falta de garantías y el asesinato de algunos estudiantes adolescentes en las inmediaciones de los establecimientos educativos, impiden la normalidad académica.
Advierte la personería de Medellín, que orienta el jefe de jefes, Jairo Herrán Vargas que: “(…) Esta situación debilita una de las apuestas esenciales de las dos últimas administraciones municipales, (la de Fajarkamón y “Lonso” Salazar), encaminadas a hacer de la educación un instrumento de equidad, de lucha contra la pobreza y generación de alternativas legales a la oferta criminal que reciben cada día los jóvenes de la ciudad (…)”. En otras palabras, “Medellín, la Más Educada”, es otra falacia de estos nuevos acróbatas de la política.
MÁS POBREZA, INEQUIDAD Y EXCLUSIÓN
Según la Encuesta de Calidad de Vida del municipio de 2008, el 59% de los habitantes de Medellín, un millón 334 mil son pobres y el 17% de sus habitantes unas 368 mil personas viven en condiciones de indigencia.
Para completar un estudio realizado por la Corporación Región, integrada por los mismos oenegeros amigos de Fajardo y “Lonso”, señaló que el modelo económico y social aplicado en Medellín y en Colombia es regresivo e inequitativo. Entonces qué es lo que están haciendo estos reinventores de la ciudad? ¿O es culpa de Piedad o de Chaves?
Sobre la medida “toque de queda” dice la Personería: “(…) Aunque la Administración Municipal ha tratado de mantener el liderazgo sobre el qué hacer más adecuado y oportuno, esta acción hizo perder el norte y desafortunadamente se incurrió en conductas que colocan en entredicho los derechos humanos. El establecimiento del “toque de queda” para menores de edad en la ciudad, es un asunto en el cual más que una decisión autónoma de la Administración de desconocer derechos, lo que ha ocurrido es que priman las presiones que algunos sectores ejercen y se termina accediendo en asuntos que un gobierno democrático no debería admitir (…)”.
En otras palabras argumenta la Personería de Medellín, que la violencia en la ciudad durante este año, generó una enorme presión sobre la administración de la ciudad, expresada, en las actividades del Gobierno Nacional dirigidas a tomar el liderazgo e imponer su noción de seguridad a las autoridades locales, o en las iniciativas de la Policía Nacional por instaurar medidas que restringen libertades y derechos en aras de obtener resultados en materia de seguridad.
CLÍNICA DE LA MUJER
Un total desacierto fue la decisión que tomó la Alcaldía de Medellín en modificar el proyecto inicial de creación de la Clínica de la Mujer.
Dice la jefatura del Ministerio Público que la reorientación del proyecto Clínica de la Mujer, fue otra de las medidas inesperadas que se produjo a raíz de la presión ejercida por la Iglesia Católica y sectores afines a ella, debido a la proyectada atención integral a los problemas de la mujer, en la cual incluía la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), autorizada por la Corte Constitucional y reconocida como un derecho en la Sentencia C-355 de 2006. Como consecuencia de la crisis salieron del gabinete municipal las titulares de la Secretaría de la Mujer y de Salud.
El incumplimiento del mandatario es evidente. El proyecto Clínica de la Mujer, dice el organismo de control disciplinario, corresponde a una iniciativa planteada desde la campaña electoral del Alcalde “Lonso” Salazar, conforme a la solicitud que hizo el Movimiento Social de las Mujeres, fue incluida en el programa de gobierno y luego en el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal, con el fin de atender los problemas de salud de las mujeres, en especial en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la práctica de la IVE, fue eliminada de los servicios a prestarse en la Clínica de la Mujer y reasignada al Hospital General de Medellín.
La prohibición de la IVE puso nuevamente en la agenda pública un debate, que se creía superado, frente a la intromisión de la Iglesia en asuntos de Estado. La Constitución Política Nacional establece que el Estado Colombiano es un Estado Laico, terrenal o Civil, que respeta las expresiones religiosas sobre la base de que el derecho de cada persona a profesar las creencias que libremente adopte se encuentra por fuera de la órbita estatal y no puede ser convertido en un esfuerzo por reconstruir un Estado confesional, mucho menos sobre la base de confundir doctrinas con delitos.
