La relación entre la violencia política y la retórica del odio en Colombia es objeto de una fuerte disputa narrativa. Mientras los críticos de Petro sostienen que su lenguaje alimenta la polarización y la violencia, Petro defiende su derecho a la crítica, llama a erradicar el odio, pero sin autocrítica sobre el impacto de sus palabras.
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Las declaraciones del gobierno de Gustavo Petro tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay generaron un intenso debate político.
Las autoridades, manejan varias hipótesis sobre los móviles del atentado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que se consideran tres hipótesis:
- Un ataque contra Uribe Turbay.
- Un atentado contra Centro Democrático.
- Una acción orientada a desestabilizar al gobierno afectando a miembros de la oposición.
Sin embargo, Petro decidió al sugerir que el ataque podría estar relacionado con un intento de desestabilizar su administración progresista.
Acaban de amenazar a través del sistema de bodegas a un propietario de robots en redes, de amenazar a todos los hijos de mi gabinete, incluida mi hija Antonella.
Este hecho refuerza la hipótesis que el autor del intento de asesinato es un enemigo del gobierno
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2025
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Petro ha argumentado en repetidas ocasiones que existen sectores opositores que buscan debilitar su mandato a través de diferentes mecanismos, incluyendo la violencia política, campañas de desprestigio, lo que denomina como “ruptura institucional”.
Gustavo señaló que cuando un atentado logra vulnerar la seguridad de una figura protegida, existe una falla grave en los protocolos de seguridad, lo que podría ser aprovechado por quienes buscan sembrar caos y desconfianza en las instituciones.
Este discurso de Petro se enmarca en una narrativa que ha sostenido desde su llegada al poder, en la que denuncia supuestas conspiraciones y complots para sacarlo del gobierno, mediante acciones judiciales, presión mediática o violencia política.
Petro también ha comparado la situación actual con episodios históricos de desestabilización en América Latina, como el golpe de Estado en Chile en el 73, además que ha advertido que la oposición podría estar utilizando tácticas similares para minar la legitimidad de su administración.
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La reacción del presidente también se explica por la coyuntura política previa al atentado. Hace un par de días, Petro había tensado más el ambiente al exigirle a su gabinete la firma obligatoria del polémico “decretazo” para convocar a la “consulta popular”, lo que fue interpretado por muchos como un insulto a las instituciones, y, por sus aliados, como una defensa de su proyecto político.
El atentado contra Uribe Turbay se presenta, entonces, en medio de un clima de alta confrontación, en que cualquier acto de violencia adquiere una dimensión simbólica y política que trasciende el hecho en sí.
Petro, vincula el atentado a una estrategia de desestabilización porque encaja en su visión para argumentar que existen fuerzas internas y externas interesadas en frenar el avance de su gobierno progresista, percepción que la alimenta no sólo de la historia reciente de Colombia sino también de las experiencias similares en otros países de la región, que con retórica polarizada perpetua la tensión institucional que ha caracterizado su mandato.
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Gustavo Petro ha vinculado la violencia política en Colombia con la retórica del odio, por lo que, tras el atentado contra Uribe Turbay, el debate público se encendió sobre el papel que juega el lenguaje político incendiario en la escalada de la violencia.
Los opositores acusan a Petro de radicalizar el discurso nacional al usar calificativos como “esclavistas” y “nazis” para referirse a quienes no comparten su visión, lo que fomenta un ambiente de estigmatización y odio que puede traducirse en violencia física.
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La retórica de Petro ha sido señalada por analistas, partidos políticos y figuras públicas como confrontacional y divisiva en momentos clave para la realización o no de la consulta popular, además de la defensa de sus reformas.
En discursos, el presidente ha acusado a congresistas opositores de tener sangre en las manos o de ser responsables indirectos de asesinatos, lo que ha sido interpretado como una presión indebida y una amenaza al orden democrático, además, que utiliza términos peyorativos contra instituciones, medios, gremios y empresas que se oponen a sus políticas.
La Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch, han advertido que este tipo de lenguaje no sólo polariza, sino que puede destruir el tejido democrático al legitimar la exclusión y el hostigamiento del adversario político.
En Colombia, donde la violencia política ha dejado cientos de miles de víctimas, existe un consenso sobre el riesgo de que la retórica del odio desde las altas esferas del poder termine incitando a la acción violenta en la base social.
Sin embargo, Petro y sus muchachos rechazan categóricamente estas acusaciones y sostienen que la violencia política es un fenómeno estructural que trasciende cualquier gobierno.
En sus intervenciones públicas, Petro ha llamado a superar el odio político y ha denunciado el uso oportunista del dolor ajeno por parte de la oposición, pero rara vez reconoce que su propio discurso pueda tener efectos nocivos en el clima social y político del país.
La relación entre la violencia política y la retórica del odio en Colombia es objeto de una fuerte disputa narrativa. Mientras los críticos de Petro sostienen que su lenguaje confrontacional alimenta la polarización y la violencia, el presidente defiende su derecho a la crítica y llama a erradicar el odio, pero sin autocrítica sobre el impacto de sus palabras.
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