Pacto Histórico vuelve a sacudirse por presunta corrupción y clientelismo, por quienes se autoproclaman como abanderados de la transparencia.
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La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, destapó una grave denuncia contra la senadora de Pacto Histórico, Isabel Zuleta, publicada por el programa La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño.
Esta revelación puso en jaque la narrativa de pulcritud de la izquierda democrática de cara a la segunda vuelta presidencial, evidenciando que las viejas prácticas politiqueras siguen vigentes.
El núcleo de la controversia radica en una serie de pruebas contundentes que llegaron a manos de la concejala desde una fuente en la cárcel La Picota.
Se trata de la filtración de unos mensajes de WhatsApp reenviados, acompañados de audios y videos, que exponen graves irregularidades directamente vinculadas a la oficina de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Isabel Zuleta.
Las capturas de pantalla de los chats son reveladoras y no dejan lugar a la imaginación sobre cómo opera presuntamente esta maquinaria en las sombras.
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En dichas conversaciones se señala de manera específica a la secretaria de la senadora, Génesis Vélez Muñoz, como la persona encargada de orquestar este entramado clientelista.
Según la denuncia y la evidencia gráfica, esta funcionaria estaría encargada de gestionar promesas de empleo, traslados y reubicaciones laborales para exfuncionarios y trabajadores del INPEC.
De hecho, los mensajes de texto detallan que la estrategia consistía explícitamente en ayudar con puestos a las personas que habían salido de la institución penitenciaria.
Sin embargo, los beneficios burocráticos no se ofrecían por vocación de servicio, sino a cambio de un claro y directo apoyo político. Las exigencias apuntaban a asegurar votos y movilización para la campaña del candidato Iván Cepeda.
Los chats evidencian que la funcionaria de la UTL colocaba buses y pagaba para garantizar la asistencia de los electores a las urnas en los comicios del 21 de junio. Todo esto se habría coordinado con la presunta complicidad de directivos sindicales en reuniones con funcionarios del INPEC.
La concejala Carrasquilla presentó las respectivas denuncias ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora Isabel Zuleta y ante la Fiscalía General de la Nación contra los funcionarios del INPEC implicados.
Así mismo, la Procuraduría ya tiene conocimiento de este presunto constreñimiento al electorado, demostrando que las autoridades han abierto los radicados correspondientes para investigar este grave suceso.
Este escándalo desmorona la fachada de moralidad con la que estos sectores políticos han intentado presentarse ante el país.
Quienes afirman constantemente en plaza pública que sus campañas son inmaculadas, que no conectan con la corrupción y que no ofrecen dádivas a nadie, hoy quedan expuestos ante la evidencia.
La utilización de entidades estatales y sindicatos para apalancar candidaturas demuestra que la maquinaria electoral opera con total descaro para beneficiar a los aliados del Pacto Histórico.
En el fondo, este tipo de prácticas clientelistas no son una coincidencia, sino un síntoma de alarma. El progresismo está desesperado porque sienten que van a perder en segunda vuelta el 21 de junio próximo.
Ante el miedo inminente de la derrota electoral, la necesidad de recurrir al pago por votos, el ofrecimiento de puestos públicos y la movilización obligada en buses se convierte en el último recurso de una estructura que prometió el cambio, pero que terminó perfeccionando los peores vicios de la política tradicional.
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#ENVIVO #Denuncia «🚨 En reuniones con funcionarios del INPEC se habrían ofrecido beneficios como traslados, reubicaciones y hasta posibles vinculaciones laborales, a través de una funcionaria de la UTL de la senadora Isabel Zuleta, a cambio de apoyar al candidato Iván Cepeda en… pic.twitter.com/PR1aC9f1Nd
— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) June 16, 2026