DEFENSORES DERECHOS HUMANOS
La Personería de Medellín constató que durante este año, se presentaron serias dificultades para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos en un ambiente de seguridad y respeto por esta labor desde la sociedad civil y desde la institucionalidad pública.
Lastimosamente ha venido creciendo la hostilidad hacia los defensores de derechos humanos, a través de amenazas telefónicas, correos electrónicos, aparición de listas de presuntos objetivos militares, panfletos, declaraciones de funcionarios públicos tendiendo dudas sobre la actividad de defensa de los derechos humanos, a lo cual se ha añadido la resistencia por parte de la Administración local (la de “Lonso”) a expresar públicamente su respaldo a la labor de defensa de los derechos humanos que hacen organizaciones de la sociedad civil, quienes lo han solicitado debido al ambiente hostil en que trabajan.
Grave es conocer que en el primer semestre de este año se inició una investigación por la Fiscalía Seccional 74 destacada ante la Séptima División, en la cual con base en testimonios de informantes “fletados”, se vinculó a actividades ilícitas a varios defensores de derechos humanos y se ordenó investigar a reconocidas organizaciones no gubernamentales por ser presuntamente integrantes de la estructura de organizaciones insurgentes.
DERECHOS HUMANOS EN MEDELLÍN
Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 2009, según Medicina Legal, ocurrieron en la ciudad 1.717 homicidios de los cuales 1.615 son hombres y 102 mujeres, presentándose un incremento del 106,9% con respecto al mismo periodo del año 2008, cuando se reportaron 830 muertes violentas.
La tasa promedio a octubre de 2009 en la ciudad es de 74,1 homicidios por cada cien mil habitantes. El año 2009 es el año con más homicidios durante los últimos cinco años. Medellín presentó un descenso ininterrumpido desde el año 2002 cuando se produjeron 3.721 homicidios y una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 98,2, pero ésta tendencia bajó hasta el año 2007, cuando se presentaron 709 casos y comenzó de nuevo a presentarse un incremento de manera gradual y acelerado, llegando a incrementarse dicha cifra a la fecha en un 142,2%.
Las zonas de mayor violencia homicida son la nororiental, noroccidental y centro-occidental, destacándose también algunos corregimientos. La mayor cantidad de víctimas han sido hombres de estrato socioeconómico bajo y medio-bajo con un 84% y con edades oscilantes entre los 18 y los 35 años con un 68%. Las armas de fuego son los principales medios causales de los homicidios con el 84%. El uso de armas de alto calibre y de uso privativo de organismos del Estado, las masacres y los ataques indiscriminados fueron recurrentes y afectaron la vida e integridad de personas ajenas a los grupos en conflicto.
La percepción de seguridad en la ciudadanía disminuyó de manera dramática. Conforme al informe del mes de septiembre “Medellín Como Vamos”, se revela que la percepción de seguridad pasó de un poco más del 72% en el 2008, al 49% en el 2009.
ENTRE COMBOS
Por su parte, se han realizado dos acuerdos entre “combos”, facilitados por la Policía Comunitaria, con el acompañamiento de la Alcaldía y la Personería, los cuales han determinado de manera exclusiva sobre no agresión en las comunas 8 y 13.
Estos pactos, dice el ministerio, no han involucrado a las instituciones como parte de los mismos, y se han limitado al compromiso de evitar agresiones que comprometen el derecho a la vida entre grupos existentes en dichas comunas. Si bien, han tenido el efecto en la reducción de los homicidios en tales sectores, es necesario su desmonte así como la eliminación de las restantes actividades ilícitas que desarrollan.
PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN
PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN
En directa relación con el tema de los homicidios en la ciudad, se encuentra el proceso de Desarme, Desmovilización y Reincorporación que se realiza en la ciudad, en el cual la reincorporación se encuentra a cargo del Programa de Paz y Reconciliación, adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.
