La decisión de la Registraduría de calificar la pasada consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre como un proceso interpartidista, sacudió la aspiración del senador Iván Cepeda para las elecciones presidenciales de 2026. La determinación abre implicaciones jurídicas y políticas que podrían afectar la participación del aspirante en el Frente Amplio Progresista.
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El domingo 26 de octubre pasado se realizó la consulta impulsada por el Pacto Histórico para definir el aspirante presidencial que representará a esa coalición en los comicios de 2026.
Según la Registraduría, el carácter de esta consulta no fue únicamente de un sólo partido, sino que contó con la inscripción de los partidos Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica a través de sus representantes, lo que la convierte formalmente en un proceso interpartidista.
Esa calificación tuvo un impacto directo en el panorama electoral de la izquierda. La participación en una consulta interpartidista podría impedir que el ganador de la consulta de octubre, Iván Cepeda, compita en la consulta denominada “Frente Amplio” para escoger un candidato único.
La controversia se origina además en que los partidos aliados en la coalición habían inicialmente manifestado su desistimiento de la consulta o poca participación directa, lo que generó versiones de que el proceso era interno del Polo Democrático y no de carácter interpartidista.
La Registraduría desmontó esa versión al presentar el acuerdo de voluntades firmado el 26 de septiembre por los tres partidos para la postulación integrada de los candidatos.
Este giro significa un revés al proyecto de unidad política más amplio que pretendía consolidarse bajo el lema de un frente de izquierda hacia 2026, pues los márgenes de maniobra jurídica se estrechan.
Si el proceso es considerado interpartidista y el candidato elegido, Cepeda, ya habría utilizado esa vía, técnicamente no le cabría una segunda consulta interpartidista, además que debe ir directamente a la primera vuelta presidencial en mayo del próximo año, aspecto que debilita las intenciones iniciales de la izquierda, estar unidos.
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Desde la óptica del senador Iván Cepeda, la posición es que “no está inhabilitado” porque su participación se hizo conforme a los estatutos del Pacto Histórico, pero Pacto Histórico no es un partido, es una coalición de partidos, por consiguiente, participó en una consulta interpartidista. He ahí en nudo…
No obstante, la claridad del concepto de la Registraduría añade una tensión jurídica que puede afectar no sólo al propio Cepeda, sino al conjunto de partidos de la izquierda que pretendían estructurar un mecanismo de selección más amplio.
La determinación de la Registraduría convierte una elección que se presentaba como interna en una consulta de mayor alcance, modificando las reglas del juego electoral para la izquierda colombiana.
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El impacto político ya se avizora en la fragmentación del bloque progresista, la incertidumbre en los marcos de participación y en la visión de unidad que hasta ahora se venía construyendo.
Aunque la Resolución de la Registraduría busca clarificar el carácter de la consulta, en la práctica genera más preguntas que certezas sobre el camino de la izquierda hacia 2026.
La unidad que se soñaba con un Frente Amplio hoy se ve resquebrajada por trámites legales y definiciones técnicas.
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En ese escenario, Iván Cepeda debe mover fichas rápidas para asegurar que su victoria no quede anulada por una cuestión de forma.
De otro modo, lo que en octubre fue un triunfo hoy podría generar una desventaja estratégica para su proyecto presidencial.
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