La Personería de Medellín, analiza con preocupación el incremento de muertes violentas y además, la pobreza en que un millón trescientas mil personas viven y tiene que permanecer en el rebusque para no morir de hambre, eso sin contar las trescientas mil más que viven en la indigencia en la capital de la transparencia y de los demagógicos lemas “Del miedo a la Esperanza” y “Medellín Segura, Juntos Si Podemos”.

De acuerdo con la Jefatura del Ministerio Público Local, desde el año anterior se viene presentando un incremento en las muertes violentas, lo que proyecta que al finalizar el 2009 se superen los 2000 homicidios.
Como lo habíamos explicado anteriormente, el incremento de los asesinatos en Medellín es el resultado de la reorganización de las bandas y combos, después de la extradición el 13 de mayo de 2008 de los 14 jefes de los paras entre ellos alias “Don Berna”, quien ordenó votar por el proyecto político “ALONSO ES”, de acuerdo con su propia declaración.
Los presuntos responsables de la violencia en Medellín son las decenas de grupos armados ilegales que operan en la ciudad. De acuerdo con la Personería, ni el DAS, ni la policía, ni la alcaldía, y menos los medios de comunicación saben a ciencia cierta cuantas bandas operan en Medellín.
Hasta el momento se habla que operan en el área metropolitana entre 150 y 300 bandas delincuenciales que agrupan a unos 3.600 gatilleros de todos los perfiles.
Y dice la Personería: “(…) Es evidente que en Medellín hay un serio problema de gobernabilidad, ocasionado por estos grupos armados que desafían el orden legal, y mediante la combinación de acciones delictivas y prácticas de sometimiento territorial y poblacional, instauran micro-órdenes paralelos que constituyen espacios de soberanías parciales e híbridas, generando en una buena parte de la ciudad un orden múltiple en el cual conviven legalidad e ilegalidad (…)”. ¿Cómo les parece? Ahora dirá nuestro burgomaestre local que la personería quiere desestabilizar el poder legitimo de las autoridades, ¡él es capaz!
Gran parte de estos grupos ilegales, dice el Ministerio Público, están ligados a las estructuras delincuenciales de la denominada Oficina de Envigado, la banda de los Paisas, el Grupo de alias “Comba” del cartel del Norte del Valle, el grupo de Urabá liderado por el hoy detenido Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, y el grupo de alias “Cuchillo” y Chepe Barrera de los Llanos Orientales.

La violencia tiene en graves problemas la estabilidad de las actividades académicas de varias Instituciones Educativas de la ciudad.
Pese a que el Secretario de Educación Municipal Felipe Andrés Gil Barrera, ordene a los profesores silenciarse frente a los problemas de orden público que compromete a los colegios de Medellín, como sucedió en la Institución Educativa de Pedregal, donde resultó un estudiante herido con bala, la realidad no se puede tapar con un dedo.
La personería argumenta que la comunidad de varias instituciones escolares son víctimas de las amenazas e intimidaciones, lo cual genera la deserción de estudiantes por la imposibilidad de acceder a las sedes por los controles ilegales o por el desplazamiento forzado de sus núcleos familiares. Igualmente, el traslado de docentes amenazados, la falta de garantías y el asesinato de algunos estudiantes adolescentes en las inmediaciones de los establecimientos educativos, impiden la normalidad académica.
Advierte la personería de Medellín, que orienta el jefe de jefes, Jairo Herrán Vargas que: “(…) Esta situación debilita una de las apuestas esenciales de las dos últimas administraciones municipales, (la de Fajarkamón y “Lonso” Salazar), encaminadas a hacer de la educación un instrumento de equidad, de lucha contra la pobreza y generación de alternativas legales a la oferta criminal que reciben cada día los jóvenes de la ciudad (…)”. En otras palabras, “Medellín, la Más Educada”, es otra falacia de estos nuevos acróbatas de la política.

Según la Encuesta de Calidad de Vida del municipio de 2008, el 59% de los habitantes de Medellín, un millón 334 mil son pobres y el 17% de sus habitantes unas 368 mil personas viven en condiciones de indigencia.
Para completar un estudio realizado por la Corporación Región, integrada por los mismos oenegeros amigos de Fajardo y “Lonso”, señaló que el modelo económico y social aplicado en Medellín y en Colombia es regresivo e inequitativo. Entonces qué es lo que están haciendo estos reinventores de la ciudad? ¿O es culpa de Piedad o de Chaves?