En seis años se han atendido 5.344 personas desmovilizadas tanto colectiva como individualmente. De la totalidad de reinsertados se encuentran activos 3.588 personas los cuales representan el 67%, el 18% que representan 942 personas están inactivos, se graduaron 129 que equivalen al 2%, fueron detenidos 275 que equivalen al 5%, y 374 han sido asesinados que equivalen al 7%. Los demás han renunciado o han sido expulsados.
La Personería manifestó su preocupación por el incremento de reinsertados detenidos por las autoridades y otros tantos asesinados. En lo que va corrido del año 2009, las muertes violentas han crecido respecto al total del año anterior en un 76%. Así mismo a noviembre de 2009 el número histórico de participantes del programa de reinserción que han sido detenidos asciende a 275.
AMENAZAS CONTRA LA VIDA
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la Secretaría de Educación Municipal por ejemplo, consultó la situación de 93 Instituciones Educativas, 44 de las cuales reportaron riesgos diversos para sus estudiantes.
Pese a la dificultad para determinar las amenazas se evidencia que en cerca de 54 casos existe un grado de amenazas ciertas y directas realizadas de manera precisa y con variadas modalidades.
DESAPARICIÓN FORZADA
A octubre 31 de este año se reportaron como desaparecidos un total de 602 personas en Medellín, aunque los hechos causantes no son todos del 2009. De ellos han aparecido vivas o muertas 148 personas, quedando un total de 454 personas que aún se encuentran en condición de desaparecidos.
La Personería, revisó 316 casos de estos que han sido judicializados y ha podido constatar que aunque se encuentran en la Fiscalía General de la Nación como presuntos casos de Desaparición Forzada, sólo en 24 de ellos existen méritos y hallazgos de sucesos violentos y violadores de derechos humanos que permiten inferir de forma razonada y razonable la existencia de esta conducta delictiva en la ciudad durante el 2009.
SECUESTRO
La Fiscalía General de la Nación conoció este año 38 casos de presunto secuestro extorsivo en el Valle de Aburrá, y sólo en seis de estos casos los hechos corresponden al 2009, y se encuentran distribuidos 3 en Medellín, 2 en Bello y uno en Caldas.
De los casos en Medellín es importante aclarar que no existen personas cautivas y que los hechos ocurrieron presuntamente en el sector de la Cuarta Brigada, en la Calle Colombia con la carrera 80 y en el barrio Boston.
Concluye la Personería de Medellín en su extenso informe sobre derechos humanos de este año que: “(…) Hoy se puede decir que las medidas del gobierno local han sido insuficientes para detener el ascenso del comportamiento homicida y los enfrentamientos entre grupos. Las disposiciones han buscado frenar el incremento de las muertes y neutralizar los grupos enfrentados, pero no han logrado menoscabar las principales actividades ilícitas, el control territorial de los grupos armados y su influencia en la esfera social, económica, política, e institucional que han conseguido a través de los últimos años (…)”.
Igualmente manifiesta que el Estado ha demostrado que aún no logra ser soberano en muchos de los barrios en donde actualmente se libra el conflicto, como tampoco ha conseguido detentar el monopolio de las armas. Dice que la iniciativa del gobierno local no ha sido suficiente para afrontar el problema y es el gobierno nacional, a través de los Consejos de seguridad y Consejos comunitarios, quien desde el mes de septiembre ha tomado el liderazgo en materia de orden público y en la coordinación de la oferta institucional por medio de los programas y planes dirigidos a las comunidades.
La intervención presidencial ha generado expectativas y esperanza en la población, pero hasta el momento no se advierte impacto importante generado por sus actividades en lo referente al control de la violencia, y en relación con las intervenciones sociales no se cuenta con un gran programa y recursos que permitan estremecer los factores que alimentan la violencia, como por ejemplo parar el flujo de preadolescentes y adolescentes hacia los grupos armados ilegales, quienes ven esta opción como verdadero proyecto de vida. ¿Qué más podemos decir?
martes 8 de diciembre de 2009
¿ESPERANZAS EN LA OLLA?
