El empresario Mauricio Vélez Cadavid, todo un desconocido, empezó a tener exposición ante la opinión pública a comienzos del año 2017 cuando se conocieron varias demandas en su contra por los presuntos delitos de estafa y utilización de información privilegiada.
Vélez Cadavid, quien trabajó por varios años en el Grupo SURA, durante la hegemonía del recién renunciado y jubiladito Presidente David Bojanini, resultó involucrado en la estafa de más de 50 médicos especialistas propietarios y accionistas de la vieja Clínica Sagrado Corazón, ubicada en el barrio Buenos Aires de Medellín.
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Mauricio Vélez, después de ser expulsado de SURA EPS, se dedicó a través de sus empresas a la comercialización de medicamentos de alto costo, que, ahora, por supuestos manejos dudosos en reventas, sobrecostos, recobros al Estado de esos medicamentos se convierten en materia de investigación por parte de la Contraloría General de la República.
La entidad de control fiscal del país reveló uno de los carteles que trafica con medicamentos de alto costo en los que resultaron involucradas varias empresas reconocidas del sector de la salud.
El negocio, de acuerdo con la Contraloría General se realiza a través del tratamiento de enfermedades huérfanas que generalmente tienen causa desconocida y amenazan la vida.
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La fresa del postre, que aprovechan estos comerciantes es que los pacientes de esta clase de enfermedades requieren medicamentos de alto costo, que se convierten en el negocio “pulpito” puesto en bandeja de plata para las empresas proveedoras de “remedios”.
La Contraloría General de la República determinó que en el caso particular del tratamiento y medicación del SÍNDROME DE MORQUIO TIPO A se han presentado muchísimas irregularidades.
El Síndrome de Morquio es una enfermedad hereditaria del metabolismo en la que el cuerpo carece de una sustancia con la que se descomponen las moléculas de azúcar, hecho que genera un desarrollo anormal de huesos, incluyendo la columna vertebral, el tórax, las costillas y alguna clase de deformidad facial.
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Dice el ente del control que de acuerdo con la estadística mundial por cada 250 mil personas una podría padecer dicha enfermedad. A criterio del ente investigador, es absolutamente sospechoso que en Colombia se hayan presentado en el 2016, 27 casaos y en el 2017, 75 casos más.
Para tratar esta enfermedad, es necesario la ingesta de ELOSULFASA ALFA conocido comercialmente como VIMIZIM cuyo precio no está regulado en el mercado, detallito por el que la Contraloría inició un proceso de Responsabilidad Fiscal por posibles irregularidades en la distribución del medicamento, fabricado por el laboratorio Biomarin, en Estados Unidos con un único precio para los importadores de Colombia.
El frasquito de 5 ml tiene un valor de $2’592.217 (dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos diecisiete pesos), con un incremento del 516% en el valor recobrado, para un total de $49.000’000.000 (cuarenta y nueve mil millones de pesos) en 2017.
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Según la Contraloría en 2016, MEDICARTE adelantó 131 recobros y en el 2017, 429 más. AUDIFARMA, del año 2016 al 2017, pasó de 14 a 311 recobros, mientras la COOPERATIVA EPSIFARMA pasó de 8 a 82 recobros.
Las autoridades de control fiscal iniciaron, además, auditorias al Grupo OSPEDALE, que lidera negociaciones con aseguradoras para prestar el servicio de una red de Clínicas y Hospitales, que, de acuerdo con la Contraloría:
“(…) Está cartelizada en cuanto al portafolio de venta de productos y de servicios. (…) Su objeto social es la importación, distribución y entrega de medicamentos de alto costo para las IPS que conforman su propia red. (…) Esto permite la estructuración de actividades que contravienen la normatividad vigente como autoprescripción, automedicación, control de precios de transferencia y prácticas anticompetitivas desde su red de prestadores, aspecto que vulnera el mercado por conductas como demanda inducida, acuerdos de precio, constreñimiento médico y prácticas monopolísticas (…)”.
La Contraloría asegura, también, que hay una posible existencia de cartelización: “además de otras prácticas restrictivas del mercado, ejecutadas de manera sistemática, en cabeza de Mauricio Vélez Cadavid (accionista, directivo o miembro de junta), de un grupo de sociedades involucradas, entre ellas Nueva Clínica Sagrado Corazón, Clínica Antioquia, Inversiones Oportunas, Industrias Médicas Sampedro y Medicarte”.
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El tratamiento neto de un paciente en Colombia, según Biomarin, cuesta $1’200.000 (un millón doscientos mil pesos) al año, lo que, para la Contraloría, demuestra las ganancias que se obtienen al prescribir drogas a pacientes que no lo necesitan o a enfermos que no existen.
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