exfuncionaria del Min Hacienda declarará hoy ante la Corte Suprema, profundizaría en cómo varios congresistas habrían negociado jugosos contratos a cambio de votos. El testimonio de Alejandra Benavides, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad del Riesgo, tiene a la justicia respirándole en la nuca a varios senadores y representantes del congreso colombiano.
Este lunes 4 de agosto María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, comparecerá ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para continuar revelando las pruebas que involucran a varios congresistas señalados de estar comprometidos en el escándalo de corrupción de la Unidad del Riesgo.
Tras haber firmado un “principio de oportunidad” con la Fiscalía, que le garantiza inmunidad a cambio de colaboración, Benavides brindará dos testimonios formales que podrían comprometer seriamente a un grupo de legisladores, entre ellos un senador y al menos cinco representantes a la Cámara.
Las investigaciones han destapado un esquema de contratos por votos que operaba a finales de 2023, en el que ciertos políticos habrían exigido partidas presupuestales a cambio de apoyar las iniciativas del Gobierno.
Documentos del caso revelan que seis congresistas presionaron para obtener contratos por alrededor de $92.000 millones de pesos en proyectos localizados en Córdoba, Arauca y Bolívar.
Esos contratos, justificados como obras para atender emergencias por la ola invernal en municipios como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, habrían sido usados como moneda de cambio para lograr que los parlamentarios aprobaran créditos públicos solicitados por el Ejecutivo.
La Fiscalía señala que los fondos finalmente no se desembolsaron porque el escándalo estalló a tiempo, truncando el acuerdo ilícito, pero la intención corrupta quedó al descubierto.
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En diciembre de 2023, varios congresistas condicionaron su voto en la Comisión de Crédito hasta no ver asegurados sus intereses.
En un intercambio revelador, el representante Wadith Manzur, Conservador de Córdoba, le comunicó a Benavides que su enlace local en Cotorra no lograba respuesta de la UNGRD, insinuando que él y otros legisladores no asistirían a la votación de un crédito pendiente si sus proyectos no eran atendidos.
De igual manera, la entonces representante Karen Manrique de Pacto Histórico expresó inquietud por una obra en Arauca que no avanzaba, advirtiendo con ausentarse de la sesión parlamentaria.
Estas maniobras, ahora documentadas, evidencian cómo se habrían negociado apoyos legislativos a cambio de contratos, pervirtiendo el normal curso de las decisiones financieras de la Nación.
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Las revelaciones de Benavides también salpican a altos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Un capítulo de la investigación involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a quien el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, acusa de ordenar la repartición de contratos para congraciarse con congresistas.
Según Olmedo López, Velasco instruyó dirigir un contrato de aproximadamente $35.000 millones hacia el senador Julio Elías Chagüí del Partido de la U a cambio de su respaldo en la reforma a la salud.
En paralelo, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, jefe directo de Benavides, habría autorizado a su entonces asesora a gestionar la adjudicación irregular de contratos, que en total superaban los $90.000 millones comprometidos en la trama.
También se alega que Bonilla dio luz verde a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad para direccionar convenios a políticos aliados.
Tanto Velasco como Bonilla han negado las acusaciones, no obstante, la Fiscalía avanza en procesos penales en su contra, mientras Benavides aportará información que podría fortalecer esas imputaciones.
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Gracias a la cooperación de Benavides, la Corte Suprema pudo abrir expediente contra siete congresistas aforados involucrados en estos hechos.
La exasesora, que aceptó cargos por interés indebido en la celebración de contratos, no pagará cárcel si cumple con contar la verdad.
El magistrado investigador Misael Rodríguez propuso dictarles medida de aseguramiento en prisión a los congresistas, pero la Corte decidió dejarlos en libertad mientras avanza el proceso.
Esto significa que, por ahora, los congresistas continúan en sus curules, pero con la justicia respirándoles en la nuca.
Si las acusaciones de Benavides se corroboran, podrían enfrentar cargos por delitos como cohecho, concusión y tráfico de influencias, arriesgando su carrera política e incluso la pérdida de la libertad.
Entre los investigados se cuentan el senador Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; la senadora Liliana Bitar del Partido Conservador; el representante conservador Wadith Manzur; el representante por Antioquia Julián Peinado del partido Liberal; la representante de Pacto Histórico por Arauca Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, exrepresentante del Centro Democrático, quien renunció a su escaño.
La lista mezcla tanto a aliados del gobierno de Petro como a opositores, lo que subraya el carácter transversal de la red corrupta. De hecho, Iván Name, exsenador del partido Verde, quien públicamente se oponía a ciertas iniciativas gubernamentales, hoy está preso por recibir cerca de $5.000 millones en sobornos vinculados a esta misma trama, al igual que el exrepresentante Andrés Calle del Partido Liberal.
Se espera que tras la declaración de Benavides se aceleren las acciones judiciales. La información que aporte María Alejandra podría derivar en imputaciones formales de la Corte Suprema contra los congresistas implicados, quienes de ser hallados culpables enfrentarán sanciones que van desde la pérdida de investidura hasta condenas penales.
Igualmente, su colaboración alimentará los procesos contra exintegrantes del gabinete. En los próximos días la Fiscalía radicará la imputación de cargos contra Ricardo Bonilla por tráfico de influencias e interés indebido en contratos, sustentada en parte por lo que está contando su brillante exasesora.
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