Por: Jorge Mejía Martínez
Jorge.mejia@une.net.co
Hace pocos días, la policía tuvo que sacar protegido a un congresista conservador de un barrio de la comuna nororiental de Medellín, preocupado por la animadversión que su presencia despertó en grupos de jóvenes delincuentes del sector. A otro congresista, lo atracaron con escolta y todo, mientras promovía la consulta liberal del 27 de septiembre, en un barrio limítrofe entre Medellín y Bello. Lo mismo le ocurrió a un reconocido aspirante al Congreso de la República, hace tres semanas, en un sector populoso de la ciudad. Como muchos, tomé la decisión de esconder el celular y no volverlo a cargar en la pretina del pantalón. El atraco callejero es una epidemia en la ciudad. Nadie se salva.
El homicidio no cede. Según la Revista Semana Medellín tuvo un incremento de 105,9% entre octubre de 2008 y octubre de 2009. La tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes se disparó a 88,8. La reacción del gobierno nacional fue enviar al Viceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, a desmentir la contundencia de las cifras. Contra toda evidencia, el funcionario intentó demostrar que en lugar de aumentar, los registros disminuyeron. El Personero de Medellín tuvo que salir a desmentir al Viceministro, dejando claras las incongruencias de su análisis, para ratificar que el promedio de homicidios por semana es de 40. Se volvió costumbre en Medellín intrigar ante Medicina Legal la realización de una necropsia de un ser querido, porque el anfiteatro no alcanza a dar abasto para recibir tanto muerto. Ese es un dolor adicional de los familiares de las víctimas del homicidio.
Todo se ha ensayado: toques de queda, prohibición del porte de armas, restricción a la circulación de motos y parrilleros, brigadas anti homicidio, recompensas, incremento del píe de fuerza, más centros de atención inmediata, más cámaras de vigilancia, marchas ciudadanas por la defensa de la vida, diagnósticos inobjetables desde las ONG’s, e incluso, remezones en la Secretaria de Gobierno Municipal. Todas, medidas bien intencionadas, pero impotentes ante la magnitud de las cifras y la dimensión de la sensación de inseguridad que invade toda la ciudad. El ambiente ha sido propicio para que algunos políticos traten de sacarle provecho a la incertidumbre, lanzándole dentelladas a la actual Alcaldía de Medellín, mientras desconocen que la angustia por la inseguridad no es exclusiva de la ciudad –ocurre en la mayoría de capitales del país- y le sacan el cuerpo a destacar la preponderancia que en el manejo del orden público y la seguridad ciudadana tiene el gobierno nacional.
En su afán de acertar, a las autoridades locales se les fue la mano en ingenuidad. El Alcalde, personalmente, se dio a la tarea de propiciar la desactivación de las bandas y combos dedicados a delinquir en Medellín. La Policía Comunitaria acolitó al mandatario local. A cambio de dinero y oportunidades de distinto tipo se buscó desmontar las organizaciones criminales que azotan la tranquilidad barrial, SIN EXIGIR LA ENTREGA DE UNA SOLA ARMA. Las negociaciones dieron resultados parciales y temporales, pero no definitivos. Recientemente, se conoció el abortamiento intempestivo de varias de esas transacciones entre las autoridades y los delincuentes barriales, al parecer, por la aparición también supuestamente intempestiva de los dueños de los resortes de la seguridad y la inseguridad de la ciudad y otras regiones: los cabecillas enfrentados de la llamada oficina de Envigado, que ordenaron la suspensión de cualquier intento concertador. Las autoridades creían ilusamente que las bandas y los combos no eran más que desarticuladas ruedas sueltas.
Para rematar, nuestro admirado General Oscar Naranjo, Comandante de la policía Nacional, nos acaba de desconcertar en la última revista Semana: “Pregunta: Medellín terminará el año con cerca de 2000 homicidios. ¿Quién está ocupando allí el lugar de “Don Berna? Respuesta: como no lo ocupa ningún “patrón”, hay una diáspora de delitos. A diferencia de los últimos 30 años, en Medellín no hay un capo que logre direccionar las actividades criminales y darse el lujo de decidir quién muere y quien vive.”
Si el jefe de la policía Nacional nos dice que la seguridad ciudadana depende de que la criminalidad resuelva sus cadenas de mando, las esperanzas están en la olla.
