Las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez han puesto al descubierto una presunta red de influencias basada en rumores y calumnias dentro de la Casa de Nariño. Según las denuncias, decisiones de Estado, como la remoción del director de la Policía Nacional, habrían sido motivadas por información falsa, revelando una crisis de institucionalidad en el círculo cercano al presidente.
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La actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, reveló que la destitución del general Carlos Triana como director de la Policía Nacional no respondió a una evaluación de desempeño, sino a un “chisme”.
De acuerdo con su testimonio, al alto oficial se le vinculó falsamente con supuestas alianzas políticas con alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Rodríguez sostiene que esta “locura” inventada fue suficiente para que se tomara una decisión de alto nivel, evidenciando un patrón en el que la información no verificada dicta el rumbo de las instituciones.
La funcionaria describe un entorno presidencial en el que las decisiones de gran calado estarían siendo influenciadas por rumores internos en lugar de pruebas técnicas o de inteligencia.
En su concepto, el círculo cercano al presidente Gustavo Petro utiliza estas versiones sesgadas para manipular la percepción del mandatario, quien, según Rodríguez, estaría siendo “engañado” con calumnias y chismes que circulan en los pasillos del poder.
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Este fenómeno no sólo afectó la estabilidad de la Policía, sino que sugeriría una vulnerabilidad estructural en la toma de decisiones del Ejecutivo.
Más allá del caso del general Triana, Angie Rodríguez denunció la existencia de un “presunto concierto para delinquir” dentro del Gobierno.
Según sus afirmaciones, un grupo de más de 20 personas estaría operando coordinadamente desde el interior de la administración pública para fines ilícitos.
La funcionaria asegura haber puesto en conocimiento de las autoridades estas irregularidades desde noviembre del año pasado, pero advierte que hasta el momento no se han tomado medidas efectivas para desmantelar esta red que ella describe como “peor” de lo que se percibe públicamente.
La situación ha escalado a un nivel de riesgo personal para la denunciante, quien afirma sentirse “amenazada, extorsionada y sin seguridad”.
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Rodríguez detalló que ha sido víctima de seguimientos y espionaje, e incluso reveló que se vio obligada a entregar dinero ante amenazas contra su vida y la de su hijo.
Estas acciones de intimidación, presuntamente perpetradas por personas vinculadas a su propio entorno laboral en el Fondo de Adaptación, buscarían silenciar sus denuncias sobre la corrupción interna.
En el centro de esta red de influencias, la funcionaria señaló a figuras que ejercerían un “poder real” sin ostentar necesariamente cargos de primera línea.
Mencionó específicamente a Juliana Guerrero como una de las personas con influencia determinante sobre las narrativas que llegan al presidente y responsable de orquestar campañas de desprestigio.
Este esquema de poder paralelo sería el encargado de filtrar la información y asegurar que sólo las versiones convenientes, cargadas de sesgos, lleguen al despacho presidencial.
El trasfondo de estas intrigas, según Rodríguez, es el control de millonarios recursos públicos. La funcionaria vinculó los intentos por removerla de su cargo con su gestión para “blindar” el presupuesto del Fondo de Adaptación, especialmente en proyectos críticos como el de La Mojana, que involucra más de un billón de pesos.
Según su denuncia, sectores interesados buscaban apartarla para acceder a estos fondos sin los mecanismos de vigilancia internacional que ella intentó implementar para proteger el erario.
