La ley 1821 del 30 de diciembre de 2016, decretó en su Artículo 1° que la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Aunque la promulgación de la nueva norma tiene un nombre y un apellido específicos a quien fue dirigida, en general todas las personas que desempeñen cargos públicos se verán afectados por la misma.
En esencia inocente y con destinación específica, la 1821 se consolida como una trampa mortal para un sector muy específico de empleados públicos: los docentes. Una vez conocida la nueva norma, los abogados, que han hecho de las reclamaciones del magisterio su nicho predilecto, empezaron a emitir conceptos (leguleyadas), sobre las repercusiones de la ley en la jubilación de los profesores colombianos, todos ellos con un eco común, la posibilidad de trabajar en las aulas de clase hasta los 70 años.
El asunto no es nuevo, desde hace ya bastante tiempo se viene hablando de lo oneroso del régimen especial del magisterio y la necesidad de su desmonte. Régimen especial que dicho sea de paso, viene sufriendo un deterioro paulatino, materializado en el cambio de estatuto docente del 2277 de 1979 al desconsolador 1278, que dejó como única condición especial la edad de jubilación (a diferencia de la ley 100, los maestros colombianos, regidos por el 1278 se jubilan, hombres y mujeres a los 57 años) para quienes ejerzan la carrera docente.
Casi de inmediato los maestros cayeron en la trampa, muchos piensan ya en la proyección de su carrera hasta esa edad, con lo doloroso que eso puede significar para el aporreado gremio y para la agonizante institución escolar que verá cómo muchos docentes, ejerciendo el derecho que la nueva ley les proporciona, terminarán su vida en aulas y corredores escolares.
Preocupante para el gremio magisterial, que se ha caracterizado por tener la organización sindical más fuerte de Colombia que no haya habido ningún pronunciamiento en contra de esta trampa que evidentemente busca acabar por completo el régimen especial.
Esa no es la única preocupación, ningún estamento público o privado se ha manifestado en contra de una medida tan absurda como ésta. Los defensores de los niños, que en los paros de los docentes claman porque se haga cumplir el derecho a la educación de los menores, que pusieron en la picota pública a la entonces ministra de educación Gina Parody, por una tal “ideología de Género” en las cartillas de educación sexual de ese ministerio, no han pronunciado ni una sola palabra respecto a la posibilidad de que un profesor de edad avanzada esté en un aula de clase con 35 niños de transición.
La ley 1821 es una serpiente de dos cabezas, con una pretende perpetuar en el gobierno y en la cortes a los mismos de siempre, con la otra, de fauces más voraces, busca darle la estocada final al ya agónico régimen especial del magisterio.
