El exalcalde Daniel Quintero quien renunció a la consulta presidencial de Pacto Histórico enfrentará un juicio por corrupción. Con múltiples investigaciones, su futuro político parece desmoronarse mientras la justicia estrecha el cerco sobre él y su círculo más cercano.
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El exalcalde Daniel Quintero afronta tantas amenazas que en la actualidad tiene en riesgo no sólo su futuro político sino también su libertad.
Su renuncia como aspirante a la consulta del Pacto Histórico y las investigaciones en su contra por parte la Fiscalía que lo señalan por peculado e interés indebido en la celebración de contratos, además de prevaricato por acción, hacen parte de la “cola” por la que el exmandatario más temprano que tarde, tendrá que responder.
Quintero decidió abandonar su aspiración presidencial dentro de la coalición que lidera Petro, después de que las encuestas internas lo ubicaran muy por debajo con respecto a sus rivales, Iván Cepeda y Carolina Corcho.
Además, la investigación en su contra más avanzada lo involucra en el avalúo presuntamente irregular del terreno de 146 mil metros cuadrados “Aguas Vivas” entre Las Palmas y El Poblado, que, según la Fiscalía, implicarían un daño al patrimonio público cercano a los $48.000 millones de pesos por cambiar los usos del suelo sin contar con el exigido análisis del concejo de la ciudad.
De comprobarse los cargos, Quintero podría enfrentarse a una pena de hasta 22 años de cárcel.
La Contraloría y la Procuraduría han identificado más de 650 hallazgos de irregularidades en contratos y manejos presupuestales de su administración en Medellín, además que de los chats filtrados de su hermano Miguel Quintero han puesto en evidencia lo que algunos califican como “una red de corrupción” que involucra funcionarios, contratistas y entidades como el Área Metropolitana.
El escándalo alcanzó también a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en la que según señalamientos se habrían intentado maniobras para apropiarse de bienes incautados.
En medio de este apetitoso caldo de cultivo, el estilo de gobierno de Quintero, caracterizado por la polarización, la visibilidad mediática y las rupturas institucionales, ahora se encuentra ante el escrutinio implacable de la justicia y de la opinión pública.
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El actual alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que lo sucedido “muestra cómo trasladaron la corrupción de Bogotá a Medellín”, agregando que la magnitud de los hallazgos revela “un modelo de poder que usó los recursos públicos para enriquecerse y manipular políticamente”.
La renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico ha sido interpretada como un golpe a su futuro.
Según la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, el exalcalde ya estaba inscrito como precandidato, y, por tanto, obligado al resultado de esa consulta por lo que su retiro lo inhabilita para presentarse más adelante por otra organización política o a través de la recolección de firmas.
Desde lo jurídico, si Quintero pierde o se retira de la consulta del próximo 26 de octubre, no podría inscribirse con firmas para la misma elección presidencial de 2026.
“La ley indica que quienes se hubieran presentado como precandidatos quedarán inhabilitados para presentarse como candidatos en las mismas elecciones”, advirtió la abogada integrante de la Fundación Dilo Colombia, Ximena Echavarría.
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Con su salida del proceso interno de PH y las barreras legales cada vez más evidentes, el horizonte político de Quintero se torna cada vez más complejo.
Alejado ya de la contienda electoral activa, su reto ahora será demostrar ante la justicia que la administración que dirigió no incurrió en los graves cargos que se le imputan, porque, Quintero, pensó en su momento, que si lograba consolidar su candidatura en el Pacto Histórico se salvaría de la cárcel.
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