El exministro de Hacienda y aspirante a la Presidencia, Mauricio Cárdenas, publicó un video en el que ofrecía vivienda a quienes se inscribieran en “Mi Casa Ya”. La propuesta, que buscaba posicionar su programa encaja en el delito de corrupción de sufragante contemplado en el Código Penal.
Lea: ENCUESTAS EQUIVOCADAS, FAVORABILIDAD DE PETRO ES DEL 11 NO 35%
El exministro y aspirante presidencial, Mauricio Cárdenas, se equivocó con una de sus más recientes propuestas de campaña.
En un intento por ganar respaldo entre los sectores más vulnerables, publicó un video en sus redes sociales en el que prometía que las primeras 400 mil personas que se inscribieran en micasaya2.com serían “prioridad” en su programa de vivienda cuando llegara a la Presidencia.
El anuncio, sin embargo, no tardó en levantar críticas y advertencias legales.
La grabación, que duraba poco más de un minuto, mostraba al economista invitando a los colombianos que ganaran un salario mínimo o menos a registrarse en la plataforma.
“Los primeros 400 mil inscritos que cumplan con los requisitos serán la prioridad de este programa cuando yo sea presidente. Cuenten con mi compromiso”, afirmó Cárdenas, acompañado de una bandera de Colombia al fondo en el video que fue eliminado horas después.
Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp Channel
El exdirector de la DIAN y también aspirante presidencial, Luis Carlos Reyes, reaccionó señalando que la propuesta de Cárdenas podría constituir un delito electoral.
Reyes posteo:
“Según el Artículo 390 del Código Penal, ofrecer beneficios particulares con el propósito de sufragar por un candidato puede ser delito. Revisé las implicaciones para el ofrecimiento de priorizar vivienda de interés social a quienes se inscriban en su página de campaña”.
El artículo 390 del Código Penal es claro:
“(…) El que prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano con el propósito de sufragar por un determinado candidato incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.
La norma también castiga al sufragante que acepte la promesa o beneficio y agrava la pena cuando la conducta proviene de un servidor público o se utilizan recursos del Estado.
Aunque el mensaje de Cárdenas no menciona explícitamente el voto, la promesa está ligada a su aspiración presidencial, lo que podría interpretarse como una oferta condicionada a una expectativa electoral.
El sólo hecho de ofrecer un beneficio concreto durante una campaña, dirigido a un grupo de potenciales votantes, es suficiente para encender las alarmas sobre un posible acto de corrupción al sufragante.
Lo cierto es que el hecho dejó al exministro Cárdenas en una posición incómoda justo cuando buscaba reposicionarse como un candidato técnico, serio y moderado debido a que su desespero por conectar con las clases populares terminó en un bumerán legal y reputacional.
Más allá de si prospera o no una investigación penal, el daño político ya está hecho. En la carrera presidencial, una promesa mal calculada puede costar mucho más que una simple rectificación.
Visítanos en nuestras Redes Sociales
