El escándalo con el que despertó el 2017 en Colombia, debido a los sobornos pagados por la empresa Odebrecht a altos funcionarios del país para ser merecedores de jugosos contratos con el Estado, no deja de ser uno más de los muchos que se han convertido en nuestro pan diario.
En declaraciones dadas en un tribunal estadounidense el representante legal de la firma de ingeniería más grande de América Latina, reconoció que su empresa había pagado sobornos en muchos países, entre los que, por supuesto, no podría faltar Colombia.
Sin embargo, nada nuevo es el hecho. Colombia ha visto cómo sus recursos naturales y su fisco son saqueados día a día por inescrupulosos que han hecho del país su caja menor, y cómo empresarios aprovechan la canallada de estos para apropiarse de la porción más grande de la nación.
Además, tanto privados como públicos se aprovechan de la amnesia colectiva que sufrimos y por la cual hechos tan o más graves se convierten en el producto de nuestra fantasía: a finales del año anterior conocimos del descalabro de Reficar, un proyecto que tuvo sobrecostos por más de 5.000 millones de dólares. Parece que también es parte de nuestra imaginación el túnel de la línea, que hace un año requería una adición de más de 400.000 millones de pesos y que hoy ha generado, sospechosamente, la cancelación del contrato con el anterior contratista y una nueva licitación que inicialmente tienen un valor de 238.000 millones de pesos.
Parecieran ya historias consignadas en nuestro fabulario el caso del exministro de Uribe, Fernando Londoño e Invercolsa, el caso de Dragacol y el de TermoRío, este último que en solo abogados ha costado más de 3.000 millones de pesos.
A nivel local no salimos bien librados, sólo en el último año, el actual alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, denunció los sobre costos de obras como Parques del río y el Tranvía de Ayacucho y, quizás una de las más descaradas, durante la alcaldía de Fajardo, la biblioteca España, cuyos arreglos hoy valen la módica suma de 15.000 millones de pesos.
No podríamos esperar que el ruido del despertador de este año fuera diferente, con lo que probablemente nadie contaba es con el “transparente” tridente con el que se pretende atacar este problema sumido en lo más profundo de nuestro ADN.
Por la línea izquierda el contralor Edgardo Maya, quien “casualmente” a sus recién cumplidos 65 años, se vio beneficiado por la ley que aplaza la edad de retiro forzoso de los empleados públicos de los 65 a los 70, ley que en varios períodos había quedado en el tintero de los parlamentarios.
Por el otro lado, como la más grande estrella de la terna atacante, el fiscal Néstor Humberto Martínez, un hombre que con su prestigioso bufete de abogados ha defendido los intereses de grandes empresas nacionales e internacionales, es decir de los que pagan los sobornos.
Realmente no se sabe quién puede ser más “punzante” a la hora de atacar la corrupción, Fernando Carrillo el deslumbrante sucesor de monseñor Ordoñez en la procuraduría, hombre de la entrañas de Santos, se vio envuelto en escándalos con el narcotráfico, de hecho fue acusado durante su estadía en el ministerio de justicia en la presidencia de Gaviria, de estar involucrado en la fuga de Pablo Escobar de la Catedral, cárcel donde se encontraba recluido el capo.
Sería bueno recordar que los actuales contralor y procurador ya hicieron de las suyas. En 1991 Carrillo fue sancionado por la procuraduría del momento, sanción que como consecuencia directa le traería la imposibilidad de ejercer altos cargos en el Estado (como el de procurador) y sanción que casualmente, levantó el hoy contralor Edgardo Maya, cuando ejercía el cargo de procurador. Esperemos que como es costumbre en nuestro país el remedio no sea peor que la enfermedad.
