Categoría: Columnistas

Inició el proceso de inscripción de candidaturas tanto al Concejo como a la Alcaldía del creado distrito de Medellín, y con este periodo arranca la esperanza de elegir lo mejor para la ciudad de la eterna primavera o lo que en otrora llamamos la “tacita de plata”.

Con un partidor en el que se cuenta quizás con más candidatos que electores, algunos más inquietos que otros inician la selección de propuestas de aquellos candidatos que recogen una mejor visión de ciudad, otros, menos acuciosos o dependientes del acontecer político y administrativo, dejarán para el último mes de campaña su decisión sobre en quien depositar su voto, definen si lo harán por propuestas o como voto castigo en contra de algunas de las tendencias que se vienen abriendo paso en la ciudad donde no registran los partidos tradicionales.

No ha sido fácil para la ciudadanía de Medellín sopesar la actual administración de la ciudad. Desde su inicio se ha visto envuelta en diferentes escándalos de corrupción en el que se encuentran involucrados muchos de sus más cercanos colaboradores, estos sin contar con la puerta giratoria dado la constante rotación de personal en todos los puestos de manejo tanto en su nivel central como en entes descentralizados.

Las administraciones de la ciudad de Medellín en los últimos 20 años fueron encomendadas a mandatarios que al llegar al piso 12 del CAM trataron de construir sobre lo construido, fortalecieron el vínculo Universidad – Empresa – Estado, alianza que en gran parte logró posicionar a la Medellín de hoy. Lastimosamente el saliente alcalde Quintero se dedicó a buscar peleas en diferentes espacios, creando un clima de polarización en la ciudad.

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El presidente Gustavo Petro ha manifestado su desconfianza hacia los grandes medios de comunicación a los que acusa de estar controlados por intereses políticos y económicos. Según él, no ofrecen una información objetiva y veraz, sino que manipulan la opinión pública.

En ese sentido la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha considerado las afirmaciones del presidente Petro como un peligro para la libertad de prensa debido a que ha cuestionado el papel de los medios y ha propuesto medidas que podrían limitar el trabajo de los periodistas.

Estas afirmaciones en contra de algunos medios de comunicación no son nuevas, recordemos, que, durante su campaña presidencial del 2018, propuso crear un ente regulador que vigilara el trabajo de los medios y sancionara a aquellos que difundieran información falsa o sesgada. Esta, aunque bien podría controlar y poner límite a las FAKE NEWS, también genera preocupación entre la prensa, que aún temen que desde el “Ejecutivo” se desborde la medida y se utilice como herramienta para censurar y limitar su trabajo.

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Laura Sarabia, quien fungía como jefe de Gabinete del presidente Petro, fue acusada de obligar a su niñera, Marelbys Meza, a someterse a la prueba de polígrafo para investigar el robo de una maleta en su hogar.

Según Meza, Sarabia la acusó de haber robado la maleta y la obligó a someterse al examen para demostrar su inocencia. Sin embargo, la prueba no arrojó ninguna evidencia que vinculara a Meza con el robo y ella negó haberlo cometido. Posteriormente, Meza presentó una denuncia contra Sarabia por abuso de poder y violación de sus derechos humanos.

En la denuncia de la niñera esta manifiesta que el 30 de enero fue llevada a un edificio al frente de la Casa de Nariño, donde fue interrogada por los hechos y además sometida a una prueba de polígrafo, al parecer por personal perteneciente a la protección presidencial. La denuncia fue aceptada por la fiscalía y se encuentra a la espera del proceso judicial.

Lo que podría ser un problema interno en la vivienda de la exjefe de gabinete pasó a un ventilarse en medios de comunicación, que ha dado a conocer el abuso de poder de esta exfuncionaria, porque si bien en Colombia no existe regulación de la prueba del polígrafo sobre un trabajador, tampoco existe prohibición expresa sobre su práctica, y aunque la señora Sarabia podría aplicarla, siempre y cuando contara con el consentimiento de la empleada, llama mucho la atención el por qué la desplazó hasta un lugar cercano a la Casa de Nariño y utilizó personal adscrito a la Presidencia de la República para practicarla, cuando el deber ser era que acudir a la fiscalía para interponer la denuncia por el presunto robo de su maleta.

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El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente mientras se llevaba a cabo una investigación en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión fue tomada después de que la Corte encontrara pruebas suficientes para sospechar que Uribe había intentado presuntamente manipular a testigos para que declararan a su favor en un caso que involucraba a un senador de la oposición.

El caso en cuestión se remonta a 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de tener vínculos con grupos paramilitares y presentó pruebas falsas contra él. Cepeda denunció a Uribe por manipulación de testigos, y después de una larga investigación, la Corte Suprema decidió abrir una investigación formal contra el expresidente.

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En el calendario se estableció el día 29 de julio de 2023 como fecha en la que los aspirantes a las corporaciones a elegir en octubre pueden iniciar propaganda electoral tres meses antes del día de elecciones.

No obstante, el auge de candidaturas por firmas, es decir, aquellos candidatos que inscribieron comité promotor y buscan el aval de la ciudadanía para respaldar su aspiración, estarían infringiendo la ley.

En los artículos 24 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011 coinciden en establecer que todo despliegue publicitario que se realice con la finalidad de obtener apoyo electoral en favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana, antes de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones resulta en una conducta vulneradora de la normativa electoral.

