Un juez envió a la cárcel a dos implicados en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana relacionados en los convenios con los Bomberos de Itagüí. La medida se decidió en medio de las tensiones políticas que relacionan el caso con la incierta candidatura presidencial de Daniel Quintero, quien renunció a la consulta de Pacto Histórico, decisión que según la MOE podría dejarlo legalmente inhabilitado.
Lea: MIGUEL, “EL ARTISTA” QUE SE CAGÓ EN LA CAMPAÑA DE SU HERMANO
Un juez de control de garantías de Medellín envió a la cárcel a Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Yaneth Rúa García, vinculados al escándalo de contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
El tercer implicado, Elkin González, quedó en libertad, debido a que la jueza consideró que no había méritos suficientes para privarlo con la misma medida.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios y contratistas estarían involucrados en la desviación de $2.400 millones de pesos durante la administración del renunciado exalcalde Daniel Quintero.
Las imputaciones por parte del ente acusador incluyen delitos como contratación irregular, peculado y celebración indebida de contratos.
La medida judicial contra Cadavid y Rúa agrava el clima político puesto que en dichas investigaciones comprometen el entorno del renunciado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
RENUNCIA A CONSULTA
Por su parte, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios advirtió que, al renunciar Quintero a la consulta interna del Pacto Histórico, como lo hizo en la madrugada de hoy, no tendría la posibilidad de inscribirse como candidato presidencial.
Barrios fundamenta su posición en la Ley 1475 de 2011, que impone obligaciones a quienes participan en consultas políticas como son asumir compromisos con los partidos y abstenerse de avalar su campaña por otra organización una vez iniciado el proceso.
La incertidumbre normativa alrededor de esa renuncia ha generado un debate político y jurídico de alto voltaje. Algunos analistas advierten que el vacío dejado por Quintero podría desestabilizar el esquema de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2026.
Lea: PACTO HISTÓRICO, UNA COALICIÓN QUE IMPROVISA Y NO SE PONE DE ACUERDO
CARRILLO INVESTIGADO
De otro lado, la Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien se desempeñó como gerente de EPM durante el gobierno local del renunciado exalcalde Daniel Quintero.
La acusación se centra en presuntas irregularidades en el contrato CRW251772 de 2023 para servicios de vigilancia privada del grupo EPM por un valor superior a $73.000 millones de pesos.
El pliego de cargos acusa a Carrillo de interés indebido en la celebración de contratos bajo la calificación de falta gravísima a título de dolo.
De acuerdo con la investigación la empresa beneficiaria, SUPORTUNO SERVICIO LTDA, había incurrido previamente en incumplimientos durante el proceso licitatorio, los que habrían sido alterados por funcionarios de EPM para permitir su adjudicación.
Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp Channel
POLÍTICA CORRUPTA
Las denuncias se suman a un escenario de creciente presión política contra Quintero, hoy sin partido para aspirar a la presidencia y cuya aspiración carece de un camino despejado debido a que la vinculación de varios de sus colaboradores en casos judiciales le resta margen de maniobra en la arena pública.
Algunos integrantes de Pacto histórico argumentan que su retiro de la consulta no deja indefensos los proyectos de unidad de la izquierda y el avance electoral frente a la derecha.
Sin embargo, en el debate mediático, sectores de la oposición aprovechan estos hechos para cuestionar la integridad tanto del proyecto político de Quintero como del Pacto Histórico en su conjunto, señalando riesgos reputacionales y falta ética.
Defensores del renunciado exalcalde apelan a la presunción de inocencia y a eventuales fallos judiciales que puedan revocar decisiones adversas.
Lo cierto es que el envío a la cárcel de los implicados en el caso del Área Metropolitana, la advertencia de la MOE sobre la posible inhabilidad de Quintero tras su renuncia, además de la formulación de cargos contra Carrillo configuran una tormenta política y judicial.
Las decisiones que adopten los órganos de control y los tribunales en los próximos días podrían marcar un punto de inflexión para las aspiraciones presidenciales de todos los precandidatos de la izquierda.
Visítanos en nuestras Redes Sociales
