Mientras Quintero avanza con su precandidatura presidencial dentro de Pacto Histórico, figuras como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y María José Pizarro intensifican sus críticas contra él. Lo acusan de no ser un verdadero progresista, de haber cambiado de partidos varias veces y de estar implicado en un proceso judicial que podría afectar seriamente la credibilidad y la unidad de la izquierda para las elecciones de 2026.
Uno de los ejes centrales del rechazo contra Quintero es su trayectoria política, que, para sus críticos evidencia falta de coherencia ideológica.
LA METAMORFOSIS DEL POLÍTICO
Quintero militó en el Partido Conservador haciendo campaña con un marranito de color azul, estrategia que copió su también investigado hermano Miguel Quintero en el Partido Verde para ser electo concejal de Medellín.
En el partido Verde
“Pinturita”, junto con el desaparecido Juan Carlos Upegui “Perra Flaca” fundó e impulsó el extinto “Partido del Tomate”, que, en su momento, vendieron como una estrategia de renovación política joven.
Con «Perra Flaca»
Quintero en su metamorfosis política, también, en algún momento, no sólo se metió al partido Liberal, sino también en el apartamento del octogenario director nacional de la colectividad roja César Gaviria Trujillo para convertirse en candidato a la cámara de representantes, obvio, no le dio…
Pero el que persevera alcanza, durante la campaña de 2019, Quintero y sus muchachos fundaron el Movimiento Independientes con el que llegó a la alcaldía de Medellín, contando, además, con el apoyo soterrado de varias casas políticas y electoreras del Valle de Aburrá.
Este recorrido, que mezcla partidos con orientaciones políticas distintas, es utilizado por sus oponentes dentro del Pacto Histórico para argumentar que Quintero más que un “colado” es un “oportunista” que no está comprometido con el ideario de la izquierda.
Gustavo Bolívar ha sido uno de los más directos, lo ha calificado de oportunista por su paso por partidos que no necesariamente compartían el progresismo por lo que señala que su lugar “natural” sería otra coalición distinta al Pacto Histórico como el Frente Amplio.
Susana Muhamad, por su parte, ha expresado públicamente que le preocupa la presencia de alguien imputado por corrupción en la consulta interna del Pacto Histórico: “Quintero está aprovechando un espacio político que no le pertenece”.
Para Muhamad, su participación debiera dirigirse mejor al Frente Amplio o disputarse en un espacio distinto, no internamente en el Pacto.
María José Pizarro ha focalizado su crítica en la coherencia política, denunciando los “cambios de camiseta” de algunos líderes que, según ella, abandonan convicciones cuando ya no les conviene, y, aunque no siempre critica directamente a Quintero por cada una de sus decisiones, sí lo incluye en el grupo de quienes, para ella, no encajan con los valores de la izquierda democrática.
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AGUAS VIVAS
El escándalo del lote Aguas Vivas es un punto clave que alimenta la desconfianza.
Según la acusación de la Fiscalía, Quintero firmó un decreto que cambió los usos del suelo de ese predio en Medellín, lo que habría constituido un prevaricato, pues la potestad para definir usos del suelo corresponde al Concejo municipal.
El terreno, ubicado en El Poblado, pasó de estar ofrecido gratuitamente como compensación de obligación urbanística con un avalúo de unos $2.700 millones a uno nuevo comercial de aproximadamente $42.000 millones de pesos, lo que generó una indemnización exigida por los propietarios.
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Los documentos presentados por la Fiscalía en el caso incluyen cerca de 4.000 pruebas, actas, fotografías, conceptos técnicos, denuncias y resoluciones, todo un expediente contra Quintero y otros 12 exfuncionarios implicados a quienes se les imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Desde el punto de vista jurídico, aunque hasta ahora Quintero no ha sido condenado, la acusación debe pasar por un juicio, lo que implica una exposición prolongada de su gestión como alcalde, del manejo de contratos y decisiones administrativas.
En lo profesional, su imagen de liderazgo progresista puede verse erosionada si los ciudadanos perciben que su actuación incumplió normas legales y éticas.
En lo personal, estar procesado por delitos graves puede tener consecuencias contra su credibilidad, desgaste mediático y político, así como restricciones en la financiación o apoyo institucional y privado a su campaña.
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TENSIÓN EN PACTO
Las críticas internas indican tensiones reales. Los precandidatos cuestionan la presencia de Quintero al interior de la coalición o partido por lo que se pueden generar divisiones, desconfianzas entre sectores progresistas y movilización de votantes escépticos. La izquierda para mantener su electorado en el 2026 necesita mostrar coherencia, ética e identidad clara con sus principios.
Además, si el caso judicial contra “Pintu” escala, o si aparece evidencia pública de gravedad, puede servir de munición para la oposición y generar desgaste ante medios y la opinión pública, debilitando el discurso de cambio, justicia y lucha contra la corrupción que suele estar en la base del proyecto político de la izquierda.
El hecho es que los riesgos de Quintero son reales porque las acusaciones en su contra sólo tienen dos opciones finales, una: condenado, dos: absuelto. Sin embargo, si el juicio revela irregularidades, los medios y adversarios politizarán mucho más el asunto.
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En campañas presidenciales, la percepción importa tanto como los votos y un proceso judicial abierto amenaza con convertirse en un detrimento electoral.
La crítica de Bolívar, Muhamad y Pizarro, por ejemplo, no se limita a lo legal, va al corazón de lo que define a la izquierda, convicciones, coherencia, ideología, militancia y valores éticos.
Desde su perspectiva, Quintero no cumple esos requisitos de modo suficiente por lo que su precandidatura resulta incómoda.
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Pero también hay quienes ven en Quintero una figura con capacidad y movilización con perfil disruptivo, con visibilidad, lo que en elecciones mucho importa.
El resultado dependerá de si el Pacto Histórico logra resolver internamente estos cuestionamientos de legitimidad, cómo lo percibe la ciudadanía y si Quintero logra neutralizar la carga judicial y de coherencia para presentarse como una opción creíble.
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