Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia que había negado la legalidad de las interceptaciones telefónicas dentro de la investigación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presuntas irregularidades en contratos celebrados durante su gestión como alcalde de Rionegro.
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Con ponencia de la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma, la corporación concluyó que las órdenes de interceptación dictadas los días 14 y 27 de mayo pasado fueron necesarias, útiles y proporcionales para el avance de la indagación.
El proceso judicial gira en torno a la contratación directa de la Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESO, para la construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro, entre 2016 y 2019.
Según la denuncia presentada por la Veeduría Ciudadana, la empresa carecía de experiencia y capacidad técnica, lo que derivó en subcontrataciones irregulares y un presunto detrimento patrimonial para el municipio.
Entre los investigados figuran exfuncionarios y contratistas de la administración de Rendón.
En primera instancia, una magistrada de control de garantías había negado la legalidad de las interceptaciones, argumentando que los motivos expuestos por la Fiscalía eran genéricos y que podían existir mecanismos menos invasivos para recabar pruebas.
Sin embargo, el Tribunal en segunda instancia determinó que la Fiscalía sí sustentó de manera suficiente la necesidad de la medida, al evidenciar conversaciones de los interceptados relacionadas con las obras cuestionadas y el papel de funcionarios cercanos al actual gobernador.
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El fallo resalta que las interceptaciones se ajustaron a los plazos legales, respetaron la cadena de custodia y cumplieron con los requisitos constitucionales y procesales.
La Sala precisó que la intromisión en el derecho a la intimidad estaba debidamente justificada por el interés general en la lucha contra la corrupción, reiterando que este tipo de medidas son excepcionales, pero válidas cuando se fundamentan en motivos concretos y verificables.
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Aunque el Tribunal impartió legalidad a las órdenes de interceptación y a los resultados obtenidos, también dispuso su cancelación debido a que la Fiscalía ya recibió los informes definitivos de las diligencias.
En consecuencia, las grabaciones obtenidas podrán ser utilizadas dentro del proceso como material probatorio en la investigación que se adelanta contra Rendón Cardona, aforado constitucional en su condición de gobernador.
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Este nuevo revés judicial complica aún más la situación política y jurídica del mandatario seccional, quien enfrenta cuestionamientos sobre su pasado en la administración de Rionegro y ahora deberá responder ante la justicia por presuntas irregularidades en contratos que hoy, casi una década después, siguen siendo objeto de investigación.
El caso se convierte en un capítulo clave de la discusión nacional sobre corrupción en la contratación pública y el alcance de las medidas de investigación.
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