La reciente audiencia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres movió de nuevo al Congreso. Berenice Bedoya, senadora por el partido Alianza Social Independiente y jefa política del concejal de Itagüí, León Mario Bedoya se convirtió en otro de los nombres centrales de la investigación judicial. Según la Fiscalía, mensajes de WhatsApp y documentos vincularían a Bedoya con solicitudes de contratos de infraestructura en el 2023.
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Durante la audiencia de este lunes primero de diciembre, la Fiscalía reveló chats entre el 13 y 14 de junio de 2023, que, según investigadores, muestran cómo Berenice Bedoya contactó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para pedir financiación de obras en los departamentos de Meta, Casanare y Risaralda.
En uno de esos intercambios, la senadora habría enviado una imagen con una tabla correspondiente a un proyecto en Puerto Concordia, Meta, y otros anexos relacionados con planes para Casanare.
Estos chats forman parte del paquete de pruebas que la Fiscalía presentó en la imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, acusados de orquestar el direccionamiento de 79 contratos de la UNGRD, de los que siete habrían sido ejecutados, con el supuesto fin de comprar apoyos en el Congreso para las reformas propuestas por el Gobierno.
Entre los delitos imputados están concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
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De acuerdo con la versión del confeso corrupto exdirector Olmedo López, la estrategia consistía en asegurar el respaldo de ciertos congresistas a cambio de contratos públicos.
En su testimonio, López aseguró que Bedoya, a través de otra senadora, Martha Peralta, le habría solicitado ejecutar obras en Meta y Casanare.
Según dicho relato, Peralta desempeñó el papel de intermediaria puesto que Bedoya le habría pasado su teléfono para que le mostrara al exdirector los proyectos de interés.
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La Fiscalía considera estos mensajes y documentos como indicios fuertes de participación de la senadora. Si la investigación avanza, Bedoya pasaría a ser investigada formalmente por posibles delitos relacionados con contratos públicos.
La posible vinculación de Bedoya demuestra que el escándalo de la UNGRD no se trata de un hecho aislado, sino de una red mucho más amplia que articularía intereses políticos, recursos públicos y contratos de infraestructura.
En los próximos días, la presión sobre la senadora Berenice Bedoya aumentará, especialmente cuando se revise si podrá mantenerse en su cargo mientras avanza la investigación.
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