La mala administración y falta de previsión en la ejecución de obras de infraestructura también integran la bajara de desaciertos de la directora de Comfama, María Inés Restrepo de Arango.
En el año 2010 se aumentaron los problemas por el exceso de pantano en los lagos del Parque Recreativo de Rionegro. La acumulación de lodo genera inconvenientes en la bocatoma de los lagos del parque que se abastecen del agua de la quebrada San Antonio de Pereira. Además, el pantanero ocasiona un grave impacto ambiental y estético debido a que los lagos en vez de agua están llenos de sedimentación.
A raíz de los problemas, la dirección contrató la construcción de un desarenador a la firma VILLEGAS Y RAMÍREZ SAS con Nit: 900387975. En otras palabras, se contrató la construcción de un tanque ubicado en la bocatoma de los lagos para que de manera natural acumule el lodo que arrastra la corriente de la quebrada, especialmente en temporada de invierno. Ese tanque debió hacerse de manera técnica para que funcione perfectamente, debe estar dotado con bombas especiales con el fin de que se puedan evacuar la arena y el lodo que se depositan.
Comfama invirtió en ese proyecto $450’000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) en el año 2012 para solucionar el problemita, pero según estudio de la Universidad Nacional, el constructor de la obra no lo supo ejecutar. Total, se perdió la inversión, el tiempo y las buenas intenciones, debido a que con el primer aguacero el pantano voló hasta a la Dirección de la Caja. Ver estudio
Lo preocupante para Comfama, es que no aparecen los responsables de la ejecución de la obra, y peor aún, las directivas no han sabido manejar la situación, si se tiene en cuenta que se perdió la documentación relacionada con la investigación para justificar ante los organismos competentes los responsables del fracaso del proyecto.
En la grabación, se escucha al Jefe de Control-Gestión de Comfama, Fernando Yepes Barrera y algunos de los auditores, mientras Yepes tiene una comunicación telefónica con los demás involucrados en la pérdida de los documentos que exige la directora María Inés Restrepo para remitirlos a la Contraloría General de la República, ente que tiene como responsabilidad auditar las Cajas de Compensación Familiar del país.
