PARA NO PERDER LA CURUL, PACTO HISTÓRICO EXIGE RENUNCIA DE VERÓNICA ESTRADA

La controversia desatada por la falsificación de diplomas escolares y profesionales por parte de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín ubicó al Pacto Histórico frente a la encrucijada política más crítica en el Congreso de la República. Lejos del debate ético sobre la idoneidad individual, la premura con la que la colectividad busca la dimisión de la legisladora responde a un imperativo de supervivencia institucional en la cámara baja.

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Tras conocerse la falsificación de los títulos de bachillerato y universitarios de la representante a la Cámara Verónica Estrada, en caso de ser inhabilitada por sus actuaciones, Pacto Histórico podría perder la curul que hoy ostenta en la Cámara de Representantes por Antioquia.

El ordenamiento constitucional contempla la figura de “la silla vacía” para delitos que comprometen de manera grave la fe pública y la administración, lo que impediría llamar al siguiente candidato de la lista cerrada para ocupar el escaño.

Ante la contundencia de las pruebas documentales que acreditan que la parlamentaria nunca cursó la carrera de ingeniería ni culminó sus estudios secundarios, la bancada sabe que un desenlace penal es más que inminente.

Por esta razón, el cálculo político prioriza la renuncia voluntaria e inmediata de Estrada antes de que se formalice una orden o suspensión judicial que deje al movimiento sin esa representación.

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EL ASCENSO DE UNA LÍDER COMUNITARIA CON PERFIL FALSO

Luz Verónica Estrada Holguín, de 27 años de edad, irrumpió en el escenario político regional presentándose como una joven de origen humilde proveniente del municipio de Caramanta, en el suroeste antioqueño.

Sin embargo, la trayectoria académica que exhibió para justificar su liderazgo técnico en temas ambientales y mineros ha quedado completamente desvirtuada tras confirmarse que ni siquiera concluyó la educación básica secundaria.

En los registros oficiales de su escuela natal figura que reprobó el grado octavo en 2016 y que al año siguiente fue reportada como desertora del sistema escolar.

Pese al vacío escolar, Estrada logró consolidar una meteórica carrera dentro de las bases de Colombia Humana en Antioquia. Respaldada por sectores con influencia regional, participó en la asamblea interna de su colectividad y obtuvo más de 7.000 votos en la consulta popular regional, un caudal que le aseguró el segundo renglón en la lista cerrada a la Cámara de Representantes por el Departamento y su posterior posesión en el Capitolio Nacional.

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LA PUERTA GIRATORIA EN LA DIAN

El esquema de adulteración documental no comenzó con su aspiración a la Cámara, sino que sirvió previamente como plataforma para acceder a la contratación estatal.

En marzo de 2025, la hoy representante suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por un monto de $78 millones de pesos, asignándosele unos honorarios mensuales cercanos de $6 millones.

El objeto contractual consistía en brindar asesoría técnica y formular lineamientos de fiscalización y control tributario sobre el sector minero.

Para respaldar su idoneidad en dicha entidad del Estado, Estrada presentó un “diploma chimbo” de ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia y una tarjeta profesional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, documentos que jamás fueron expedidos legalmente y que incluyeron firmas falsificadas y datos pertenecientes a otros profesionales.

La contratación se materializó luego de que el entonces director general de la entidad le solicitara formalmente presentar su oferta, a lo que ella respondió asegurando bajo gravedad de juramento que cumplía con todos los requisitos académicos y de experiencia.

El caso adquiere los “ribetes” de cinismo institucional al constatarse que, meses después, el propio exdirector de la administración tributaria pasó a integrar la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de Estrada tras su llegada al Congreso.

De manera paradójica, la representante llegó a figurar formalmente como coautora del Proyecto de Ley 019 de 2026, una iniciativa parlamentaria orientada precisamente a crear un sistema público de verificación de diplomas para impedir que personas sin títulos accedan a cargos y contratos del Estado.

