Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno y fraude procesal por los que fue condenado en primera instancia, lo que representa un revés político para Petro y su precandidato Iván Cepeda.
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El fallo llega después de que Uribe hubiera sido condenado en agosto pasado por la jueza Sandra Liliana Heredia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal.
Según la sentencia inicial, Uribe habría instigado un entramado de ofrecimientos ilícitos a testigos que lo implicaban en vínculos con grupos paramilitares.
La sala presidida por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo concluyó que: “No se acreditó directa o indirectamente que Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal”.
Así mismo, en lo que respecta al fraude procesal, los magistrados señalaron que la jueza de primera instancia incurrió en juicios retóricos y falta de rigor lógico al valorar la prueba.
Para el bloque de la derecha, y especialmente para el partido Centro Democrático que lidera Uribe, el fallo se convierte en un estímulo político.
Tras meses de desgaste, la absolución judicial permite a sus dirigentes retomar el discurso de un “ataque político-judicial” y presentarse ante la ciudadanía como víctimas de un exceso procesal, en un momento clave cuando el oficialismo busca desembarcar su opción presidencial para 2026.
Por el contrario, el Gobierno de Petro y el entorno del precandidato Iván Cepeda, posible ganador de la consulta de Pacto Histórico el domingo 26 de octubre, enfrentan un golpe estratégico.
Cepeda, pieza central de la investigación judicial que generó la demanda contra Uribe por manipulación de testigos, está padeciendo cómo su principal adversario político recupera terreno.
Este revés le resta efectividad al discurso de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspira a volcar a su favor cierto sesgo de renovación y anticorrupción.
Queda por verse cómo responderá el oficialismo al cambio de escenario.
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Lo cierto es que la derecha podría capitalizar este fallo para articular alianzas amplias y oxigenar su estrategia electoral, mientras que la centro – izquierda deberá replantear su narrativa.
El resultado de hoy marca un antes y un después no sólo en el expediente judicial de Uribe, sino en la correlación de fuerzas políticas que se jugarán en los próximos meses.
De esta manera, el fallo absolutorio del Tribunal en segunda instancia no sólo rescata la imagen del expresidente, sino que potencia el frente político que lo respalda, al mismo tiempo que provoca una fisura estratégica al interior de la izquierda que apoya al Gobierno y que ahora debilitada usa la misma arma desgastada para confrontación electoral: Uribe.
LA HISTORIA
El proceso contra Álvaro Uribe Vélez comenzó en el contexto de una polémica investigativa alrededor de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia, motivada por los debates del senador Iván Cepeda que expusieron testimonios de exparamilitares que lo implicaban.
La investigación se transformó cuando Uribe, quien había denunciado a Cepeda por manipulación de testigos, terminó siendo sujeto de indagación por la Corte Suprema de Justicia de Colombia tras concluir que existían indicios de que habría intentado influir en testigos a través de intermediarios.
Este giro marcó el inicio de un largo expediente judicial que atraviesa varios gobiernos, distintas instancias y una fuerte división política en el país.
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La sentencia de primera instancia, emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, condenó al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, con una pena de 12 años de prisión, en modalidad de detención domiciliaria, además de una multa.
La jueza explicó que Uribe actuó como “determinador responsable” del aparato de manipulación de testigos a través de su abogado, Diego Cadena, por ejemplo, al influir en testimonios de exparamilitares que luego retractaron versiones que lo comprometían.
Este resultado implicó que, en la historia reciente de Colombia, un expresidente fue hallado penalmente responsable en juicio ordinario en primera instancia.
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