El exalcalde Daniel Quintero, quien se vendió como otra voz emergente en la izquierda colombiana, se encuentra hoy inmerso en doble colapso: judicialmente enfrentado y políticamente inhabilitado. La Registraduría le cerró el camino hacia la Presidencia, mientras enfrenta el inicio de un juicio por corrupción lo que podría marcar su desaparición de la actividad política.
Daniel Quintero irrumpió en la política de Antioquia como una figura disruptiva: se autoproclamaba como un político contra las maquinarias tradicionales.
Sin embargo, ese carácter emergente viró hacia una actitud que raya con la megalomanía, decisiones unilaterales, poco asesoramiento, además de una narrativa que siempre buscó situarse en el centro del poder, antes que construir alianzas y consensos.
Quintero adoptó también, como Petro, rasgos de mitomanía, proclamas grandilocuentes, promesas radicales y escenarios simbólicos. Su objetivo siempre fue irrumpir en el escenario nacional.
Su lenguaje siempre buscó polarizar: la derecha vs el resto del país con sus discursos de odio contra los empresarios de la región. Esa fue su estrategia, más que sumar al debate nacional, lo condujo a destruir puentes, entre Antioquia y Medellín como en el resto del país.
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Hoy, la aspiración presidencial de Quintero quedó empeñada porque su misma estrategia de “dividir y vencerás” se convirtió en un búmeran contra el mismo creador.
Este martes 11 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó el recurso de reposición presentado por Quintero para inscribir su candidatura presidencial por firmas.
A través de la Resolución 14125, se mantuvo en firme la decisión que había rechazado el registro del comité “RESET TOTAL CONTRA EL NARCO Y LOS CORRUPTOS”.
El argumento jurídico y electoral argumenta que: al haberse inscrito en la consulta interna del Pacto Histórico para el 26 de octubre pasado, Quintero quedaba inhabilitado para registrarse luego como candidato por firmas. “Pinturita” se “reseteó” para la presidencia.
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Según la Ley 1475 de 2011, el resultado de una consulta interna es obligatorio para los partidos que participaron. Al inscribirse en la consulta, Quintero asumió la condición de precandidato, y, por tanto, quedó impedido de presentarse por otro mecanismo distinto para el mismo proceso electoral.
Aunque renunció públicamente, la entidad encontró que la renuncia no se comunicó formalmente dentro de los plazos establecidos, lo que significa que la aspiración presidencial que tanto persiguió se desplomó por su propio activismo, y desorden jurídico y político.
Además, del colapso de su carrera electoral, Quintero enfrenta un episodio judicial que puede determinar su futuro político.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en septiembre pasado contra él, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
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Para el viernes 21 de noviembre, en 10 días, se programó la audiencia de acusación formal para dar inicio al juicio en su contra.
El lote Aguas Vivas, ubicado en El Poblado y Las Palmas fue objeto de una modificación irregular del uso del suelo que permitió una valorización que pasó de $2.700 millones iniciales a $48.000 millones de pesos sin pasar por el análisis del concejo municipal.
El argumento de la Fiscalía es que la administración de Quintero firmó decretos que ignoraron la participación del Concejo de Medellín y los mecanismos de avalúo legal.
Aunque Quintero no podrá aspirar a la presidencia, lo que es evidente es que la conjunción de haber quedado inhabilitado para participar en la campaña, además de estar bajo juicio penal conforman un coctel letal para cualquier aspiración política de alto nivel.
Por un lado, su exposición a nivel nacional se disipó por impedimentos formales, y, por el otro, su imagen quedó afectada irreversiblemente por supuestos señalamiento por corrupto.
En un contexto político en el que se exige a los políticos “cero tolerancias” para la corrupción, Quintero ya no puede presentarse como el outsider íntegro que prometió.
La narrativa de Quintero se convirtió en un juego en que él mismo se ubicaba como actor central indiscutible, sin aceptar asesoría, sin ceder espacio, construyendo un poder personal sobre un proyecto nacional. Esa lógica, le funcionó bien en la campaña local, pero colapsó ante las reglas del juego nacional y la fiscalización institucional.
Su intento de victimización, aunque plausible políticamente, perdió fuerza cuando los argumentos legales están respaldados. En contraste, se observa que su estilo no habilitó espacio para la autocrítica ni la construcción colectiva.
Para Daniel Quintero lo que viene es un escenario de supervivencia política. Sin una candidatura presidencial viable, deberá enfocarse en su defensa judicial para intentar conservar su espacio político local y regional.
El exalcalde y exprecandidato presidencial podría quedar inhabilitado para cargos públicos, lo que sellaría su debacle, su actuación en el escenario público.
Quintero por sus inventos se quedó solo.
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