El 21 de noviembre se realizará la audiencia de acusación contra el exalcalde Quintero, nueve exfuncionarios y tres particulares por el caso Aguas Vivas. La Fiscalía reunió cerca de 4 mil pruebas que buscan demostrar delitos como prevaricato por acción, peculado por apropiación y contratación indebida, relacionados con maniobras que habrían permitido valorizar indebidamente un lote mediante cambios al uso del suelo sin la aprobación del Concejo de Medellín.
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En la audiencia de acusación que se realizará el viernes 21 de noviembre, la Fiscalía formalizará ante un juez los cargos contra los acusados, mediante la lectura del escrito de acusación, y, en la cual, se definirá si Quintero y los otros implicados irán o no a juicio oral.
En la acusación el ente investigador presentará aproximadamente 3.930 pruebas documentales, testimonios de 48 personas, correos, informes técnicos, planos y evidencias fotográficas, entre otros elementos.
La Fiscalía imputa a Quintero y a su exsecretario general Fabio Andrés García, además de los otros exservidores públicos, los delitos de prevaricato por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y peculado en todo lo que tiene que ver con la negociación del predio Aguas Vivas.
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Parte del señalamiento es que el predio de 147 mil metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas, fue traspasado gratuitamente al municipio como cesión urbanística, pero luego se intentó pagarle a sus dueños una suma muy superior, basándose en una valorización del terreno que habría sido impulsada por cambios regulatorios y del uso del suelo.
El terreno estaba bajo restricciones ambientales y normativas de riesgo geológico, lo que lo hacía poco apto para desarrollos densos o edificaciones comerciales.
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Sin embargo, con la administración de Quintero se expidió el Decreto 412 de 2023, que reglamentó el Valle del Software como programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitiendo cambios en usos del suelo para ese predio.
Esa acción, según los investigadores, habría permitido que el valor del terreno se elevara desproporcionadamente en lo que se describe como una maniobra para favorecer a los particulares dueños del lote.
Para entender el chanchullo, es clave el ahondar en la potestad que la ley le otorga al Concejo Municipal.
Según la Constitución Política de Colombia, el Concejo es única entidad que aprueba los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, que reglamenta los usos del suelo, por lo que a través del Concejo es que se debe autorizar las modificaciones al POT.
En este caso, los que denuncian a Quintero, argumentan que “Pinturita” en complicidad con otros servidores de su administración emitieron el decreto con el que modificaron los usos del suelo sin pasar por la aprobación del Concejo, lo que sería una vulneración a las normas y las leyes.
Los investigadores estiman que el valor del lote se infló de $2.700 millones a cifras cercanas a los $48.000 millones de pesos, tras los cambios normativos y la valoración catastral ajustada conforme al nuevo uso.
Se alega que la administración pasada intentó que el erario distrital pagara esa suma a los propietarios del terreno, lo que representaría un fuerte detrimento patrimonial para la ciudad.
Más allá de lo técnico y lo legal, el caso ha generado debates sobre la legitimidad institucional, la transparencia de las decisiones urbanísticas y la posible politización del proceso.
Quintero ha dicho que todo se trata de un montaje y de una persecución política, señalando vínculos con quienes lo sucedieron en el cargo.
En lo judicial, tras la audiencia de acusación vendrá la audiencia preparatoria, en la que la defensa podrá solicitar incorporar pruebas para alegar nulidades para luego iniciar el juicio oral.
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El veredicto podría tener efectos no sólo legales, sino políticos, dada la campaña presidencial de Quintero y la visibilidad del proceso.
Lo cierto es que el viernes 21 de noviembre será una fecha decisiva en el caso Aguas Vivas, una jornada que no sólo determinará si Quintero y sus muchachos enfrentan un juicio, sino que también se deberá esclarecer las responsabilidades sobre posibles violaciones en la gestión del territorio en la ciudad.
Las casi 4 mil pruebas de la Fiscalía serán clave para demostrar si las acciones imputadas por los cambios al uso del suelo sin contar por el Concejo constituyen corrupción de cuello blanco o si la defensa logra desvirtuar esas acusaciones.
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