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Las contralorías territoriales se encuentran coaptadas por grupos políticos en las distintas regiones del país, de ahí, que, quienes se atreven a denunciar se sienten desfallecer ante la lentitud de las investigaciones que se presentan.

Quienes ostentan en su mayoría el cargo de Contralor se debe someter para su elección a un cabildeo ante diputados y concejales del territorio donde pretende hacerse elegir.

Esto, porque, aunque la norma exige concursos de méritos, la realidad es que tanto en Asambleas como Concejos interpretan y estructuran puntajes con el fin de facilitar la elección y posterior nombramiento del participante que demuestran todo, menos el mérito para el cargo.

Designado el nuevo contralor, la retribución comienza una vez se posesiona el “jefe de control fiscal”. La carga burocrática se empieza a realizar con los nombramientos de los cargos directivos y estratégicos, personal que coincidencialmente hacen parte de los equipos políticos de los diputados y concejales que eligieron al “contralor controlado”.

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En Colombia existe una división de poderes entre las diferentes ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, así como órganos autónomos para el ejercicio de funciones específicas, por lo que, en este sentido, el presidente de Colombia no es el jefe de ninguno de estos funcionarios.

Las recientes declaraciones del presidente Petro contra del fiscal general Barbosa, en las que lo califica como su subalterno ponen en riesgo la estabilidad institucional del país. Una cosa es solicitar a la Fiscalía información de los avances en determinadas investigaciones, que cómo jefe de Estado es normal que las pueda solicitar, y otra muy diferente, proclamarse de manera autócrata como el jefe del fiscal general de la Nación.

El Artículo 115 de la Constitución bajo cualquier circunstancia no puede entenderse con base a ideas que han sido derrotadas por el constitucionalismo de que el jefe de Estado es el Estado, en pocas palabras «El Estado soy yo», actitud que contraría el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho y la vida democrática de la Nación. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional.

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Nos encontramos en la nueva generación de Inteligencia Artificial IA, y aunque no es un término nuevo, se ha venido avanzando a medida que lo hace la ciencia, el nuevo modelo informático no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos, sino que puede producir el contenido por sí misma.

Textos, melodías, series de televisión y las imágenes, son creados ahora por una inteligencia no humana. Según las proyecciones para el año 2026 este modelo de IA será capaz de escribir comentarios de texto mejor que un estudiante de bachillerato, también se espera prontamente que la IA pueda conducir un camión más fácil y seguro de como lo hace una persona.

Los riesgos de la inteligencia artificial no deben tomarse a la ligera. A medida que avanza la tecnología de IA, nuestra vida cotidiana se entrelaza cada vez más con ella. Desde automóviles autónomos hasta dispositivos domésticos inteligentes, la IA se está convirtiendo en una parte integral de nuestras vidas.

Sin embargo, con la mayor presencia de IA viene un mayor riesgo. Los sistemas de IA pueden ser vulnerables a ataques maliciosos, y, si se ven comprometidos, podrían tener graves consecuencias. La IA también se puede utilizar para fines no deseados, como vigilancia o para manipular el comportamiento de las personas.

La IA podría tratarse de una amenaza especialmente grave para las democracias. En la democracia se ofrece un marco para el diálogo organizado y continuo, pero ¿qué pasaría si la IA se apodera de este diálogo?, se acabó la democracia?

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Lo primero que debemos decir sin adentrarnos en las dificultades internas del equipo Atlético Nacional con sus barras, es que el manejo durante y después de ese partido no fue el adecuado ni por el alcalde ni por el secretario de Gobierno del Distrito, quienes debido a su cercanía con actores que se encuentran en ese conflicto en vez de conciliar los ánimos lo que hicieron fue fortalecer el discurso de confrontación entre los empresarios dueños de este equipo y grupos de barristas, imponiendo ese discurso político de lucha de clases, como si acá también se tratará del GEA y los sectores populares que dicen representar, pero ahora con el grupo Ardila Lülle y los barristas de una tribuna, tomando partido hacía estos últimos.

En segundo lugar se encuentra como se ha venido manejando, no solo en esta administración, el tema de la seguridad en el estadio Atanacio Girardot, ya que a partir de la Política Pública de Cultura del Fútbol aprobada desde el año 2017 se están invirtiendo rubros en temas que buscan espacios de interacción entre hinchas de sus dos equipos y el distrito de Medellín, sin embargo cabe preguntarnos, si como se ha venido realizando, el código de policía y convivencia ciudadana permite que particulares puedan prestar servicios por así llamarlos logísticos de seguridad en eventos, cuando estos deben estar a cargo de quién lo realiza y de las autoridades competentes.

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Esto significa que las acciones y decisiones que tomen los adultos, las familias, las comunidades o las instituciones deben garantizar y priorizar el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, además de respetar el goce y ejercicio de todos sus derechos.

Así mismo, se debe tener en cuenta sus necesidades de seguridad, salud integral, atención psicosocial, participación y acceso a la justicia o servicios legales.

Aunque la Convención hace parte del Bloque de Constitucionalidad, los legisladores colombianos realizaron la presentación, discusión, trámite y aprobación del proyecto de Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

Sin embargo, y contrario a las mayorías que aprobaron este proyecto de ley en el Congreso, el aumentar penas no disuade el comportamiento de violencia infantil en Colombia.

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