Una nueva tensión política estalló este lunes 16 de marzo en el corazón administrativo de Medellín. Cerca de 500 indios llegados principalmente desde Urabá se concentraron en La Alpujarra, bloquearon accesos y afectaron la movilidad del sector para exigir un diálogo directo con la Gobernación de Antioquia, en medio de denuncias por vulneraciones a sus derechos y reclamos de mayor interlocución institucional.
La jornada comenzó desde la madrugada, cuando los manifestantes arribaron en varios buses al centro administrativo donde funcionan la Gobernación, la Alcaldía, el Concejo, la Asamblea y el Palacio de Justicia.
La movilización generó cierres sobre los ingresos al complejo y en afectaciones en corredores cercanos a la avenida San Juan y glorieta de La Alpujarra.
El reclamo de los indios tiene que ver con las reiteradas vulneraciones a sus derechos y la falta de una interlocución suficiente con la administración departamental de Andrés Julián Rendón.
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Distintas versiones coinciden en que los manifestantes exigen ser escuchados directamente por el gobernador con el fin de abrir una mesa de diálogo que no se quede en intermediaciones menores ni en respuestas de trámite.
La reacción oficial, sin embargo, marcó desde temprano un tono de pulso político.
La Gobernación sostuvo que sí hubo acercamientos iniciales a través del gerente indígena y que existe disposición para conversar, pero condicionó una mesa formal al levantamiento de los bloqueos en la zona.
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En Medellín, la protesta suspendió la atención presencial en sedes públicas de La Alpujarra, Plaza de la Libertad y otros edificios administrativos, además de la interrupción temporal de actividades en el Concejo.
La protesta y los bloqueos presiona de manera directa al gobernador Andrés Julián Rendón en un momento delicado para la gobernabilidad regional.
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La concentración en La Alpujarra expone que los conflictos con comunidades étnicas pueden escalar rápidamente hasta el centro mismo del poder departamental cuando no encuentran canales eficaces de resolución en el territorio.
Por ahora, el pulso sigue abierto, los indígenas piden ser oídos sin condiciones, mientras el gobierno departamental insiste en que primero debe liberarse el acceso para sentarse a conversar.
