La ola privatizadora en Colombia ha sido constante desde 1995. La implementación de las políticas neoliberales ha hecho que empresas estatales pasen a formar parte de los grandes grupos económicos privados, así Telecom, Orbitel, Ecopetrol, entre muchas otras se convirtieron en las joyas de la corona de esos grupos empresariales. Argumentaron para las ventas los malos manejos y las irregularidades administrativas y según los vendedores “para buscar la eficiencia empresarial”.
La última gran venta de un activo público fue la de Une, empresa de comunicaciones del grupo empresarial, también público, EPM, a la multinacional Millicom, propietaria de la empresa de telefonía móvil Tigo. (Recordemos que los dineros recaudados se invierten hoy en los parques de río) La justificación para la venta fue el alto nivel de corrupción y politiquería al interior de la compañía y el supuesto rezago tecnológico al que había llegado que a la postre la llevaría a la quiebra.
Ahora, el Gobierno Nacional pretende poner en venta el último gran activo público que queda (con excepción de EPM, que seguramente ya está en la mira de algún próximo gobernante y de un gran grupo empresarial privado), ISAGEN, una empresa completamente rentable, y que paradójicamente, debido a esa rentabilidad es que quiere venderse.
Muchos se han pronunciado en contra de este negocio, el Contralor General de la República, critica la subvaloración de la empresa, pues según él, debe apreciarse más o menos en 9 billones y no en 5 como la han hecho, el exministro de minas Amilkar Acosta, plantea que “la rentabilidad de ISAGEN es un hecho cierto pero la de infraestructura no” y advierte del riesgo que se deriva de perder el control accionario de la segunda generadora de energía del país, el Consejo de Estado ha planteado algunas objeciones al “negocito” y decretó medidas cautelares que paralizaron temporalmente la venta.
Sin embargo, y pese a la gran cantidad de voces autorizadas en contra de la venta de ISAGEN, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, insiste en la necesidad imperiosa de los recursos que ingresarían por el negocio para invertir en unas vías, las 4G, con las que Colombia, según él, “se dispararía dentro del mundo de la eficiencia”.
El Doctor Cárdenas, ilustre hijo de la patria, no ha pasado desapercibido en su caminar como funcionario público, camino que no ha sido corto. Fue Ministro de desarrollo económico del Gobierno Gaviria, en el Gobierno Pastrana, en 1998 se desenvolvió como Ministro de Transporte y en el Gobierno de Santos ha ostentado dos ministerios, el de minas y el actual, el de Hacienda.
El llamado a la memoria pretende retornar a 1998, cuando Cárdenas Santamaría, ejerciendo el cargo de Mintransporte se vio envuelto en el escándalo de corrupción catalogado por los analistas como el más grande del Estado colombiano: DRAGACOL.
Muchos han planteado que el Hoy Minhacienda, se vio involucrado en el escándalo por rebote, lo cierto es que el Consejo de Estado lo condenó como deudor solidario de los dineros que la empresa DRAGACOL debía devolver al fisco nacional, fallo que posteriormente la Corte Constitucional tumbó.
Sin embargo la mujer del Cesar no sólo debe serlo sino también parecerlo, y la tozudez que le impide a Cárdenas ver los argumentos financieros de los opositores a la venta y su persistente afán de mostrar la necesidad imperiosa de los recursos, sumado a su inmediato pasado como Ministro de Transporte generan un profundo manto de duda en el “negocito” de 5.3 billones de pesos que cuesta la hoy la rentable ISAGEN.