Jorge.mejia@une.net.co
Hace pocos días, la policía tuvo que sacar protegido a un congresista conservador de un barrio de la comuna nororiental de Medellín, preocupado por la animadversión que su presencia despertó en grupos de jóvenes delincuentes del sector. A otro congresista, lo atracaron con escolta y todo, mientras promovía la consulta liberal del 27 de septiembre, en un barrio limítrofe entre Medellín y Bello. Lo mismo le ocurrió a un reconocido aspirante al Congreso de la República, hace tres semanas, en un sector populoso de la ciudad. Como muchos, tomé la decisión de esconder el celular y no volverlo a cargar en la pretina del pantalón. El atraco callejero es una epidemia en la ciudad. Nadie se salva.
El homicidio no cede. Según la Revista Semana Medellín tuvo un incremento de 105,9% entre octubre de 2008 y octubre de 2009. La tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes se disparó a 88,8. La reacción del gobierno nacional fue enviar al Viceministro de Defensa, Alejandro Arbeláez, a desmentir la contundencia de las cifras. Contra toda evidencia, el funcionario intentó demostrar que en lugar de aumentar, los registros disminuyeron. El Personero de Medellín tuvo que salir a desmentir al Viceministro, dejando claras las incongruencias de su análisis, para ratificar que el promedio de homicidios por semana es de 40. Se volvió costumbre en Medellín intrigar ante Medicina Legal la realización de una necropsia de un ser querido, porque el anfiteatro no alcanza a dar abasto para recibir tanto muerto. Ese es un dolor adicional de los familiares de las víctimas del homicidio.
Todo se ha ensayado: toques de queda, prohibición del porte de armas, restricción a la circulación de motos y parrilleros, brigadas anti homicidio, recompensas, incremento del píe de fuerza, más centros de atención inmediata, más cámaras de vigilancia, marchas ciudadanas por la defensa de la vida, diagnósticos inobjetables desde las ONG’s, e incluso, remezones en la Secretaria de Gobierno Municipal. Todas, medidas bien intencionadas, pero impotentes ante la magnitud de las cifras y la dimensión de la sensación de inseguridad que invade toda la ciudad. El ambiente ha sido propicio para que algunos políticos traten de sacarle provecho a la incertidumbre, lanzándole dentelladas a la actual Alcaldía de Medellín, mientras desconocen que la angustia por la inseguridad no es exclusiva de la ciudad –ocurre en la mayoría de capitales del país- y le sacan el cuerpo a destacar la preponderancia que en el manejo del orden público y la seguridad ciudadana tiene el gobierno nacional.
En su afán de acertar, a las autoridades locales se les fue la mano en ingenuidad. El Alcalde, personalmente, se dio a la tarea de propiciar la desactivación de las bandas y combos dedicados a delinquir en Medellín. La Policía Comunitaria acolitó al mandatario local. A cambio de dinero y oportunidades de distinto tipo se buscó desmontar las organizaciones criminales que azotan la tranquilidad barrial, SIN EXIGIR LA ENTREGA DE UNA SOLA ARMA. Las negociaciones dieron resultados parciales y temporales, pero no definitivos. Recientemente, se conoció el abortamiento intempestivo de varias de esas transacciones entre las autoridades y los delincuentes barriales, al parecer, por la aparición también supuestamente intempestiva de los dueños de los resortes de la seguridad y la inseguridad de la ciudad y otras regiones: los cabecillas enfrentados de la llamada oficina de Envigado, que ordenaron la suspensión de cualquier intento concertador. Las autoridades creían ilusamente que las bandas y los combos no eran más que desarticuladas ruedas sueltas.
Para rematar, nuestro admirado General Oscar Naranjo, Comandante de la policía Nacional, nos acaba de desconcertar en la última revista Semana: “Pregunta: Medellín terminará el año con cerca de 2000 homicidios. ¿Quién está ocupando allí el lugar de “Don Berna? Respuesta: como no lo ocupa ningún “patrón”, hay una diáspora de delitos. A diferencia de los últimos 30 años, en Medellín no hay un capo que logre direccionar las actividades criminales y darse el lujo de decidir quién muere y quien vive.”