Sobre la medida “toque de queda” dice la Personería: “(…) Aunque la Administración Municipal ha tratado de mantener el liderazgo sobre el qué hacer más adecuado y oportuno, esta acción hizo perder el norte y desafortunadamente se incurrió en conductas que colocan en entredicho los derechos humanos. El establecimiento del “toque de queda” para menores de edad en la ciudad, es un asunto en el cual más que una decisión autónoma de la Administración de desconocer derechos, lo que ha ocurrido es que priman las presiones que algunos sectores ejercen y se termina accediendo en asuntos que un gobierno democrático no debería admitir (…)”.
En otras palabras argumenta la Personería de Medellín, que la violencia en la ciudad durante este año, generó una enorme presión sobre la administración de la ciudad, expresada, en las actividades del Gobierno Nacional dirigidas a tomar el liderazgo e imponer su noción de seguridad a las autoridades locales, o en las iniciativas de la Policía Nacional por instaurar medidas que restringen libertades y derechos en aras de obtener resultados en materia de seguridad.

Un total desacierto fue la decisión que tomó la Alcaldía de Medellín en modificar el proyecto inicial de creación de la Clínica de la Mujer.
Dice la jefatura del Ministerio Público que la reorientación del proyecto Clínica de la Mujer, fue otra de las medidas inesperadas que se produjo a raíz de la presión ejercida por la Iglesia Católica y sectores afines a ella, debido a la proyectada atención integral a los problemas de la mujer, en la cual incluía la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), autorizada por la Corte Constitucional y reconocida como un derecho en la Sentencia C-355 de 2006. Como consecuencia de la crisis salieron del gabinete municipal las titulares de la Secretaría de la Mujer y de Salud.
El incumplimiento del mandatario es evidente. El proyecto Clínica de la Mujer, dice el organismo de control disciplinario, corresponde a una iniciativa planteada desde la campaña electoral del Alcalde “Lonso” Salazar, conforme a la solicitud que hizo el Movimiento Social de las Mujeres, fue incluida en el programa de gobierno y luego en el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal, con el fin de atender los problemas de salud de las mujeres, en especial en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la práctica de la IVE, fue eliminada de los servicios a prestarse en la Clínica de la Mujer y reasignada al Hospital General de Medellín.
La prohibición de la IVE puso nuevamente en la agenda pública un debate, que se creía superado, frente a la intromisión de la Iglesia en asuntos de Estado. La Constitución Política Nacional establece que el Estado Colombiano es un Estado Laico, terrenal o Civil, que respeta las expresiones religiosas sobre la base de que el derecho de cada persona a profesar las creencias que libremente adopte se encuentra por fuera de la órbita estatal y no puede ser convertido en un esfuerzo por reconstruir un Estado confesional, mucho menos sobre la base de confundir doctrinas con delitos.

La Personería de Medellín constató que durante este año, se presentaron serias dificultades para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos en un ambiente de seguridad y respeto por esta labor desde la sociedad civil y desde la institucionalidad pública.
Lastimosamente ha venido creciendo la hostilidad hacia los defensores de derechos humanos, a través de amenazas telefónicas, correos electrónicos, aparición de listas de presuntos objetivos militares, panfletos, declaraciones de funcionarios públicos tendiendo dudas sobre la actividad de defensa de los derechos humanos, a lo cual se ha añadido la resistencia por parte de la Administración local (la de “Lonso”) a expresar públicamente su respaldo a la labor de defensa de los derechos humanos que hacen organizaciones de la sociedad civil, quienes lo han solicitado debido al ambiente hostil en que trabajan.
Grave es conocer que en el primer semestre de este año se inició una investigación por la Fiscalía Seccional 74 destacada ante la Séptima División, en la cual con base en testimonios de informantes “fletados”, se vinculó a actividades ilícitas a varios defensores de derechos humanos y se ordenó investigar a reconocidas organizaciones no gubernamentales por ser presuntamente integrantes de la estructura de organizaciones insurgentes.

Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 2009, según Medicina Legal, ocurrieron en la ciudad 1.717 homicidios de los cuales 1.615 son hombres y 102 mujeres, presentándose un incremento del 106,9% con respecto al mismo periodo del año 2008, cuando se reportaron 830 muertes violentas.
La tasa promedio a octubre de 2009 en la ciudad es de 74,1 homicidios por cada cien mil habitantes. El año 2009 es el año con más homicidios durante los últimos cinco años. Medellín presentó un descenso ininterrumpido desde el año 2002 cuando se produjeron 3.721 homicidios y una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 98,2, pero ésta tendencia bajó hasta el año 2007, cuando se presentaron 709 casos y comenzó de nuevo a presentarse un incremento de manera gradual y acelerado, llegando a incrementarse dicha cifra a la fecha en un 142,2%.
Las zonas de mayor violencia homicida son la nororiental, noroccidental y centro-occidental, destacándose también algunos corregimientos. La mayor cantidad de víctimas han sido hombres de estrato socioeconómico bajo y medio-bajo con un 84% y con edades oscilantes entre los 18 y los 35 años con un 68%. Las armas de fuego son los principales medios causales de los homicidios con el 84%. El uso de armas de alto calibre y de uso privativo de organismos del Estado, las masacres y los ataques indiscriminados fueron recurrentes y afectaron la vida e integridad de personas ajenas a los grupos en conflicto.
La percepción de seguridad en la ciudadanía disminuyó de manera dramática. Conforme al informe del mes de septiembre “Medellín Como Vamos”, se revela que la percepción de seguridad pasó de un poco más del 72% en el 2008, al 49% en el 2009.

Por su parte, se han realizado dos acuerdos entre “combos”, facilitados por la Policía Comunitaria, con el acompañamiento de la Alcaldía y la Personería, los cuales han determinado de manera exclusiva sobre no agresión en las comunas 8 y 13.

En directa relación con el tema de los homicidios en la ciudad, se encuentra el proceso de Desarme, Desmovilización y Reincorporación que se realiza en la ciudad, en el cual la reincorporación se encuentra a cargo del Programa de Paz y Reconciliación, adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.
En seis años se han atendido 5.344 personas desmovilizadas tanto colectiva como individualmente. De la totalidad de reinsertados se encuentran activos 3.588 personas los cuales representan el 67%, el 18% que representan 942 personas están inactivos, se graduaron 129 que equivalen al 2%, fueron detenidos 275 que equivalen al 5%, y 374 han sido asesinados que equivalen al 7%. Los demás han renunciado o han sido expulsados.
La Personería manifestó su preocupación por el incremento de reinsertados detenidos por las autoridades y otros tantos asesinados. En lo que va corrido del año 2009, las muertes violentas han crecido respecto al total del año anterior en un 76%. Así mismo a noviembre de 2009 el número histórico de participantes del programa de reinserción que han sido detenidos asciende a 275.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la Secretaría de Educación Municipal por ejemplo, consultó la situación de 93 Instituciones Educativas, 44 de las cuales reportaron riesgos diversos para sus estudiantes.
Pese a la dificultad para determinar las amenazas se evidencia que en cerca de 54 casos existe un grado de amenazas ciertas y directas realizadas de manera precisa y con variadas modalidades.

A octubre 31 de este año se reportaron como desaparecidos un total de 602 personas en Medellín, aunque los hechos causantes no son todos del 2009. De ellos han aparecido vivas o muertas 148 personas, quedando un total de 454 personas que aún se encuentran en condición de desaparecidos.
La Personería, revisó 316 casos de estos que han sido judicializados y ha podido constatar que aunque se encuentran en la Fiscalía General de la Nación como presuntos casos de Desaparición Forzada, sólo en 24 de ellos existen méritos y hallazgos de sucesos violentos y violadores de derechos humanos que permiten inferir de forma razonada y razonable la existencia de esta conducta delictiva en la ciudad durante el 2009.

La Fiscalía General de la Nación conoció este año 38 casos de presunto secuestro extorsivo en el Valle de Aburrá, y sólo en seis de estos casos los hechos corresponden al 2009, y se encuentran distribuidos 3 en Medellín, 2 en Bello y uno en Caldas.
De los casos en Medellín es importante aclarar que no existen personas cautivas y que los hechos ocurrieron presuntamente en el sector de la Cuarta Brigada, en la Calle Colombia con la carrera 80 y en el barrio Boston.