La decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar formalmente a la senadora Isabel Zuleta por presunto abuso de función pública en la cárcel La Picota revela los peligrosos excesos de la llamada “Paz Total” y reabre el debate sobre los límites éticos y legales de los legisladores frente a las bandas criminales.
Escuche: LISTA EMERGENCIA ECONÓMICA PARA SUPERAR CATÁSTROFE POR TEMBLOR DEL 10 DE AGOSTO
La delgada línea entre la mediación de paz y la extralimitación de funciones continúa fracturada en Colombia, esta vez bajo el peso de una investigación formal de la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal citó a indagatoria a la senadora Isabel Zuleta por el presunto delito de abuso de función pública.
Este caso pone de manifiesto la preocupante tendencia de algunos parlamentarios a confundir sus roles de representación política con competencias ejecutivas y judiciales de estricta reserva legal, abriendo un debate de profundas implicaciones éticas y constitucionales sobre los límites reales de la llamada “Paz Total”.
El origen del expediente judicial se remonta al polémico operativo de julio de 2025 en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.
En ese momento, la senadora ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía en medio de un allanamiento encaminado a buscar presuntamente un arma de fuego.
La presencia física de una legisladora en un procedimiento de registro criminal intramural encendió las alarmas de la justicia, que hoy evalúa con lupa si su conducta constituyó una invasión de competencias ajenas.
Frente a las acusaciones, la defensa de la senadora se ha apresurado a justificar que sus actuaciones se dieron bajo el amparo de su designación oficial.
Zuleta, sostiene que su presencia en el penal respondía estrictamente a sus deberes como coordinadora del Gobierno Nacional en los procesos de paz urbana con las estructuras armadas del Valle de Aburrá.
Sin embargo, la justicia busca establecer si estas resoluciones administrativas realmente facultaban a una congresista para inmiscuirse en allanamientos y procedimientos penales de exclusividad judicial.
El operativo en mención no fue una requisa ordinaria, sino el resultado de una denuncia.
Lea: EL OCASO DEL CAUDILLO: EL CAMINO DEL PACTO HISTÓRICO ENTRE LA RENOVACIÓN O LA DESTRUCCIÓN
Fue el jefe de la organización criminal “La Inmaculada”, Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, quien desde su reclusión alertó sobre la existencia de un plan criminal.
Gracias a su información, funcionarios de la Fiscalía lograron hallar oculta en el pabellón de extraditables una pistola Glock nueve milímetros.
El arma incautada, de acuerdo con los reportes oficiales, estaba destinada a perpetrar un atentado contra Geovany Andrés Rojas, conocido como alias “Araña”, comandante del grupo Comandos de la Frontera, quien es una de las piezas claves que actuaba en las mesas de diálogo con el Gobierno de Petro como facilitador de paz.
Aunque en su momento se intentó calificar la entrega del arma como un “gesto de paz”, la realidad revela una filtración de armas de guerra en cárceles de máxima seguridad.
Los defensores de la senadora Zuleta argumentan que este tipo de intervenciones directas son necesarias para dinamizar los procesos de paz urbana, que incluyeron planes piloto contra la extorsión en 45 barrios de Medellín, Bello e Itagüí.
No obstante, detrás de la publicidad oficial del culminado gobierno de Petro, que celebraba la reducción temporal de delitos en el Valle de Aburrá, la realidad es muy distinta.
Lea: EN EL SUROESTE TAMBIEN TEMBLÓ: AYUDAS PARA JARDÍN Y OTROS MUNICIPIOS DESPUÉS EL SISMO
Analistas advierten que estos procesos carecieron de un marco legal definido y se construyeron sobre una peligrosa autorregulación de los mismos criminales.
Al no contar con un marco jurídico claro, las estructuras criminales continuaron ejerciendo control social informal sobre el territorio.
No es aceptable que el Estado delegue indirectamente el monopolio de la fuerza y la justicia en organizaciones al margen de la ley.
La ilusión de una disminución de la extorsión choca de frente con la cruda realidad de que las bandas siguen regulando la vida cotidiana de las comunas, resolviendo disputas comunitarias e imponiendo normas no escritas bajo la mirada inerte de las instituciones.
Es en esta confusa amalgama de funciones estatales cedidas en la que congresistas como Zuleta parecen haber hallado un espacio sin límites para actuar al margen de los protocolos oficiales.
Desde la estricta perspectiva penal de la Corte Suprema, el abuso de la función pública se configura cuando un servidor estatal asume facultades distintas a las que le han sido asignadas legalmente, apropiándose de funciones que corresponden a otra autoridad.
Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp Channel
La jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido reiterativa al señalar que la falta de competencia no es una mera formalidad administrativa, sino una grave transgresión.
Así, la presencia de la senadora en un allanamiento de la Fiscalía, presentándose como una “observadora” oficial, cruza el peligroso umbral de la extralimitación de poder.
Esta conducta no es un hecho aislado en el historial de la parlamentaria, sino la continuación de un estilo de hacer política sin respeto por la institucionalidad.
El país todavía recuerda con indignación el cuestionado “Tarimazo” de La Alpujarra en Medellín.
En el acto público, la senadora Isabel Zuleta protagonizó una escena deplorable al compartir tarima con el entonces presidente Petro y los cabecillas y bandidos que estaban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, quienes fueron trasladados para dicho evento.
Ese acto liderado por Petro y Zuleta generó que el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella ordenara la reubicación inmediata de todos estos bandidos y capos de Itagüí en otros centros carcelarios de máxima seguridad a lo largo del territorio nacional.
Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp Channel
La #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ abrió investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública.
La actuación busca establecer si su participación en un operativo realizado el 10 de julio de… pic.twitter.com/KO1F5YBSYE
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 21, 2026