Si el jefe de la policía Nacional nos dice que la seguridad ciudadana depende de que la criminalidad resuelva sus cadenas de mando, las esperanzas están en la olla.
martes 1 de diciembre de 2009
TIRO AL BLANCO Nº 47
Con la asistencia del Patrullero Alcalde “Lonso” Salazar Jaramillo se clausuró el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín. “Todo excesivamente positivo”, fue el parte de los integrantes de la Mesa Directiva saliente que orientó Guerra Hoyos junto con las godas oficialistas Regina Zuluaga y María Mercedes Mateos.
LA PERORATA DE “LONSO”
Durante su discurso, el mandatario se refirió a diversos temas entre ellos la seguridad. Salazar justifica el incremento de las muertes violentas en la ciudad escudándose en los altos índices delincuenciales que hay en otras ciudades en el país y además, descarga la responsabilidad de manera directa a la escasa intervención por parte del gobierno nacional.
En la ciudad matan y siguen matando, pero la Alcaldía piensa que sólo son moscas las que caen al suelo, porque las continuas denuncias de la “oposición” se deben a simples y flojos intereses políticos. Insiste el burgomaestre, en seguir defendiendo la supuesta transformación de la ciudad, talón de Aquiles de los nuevos tecnopolíticos… poco convincente el pobre “Lonso", ni él se le cree.
NUEVA MESA
Igualmente se posesionó la Nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para el año 2010. Quedó integrada por John Jaime Moncada Ospina, Presidente integrante del Partido Conservador del matiz del gobernador; Luis Bernardo Vélez Montoya, Vicepresidente Primero de la ASI de Eulalia y el jaibaná de Fajarkamón; Ramón Emilio Acevedo Cardona, Vicepresidente Segundo del Partido de la U del matiz de Toño Yepes y Leticia Orrego López, Secretaria General también conservadora.
La Nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín, empezará a ejercer sus labores a partir del primero de enero del próximo año.
COMISIÓN DE LA VERDAD, PERO DE VERDAD
El senador Jorge Enrique Vélez, aseguró que está de acuerdo con la creación de una Comisión de la Verdad propuesta por el Alcalde de Medellín, pero insistió en la necesidad que sea él mismo, “Lonso” Salazar, quien inicie explicando a los ciudadanos sobre la presunta colaboración que recibió de alias “Don Berna” en su campaña electoral.
Vélez García, explicó que está convencido que es necesario conocer la verdad, para acabar con la zozobra que se está viviendo en Medellín debido a los enfrentamientos en las calles a plena luz del día, en los que se utilizan explosivos y armas de gran calibre como fusiles y ametralladoras.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESAPARICIÓN
Vélez García, explicó que está convencido que es necesario conocer la verdad, para acabar con la zozobra que se está viviendo en Medellín debido a los enfrentamientos en las calles a plena luz del día, en los que se utilizan explosivos y armas de gran calibre como fusiles y ametralladoras.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESAPARICIÓN
JORGE IGNACIO TORRES GALEANO
30 AÑOS
Desapareció el viernes 21 de agosto de 2009 en el barrio El Poblado. A las 9:30 de la mañana salió de su casa con rumbo a la Secretaría de Tránsito de Envigado a realizar diligencias propias de su actividad comercial.
Se tuvo conocimiento que durante el día estuvo cerca de la Terminal del Sur de Medellín.
OMAIRA ALEJANDRA PULGARIN ZULUAGA
12 AÑOS
Piel: morena, cabello negro largo a la cintura. Tenía uniforme del colegio Enrique Olaya Herrera a cuadros azules. Mide 1.52 cm. Vive en Manrique Oriental. ojos negros
Piel: morena, cabello negro largo a la cintura. Tenía uniforme del colegio Enrique Olaya Herrera a cuadros azules. Mide 1.52 cm. Vive en Manrique Oriental. ojos negros
Contactos
Personería de Medellín
Teléfonos 2121211 – 2121499 – 3006169979
Personería de Medellín
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