El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca la pérdida de investidura de la senadora Isabel Cristina Zuleta de Pacto Histórico por presuntas gestiones indebidas para trasladar a nueve jefes de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí hasta un evento público en Medellín con la presencia del presidente Gustavo Petro.
Lea: ASÍ CONTINUARÁ EL PROCESO DE URIBE
El Consejo de Estado admitió formalmente una demanda de pérdida de investidura contra de la senadora Isabel Zuleta presentada por el abogado preocupado William Francisco Quintero Villarreal que busca la inhabilitación o “muerte política” de uno de los alfiles más importantes del progresismo radical en Antioquia
El caso se desprende de un acto público realizado el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, durante la visita del presidente Petro a Medellín en el que participaron nueve personas privadas de la libertad, reconocidos bandidos de bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí bajo autorización del INPEC, a solicitud, según el demandante, gestionó la senadora Zuleta como “coordinadora” de la Mesa de Paz Urbana.
Según la denuncia, Zuleta habría excedido sus funciones públicas, incurriendo en tráfico de influencias y abuso de autoridad, al promover el traslado de los reclusos sin fundamentos jurídicos claros ni competencias acreditadas, todo con fines políticos personales y en apoyo al presidente de la República.
Además de esta acción ante el Consejo de Estado, la senadora también enfrenta denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, entre ellas la presentada por la senadora Paola Holguín, que sostiene que no existe norma alguna que autorice a Zuleta a solicitar traslados de reclusos para eventos públicos, un acto que califica como abuso de función pública.
Lea: BENAVIDES TIENE DE LAS “PELOTAS” A CONGRESISTAS POR ESCÁNDALO DE LA UNIDAD DEL RIESGO
La resolución que admite la demanda fue notificada electrónicamente el 10 de julio de la presente anualidad, tras una versión corregida de la petición original que cumplía con los requisitos legales pertinentes.
Desde entonces, el Consejo de Estado avanza en el estudio del fondo del caso, lo que podría derivar en la pérdida anticipada de su curul para el periodo legislativo 2022 2026.
Visítanos en nuestras Redes Sociales
La controversia no sólo ha generado malestar político, sino también un debate nacional sobre los límites de las competencias de congresistas en procesos de diálogo con estructuras criminales, y cómo estos actos afectan la percepción pública del proyecto de “paz urbana” liderado por el Gobierno.
Con este expediente abierto, la senadora Zuleta se encuentra bajo una lupa institucional que podría modificar su carrera política.
La decisión final del Consejo de Estado marcará un precedente clave sobre la separación de poderes, el uso de la investidura y los límites de la interlocución política en escenarios de alto impacto social.
Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp Channel
