Por: @adolfospina
Artículo 258 (C.P.C). El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. (S.N)
“Viste Marce, les tocó obligar a votar, son unos sinvergüenzas. Qué indignación”. Fue el mensaje que por teléfono móvil le puse a mi gran amiga Marcela el viernes en la madrugada, cuando al prender el radio transmisor me di cuenta de que la iniciativa presentada por Horacio Serpa y Viviane Morales, del contradictorio partido liberal, y el camaleónico Roy Barrera (no sé de qué partido) para imponer el voto obligatorio, había sido acogida por la comisión primera del Senado en donde se daba el primer debate a la tan criticada reforma política llamada “equilibrio de poderes” y de la cual el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, “aseguró que casi 30 años después de la toma del Palacio de Justicia, el Congreso pretende que se repita la afrenta a la Rama Judicial que protagonizaron guerrilleros y militares, con “una reforma que desequilibra las ramas del Poder Público”.
Con Marcela le habíamos dado muchas vueltas al asunto del abstencionismo: que para qué; que si no es mejor el voto en blanco; que en nada afecta la abstención… llegando a la conclusión de que abstenerse de votar es mostrar la inconformidad con el sistema o con el proceso o con los dos, y que esto debería tener repercusiones de legitimidad o no en los elegidos. De hecho, la Corte Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia (sentencia C-224 de 2004 MP. Rodrigo Escobar Gil) que la abstención tiene relevancia jurídica “se aprecia en la posibilidad que se otorga a los ciudadanos de no votar el mecanismo de participación puesto a su consideración, a la manera de una estrategia política de oposición, cuyo propósito y finalidad es impedir que se llegue al umbral que la propia Constitución Política o la Ley Estatutaria imponen para alcanzar la validez del evento de participación”.
La obligatoriedad del voto es un acto completamente contradictorio con uno de los principios básicos de la democracia: La libertad. Modificar la Constitución Política de Colombia para obligar a que los ciudadanos, so pena de castigo (como funciona la ley en este país), ejerzan el “deber” del voto no es más que una sinvergüencería de algunos congresistas y políticos en general que ven como su legitimidad, su credibilidad y convocatoria día a día son más diezmadas.
No es claro cómo obligar a votar puede en un momento determinado ayudar a ponerle alto a la corrupción del sistema electoral colombiano. Si ese fuera el real objetivo de tal reforma, debería buscarse dar dientes al sistema judicial y al mismo legislativo para castigar a los individuos que compran votos, que todos sabemos quiénes son, dónde y cómo lo hacen y a los que nunca les pasa nada diferente que esperar a las próximas elecciones para activar su maquinaria politiquera.
Pero lo peor no es eso. Lo más indignante de las razones que apoyan la reforma al artículo 258 de la CPC radica en hacernos creer que obligando a los colombianos a votar estaremos fortaleciendo el sistema de gobierno que impera en Colombia. Verdad a medias, los países donde más se vota no tienen un sistema democrático más fuerte, por ejemplo en Cuba y Venezuela, la participación electoral supera el 90 y 80% respectivamente y dicen los guardianes de la democracia (incluyendo Senadores colombianos) que en esos países no existe.
Pareciera que detrás de ese argumento lo que se deja entrever es una maquiavélica condición conceptual de muchos de los dirigentes colombianos, pues para ellos la democracia consiste en que los elijan, y por bastantes votos, sin importarles los verdaderos cimientos de ese sistema político tan incipiente en Colombia.
Con este tipo de propuestas han mostrado su incapacidad de convencer desde lo ideológico, lo político, lo programático y el resultado poco productivo de los inanes incentivos ofrecidos a los votantes como el derecho a media jornada laboral, los descuentos en los costos de las matrículas en las universidades públicas entre otros, así mismo demuestran su falta de interés en motivar a los votantes a ejercer ese derecho sin más obstáculos que la convicción personal.
Tampoco es exactamente real que obligar a los ciudadanos a votar aumente el conocimiento del sistema, (quieren mostrar la intención pedagógica de la reforma). Chile, país del que hemos copiado absolutamente todo, gran parte del modelo económico y educativo colombiano están basados y estructurados a partir de los de ese país, hizo la reforma de manera inversa: pasó del voto obligatorio al voluntario, mostrando como resultado una ostensible baja en el porcentaje de votantes lo que desvirtúa otra falsa realidad.
Qué tristeza que los dirigentes colombianos endeudados históricamente con el país sólo piensen en mantener la barca en el mismo remolino en el que por más de doscientos años la han tenido, incluso que pretendan modificar de manera auto conveniente la carta de navegación para evitarnos salir de allí.
