El incremento del salario mínimo decretado por Petro para 2026, un alza del 23,7% que deja el ingreso mensual en $2.000.000, fue presentado como una victoria social para 2,4 millones de trabajadores. Sin embargo, el anuncio ha encendido alertas: el fuerte ajuste no sólo presiona el empleo formal y a las pequeñas empresas, sino que amenaza con disparar el costo de vida.
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Petro comunicó el incremento del salario mínimo, acompañado por su hija Antonella y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Para analistas, el gesto tuvo un claro componente emocional y político, más cercano a un “golpe de opinión” que a una exposición técnica de impactos macroeconómicos.
Aunque el mínimo quedó oficialmente en $2’000.000 a partir del primero de enero de 2026, el costo real para el empleador es sustancialmente mayor.
Para el empleador, al sumar los costos de salud y prestaciones sociales, ese trabajador le queda costando $2’975.614, brecha, poco visible en el debate público, que pone en jaque la sostenibilidad de las pequeñas y las medianas empresas.
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En Colombia, el salario mínimo es referencia para múltiples incrementos de precios y tarifas.
El alza impactará directamente en arriendos, copagos de EPS, costos de jardines infantiles, multas de tránsito, cuotas de vivienda de interés social, pasajes de transporte, servicios públicos, además del servicio del turismo, entre otros.
Lejos del aumento automático del bienestar, expertos advierten que el principal riesgo es un freno a la contratación formal. Las micro, pequeñas y medianas empresas con márgenes estrechos y baja productividad, podrían optar por no contratar, reducir horas, o migrar a esquemas informales.
El resultado: menos empleo de calidad y mayor precarización, lo contrario del objetivo declarado por Petro y sus muchachos.
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Para el comercio, restaurantes, almacenes, entre otros, el salto del costo laboral implica decisiones difíciles, subir precios con el riesgo de perder clientes, reducir personal o cerrar.
Gremios empresariales han advertido que el impacto será desigual debido a que las grandes empresas podrán absorber el impacto, las pequeñas, no. El riesgo de quiebras y despidos selectivos será real.
El incremento salarial llega cuando la inflación aún no termina de ceder, razón por la que, analistas prevén que el Banco de la República se verá presionado a subir las tasas de interés para evitar un golpe inflacionario.
Una errada política monetaria encarece el crédito, enfría y frena la inversión y golpea el bolsillo de las pymes.
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Para los 2,4 millones de trabajadores que reciben el mínimo, el aumento luce histórico, pero si el costo de vida sube al mismo ritmo, el beneficio real se reduce.
El salario nominal crece, pero el salario real puede no notarse o caer, especialmente en hogares urbanos donde el arriendo, transporte y servicios públicos pesan más.
Desde lo fiscal, el decreto de Petro implica un incremento automático en los salarios del sector público, incluidos policías y militares. Esto presiona el presupuesto del 2026 ya estrecho por lo que obliga al Gobierno progresista a buscar más recursos, que no tiene y recortar gasto que tiene desfasado.
El panorama para el 2026 será complejo desde el escenario económico por la presión inflacionaria, la tensión fiscal y un mercado laboral que podría moverse más hacia la informalidad.
El aumento salarial, sin políticas complementarias de productividad y alivios a pymes, corre el riesgo de convertirse en un boomerang para el mismo Gobierno.
El salario mínimo de $2’000.000 marca un hito, pero también abre un debate de fondo sobre cómo mejorar ingresos sin destruir el empleo.
La pregunta clave no es sólo cuánto se gana, sino cómo se sostiene, y esa respuesta, aún no está clara.