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TRÁNSITO HACIA LA CORTE SUPREMA

La investidura de congresista traslada la competencia investigativa a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La legisladora Verónica Estrada afrontaría graves acusaciones por el delito de falsedad ideológica y material en documento público, una conducta punible que el Código Penal castiga con penas que oscilan entre los 64 y los 144 meses, es decir, entre 5 años y 12 años de prisión, además de la inhabilidad para desempeñar funciones públicas.

A esta imputación se sumaría el cargo por fraude procesal, configurado cuando se induce en error a una autoridad pública mediante la aportación de instrumentos fraudulentos para obtener un beneficio ilegítimo, como la suscripción de contratos estatales o la certificación de requisitos.

Este ilícito acarrea penas privativas de la libertad de 6 a 12 años de prisión, que se sumarían a los eventuales cargos por falsedad en documento privado ante la presentación de títulos chimbos atribuidos a la Universidad de Antioquia frente a compañías mineras particulares.

Además, hay que agregar la investigación formal iniciada por la Procuraduría General de la Nación por faltas gravísimas contra la moralidad administrativa, proceso que podría derivar en su destitución e inhabilidad.

Estas indagaciones avanzan mientras se constata que la parlamentaria ignoró en dos oportunidades las citaciones que la Fiscalía General de la Nación le formuló antes de su posesión, cuando ya cursaban denuncias interpuestas por las directivas universitarias y los órganos reguladores de la ingeniería.

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FRACTURA EN EL PACTO HISTÓRICO

La reacción de la bancada de Pacto Histórico ha oscilado entre la estupefacción y el rechazo explícito.

A través de su Coordinación Nacional, el partido emitió una declaración pública distanciándose de la congresista y anunciando la intervención inmediata de su Comité de Ética, enfatizando que no se tolerarán conductas que comprometan la fe pública, aunque exigiendo el debido proceso.

Iván Cepeda y Agmeth Escaf se manifestaron señalando que quien le miente al país con papeles falsificados debe asumir las consecuencias y abandonar la curul.

Al mismo tiempo, figuras políticas regionales que impulsaron su candidatura han intentado desmarcarse de la controversia.

La senadora Isabel Zuleta manifestó públicamente que no le corresponde auditar las credenciales académicas de los líderes que surgen de los procesos populares, una defensa que evidenció el malestar y la falta de rigor en los filtros de selección interna del movimiento.

Este episodio deja precedentes para el proyecto político, como el caso de Juliana Guerrero en la administración de Petro, cuando nombramientos de alto nivel quedaron envueltos en señalamientos por títulos y hojas de vida falsos.

La reincidencia en estas prácticas desmiente una vez más la promesa de cambio y transparencia moral con la que la coalición de izquierda conquistó al electorado, transformando un discurso de renovación en una réplica de mañas tradicionales.

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EL COSTO POLÍTICO EN ANTIOQUIA

El impacto electoral de este escándalo resulta devastador para las aspiraciones del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia.

En un territorio históricamente marcado por la hegemonía conservadora y de oposición, haber entregado una curul a una aspirante con antecedentes escolares ficticios dinamita la poca credibilidad que la izquierda intentaba afianzar entre los sectores técnicos y la clase media urbana.

Con las elecciones regionales en el horizonte, en las que se disputarán la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, concejos y Asamblea, los sectores de oposición han encontrado en el caso de Estrada el talón de Aquiles perfecto para deslegitimar las listas petristas.

Los candidatos locales del partido deberán cargar con el estigma de la falta de rigurosidad ética y los pactos clientelistas en la asignación de candidaturas regionales.

La insistencia en la renuncia del “paquete chileno” de la Verónica Estrada desnuda la primacía del pragmatismo que el movimiento busca desesperadamente para salvar la curul y evitar una humillante vacancia parlamentaria.

No obstante, aun si logran relevar a la congresista antes de una condena, el daño a la confianza pública está consumado, dejando en evidencia que los filtros de la izquierda fallaron estrepitosamente a favor de la simulación y el engaño.

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Ruben Benjumea
Soy periodista por vicio y bloguero por pasión y necesidad. Estamos fortaleciendo otra forma de hacer periodismo independiente, sin mucha censura, con miedo a las balas perdidas, pero sin cobardía.