La aprobación en comisión del proyecto de Ordenanza N°37 reabre el debate sobre la financiación de la infraestructura vial en Antioquia, poniendo bajo la lupa el respaldo de la coalición de gobierno al mandatario seccional Andrés Julián Rendón y el impacto tributario proyectado sobre los estratos medios y altos.
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La aprobación en primer debate del proyecto de Ordenanza N°37 del 22 de septiembre en comisión de la Asamblea de Antioquia representa otra acción contra el bolsillo de los contribuyentes con el fin de garantizar el desarrollo vial del Departamento.
La iniciativa contempla el uso del sistema de valorización para financiar obras de conectividad física en diversos corredores del territorio antioqueño.
Esta determinación administrativa reaviva una intensa controversia pública sobre los mecanismos de financiación territorial en medio de un escenario de marcada el déficit presupuestal.
Los diputados José Luis Noreña de Centro Democrático y David Ruiz, de Creemos, hablaron del polémico proyecto de ordenanza de valorización en Antioquia, destinado a financiar la conectividad vial.
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Ambos corporados defienden que la intervención de estas vías resulta indispensable para dinamizar la economía de las subregiones y optimizar el transporte de carga y pasajeros hacia Medellín.
De este modo, la bancada oficialista abandera la medida como una herramienta estratégica para reconfigurar el desarrollo de la infraestructura regional.
Bien por el desarrollo vial, mal por la manera de su financiación.
Con ambos diputados se discutió el impacto económico de esta iniciativa, señalando la preocupación de que la valorización recaiga principalmente sobre las clases medias y altas, especialmente en un contexto de escasez financiera nacional.
La inquietud de la ciudadanía radica en que los estratos 4, 5 y 6 ya soportan una pesada carga tributaria, además que financian subsidios por lo que imponerles nuevas contribuciones en medio de la contracción económica genera fuertes resistencias.
El debate pone de manifiesto las fricciones entre la necesidad de obras y el desgaste financiero de los contribuyentes.
Tanto Noreña como Ruiz defienden la postura del gobernador Andrés Julián Rendón, quien ha propuesto el incremento de impuestos para obras en el departamento, y, suplir así, su poca capacidad de gestión con el gobierno nacional.
Ante la falta de asignación de giros desde el nivel central y los notorios recortes en transferencias, más de $600 millones de pesos, la administración departamental ha optado por acudir al capital de los habitantes locales.
Así, los voceros del oficialismo en la Asamblea respaldan la decisión del Ejecutivo seccional de recurrir a tributos internos con el fin de asegurar la ejecución del plan de desarrollo vial.
El gobierno de Abelardo no tiene recursos por la nefasta administración del expresidente Petro, el departamento de Antioquia tampoco tiene, pero los estratos 4, 5 y 6 sí tienen para pagar valorización.
Repito, el proyecto de ordenanza ya fue aprobado en comisión y lo más probable es que se aprobará en plenaria. La pregunta que queda es qué irán a decir los diputados de la coalición de gobierno en campaña para sostener sus curules, si en jornada electoral prometen lo que no son capaces de cumplir por el sólo hecho de darle gusto al mandatario seccional de turno: cobrar más impuestos.
Este cálculo político representa un dilema a inicios de la jornada preelectoral en la que los corporados deberán justificar ante sus electores en las subregiones el incremento de las cargas impositivas.
