Uno de los mayores problemas que aqueja en este momento a la población colombiana es el de la salud. La mala atención, la escasez y demora en la entrega de medicamentos, el poco cubrimiento de enfermedades denominadas huérfanas y un sinnúmero de etcéteras son el pan diario de los colombianos.
En 1993, en el gobierno del presidente que le dio la bienvenida al futuro, el papá de Simoncito el congresista que firma leyes sin leer, el doctor Cesar Gaviria, e impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador al igual que hace 21 años, se debatió y aprobó la ley de reforma a la salud o Ley 100 que dio origen al colapsado modelo actual. El cambio fue completo: entre otros, se pasó de un sistema que cubría en términos de oferta a uno que lo hace en términos de demanda, de un derecho de obligatorio cubrimiento por parte del estado a un servicio ofrecido por particulares. Sus bondades debió haber tenido pero hoy son pocas en términos de calidad y cubrimiento universal como se consagró.
Los debates para mejorar el sistema de salud de los colombianos han abundado, desde el entierro completo de la Ley 100 hasta cambios estructurales en ella que mantengan su columna vertebral, pero que den seguridad de aplicación para beneficio de los “usuarios”. Se habla por ejemplo de reducir el “negocio” en términos de eliminar la intermediación prestadas por las hoy detestadas EPS, de ampliar el espectro del POS actualizándolo a las realidades de la población nacional y de generar un cambio que por fin haga realidad un deseo consagrado en la original ley, la universalidad. Pese al esfuerzo de unos y a la quejadera de los ciudadanos el Congreso de la República que entregó el pasado junio, no fue capaz de tomar decisiones en torno a la necesaria reforma, seguramente porque muchos de los más perjudicados en un eventual cambio, los mercaderes de la salud, serían los aportantes a las campañas para el parlamento entrante.
Paradójicamente, pues fue el impulsor, y por qué no decirlo gestor de la ley que nos tiene tan perjudicados en salud, el hoy entrante congresista Álvaro Uribe Vélez, impulsor de la Ley 50 de 1991 (que modificó el Código Sustantivo del Trabajo), ponente en 1993 de la ley 100, solicitó a la Secretaría General del Congreso le permitiera hacer parte de la Comisión Séptima constitucional que, “conoce de estatuto del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera administrativa, servicio civil, recreación, deporte, salud, organizaciones comunitarias, vivienda, economía solidaria; asuntos de la mujer y de la familia”.
El cálculo del expresidente Uribe es enorme. Conocedor de las dificultades que se le avecinan como minoría en el Senado de la República y de la mordaza de la que será víctima, pretende mantenerse vigente y resonar en los medios a partir de una política basada en el populismo. De hecho, durante la discusión del incremento al salario mínimo para 2014 el expresidente Uribe, uno de los mandatarios que más golpeó la clase trabajadora del país, propuso que dicho aumento debería ser del 10%, mostrando con eso su carta de navegación en la, en ese momento, eventual participación en el Congreso.
Para desgracia de los colombianos, el expresidente Uribe ha decidido hacer de la reforma a la salud, a la del régimen pensional y a todas aquellas que tengan que ver con el ámbito social, su caballito de batalla en el próximo cuatrienio, avecinándose con eso otra vez una sarta de reformas, propuestas o impulsadas por él que sólo golpearán a las clases media y baja del país.
