Bandidos de alta peligrosidad. Si se los encuentra, ni los mire, pueden agredirlo, por el contrario, corra lo más que pueda y no dude en llamar a las autoridades.
Lea: JAIME CANO IRÍA A LA CÁMARA
Continúa el revuelo por la judicialización de 11 campesinos del municipio de Jericó en la Provincia de Cartama, suroeste de Antioquia, quienes enfrentan cargos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales por haber participado en la protesta que incluyó el desmonte de varias plataformas mineras instaladas sin socialización previa en predios rurales.
A continuación, las fotografías de algunos de los bandidos de alta peligrosidad. Si se los encuentra, ni los mire, pueden agredirlo, por el contrario, corra lo más que pueda y no dude en llamar a las autoridades. Su delito fue proteger el agua y los recursos naturales de una de las mineras más grande del mundo…
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Desde hace más de 15 años, los campesinos de Jericó han liderado resistencia pacífica contra el proyecto minero Quebradona, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti.
Frente a esas protestas, muchos se han hecho los de la oreja sorda, los medios de comunicación regionales y nacionales, además de los gobiernos local, departamental. Los políticos, sagrado rostro, los de derecha no se asoman y los de izquierda sirven pa’ mugre…
Su principal preocupación, la de los forajidos, ha sido la defensa del agua y la protección del territorio agrícola, porque temen que la minería ponga en riesgo los nacimientos de agua que abastecen no sólo a Jericó sino también a municipios vecinos como Támesis y a dos montañas más Jardín, donde los exploradores y explotadores también se han querido meter.
La oposición a las intenciones de la AngloGold Ashanti, ha generado movilizaciones, cartas firmadas por habitantes y acciones legales para impedir el avance de la minería en la región.
Según estos muchachos de avanzada edad y defensores del agua, la infraestructura de la multinacional se habría instalado de manera clandestina en zonas cercanas a humedales vitales para el suministro de agua, lo que motivó la intervención de la comunidad.
Por ese hecho, la Fiscalía solicitó prisión domiciliaria para los acusados, luego de que la AngloGold Ashanti presentara denuncias contra decenas de campesinos y líderes sociales, argumentando daños y delitos durante las protestas.
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Los habitantes de Jericó sostienen que nunca fueron informados adecuadamente sobre las actividades mineras y que la empresa incumplió los compromisos de socialización con la comunidad.
Defensores de derechos humanos denunciaron la criminalización de la protesta al considerar que los campesinos sólo ejercían el legítimo derecho a defender el agua y el territorio frente a un proyecto que consideran lesivo para el ecosistema de la subregión.
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