Los escándalos de los millonarios contratos firmados por la Fiscalía General de la Nación han evidenciado el alto poder que esta Institución ha obtenido durante la presidencia de Santos.
En oposición, inversamente proporcional al poder económico, político y mediático de la actual entidad dirigida por Montealegre, los resultados de su esencia de ser: la investigación y la acusación, dan grima. A modo de anécdota, solo recordar lo sucedido con los trece jóvenes acusados de terrorismo en la ciudad de Bogotá.
En este contexto en el que una de las Instituciones más importantes del Estado se convirtió en la oficina de promoción y prensa para no sé qué propósitos de un funcionario que ha logrado poner a su entera disposición casi todas las esferas de las tres ramas esenciales de la democracia, se genera un escándalo que no puede ser adjetivado de manera diferente al de vergonzoso.
La imputación hecha a la actriz Carolina Sabino, acusándola de practicarse un aborto ilegal, no pasa de ser un espectáculo mediático (comadreo entre parroquiales) generado por la misma fiscalía, en el que se evidencia lo vulnerable que es nuestra intimidad violentada so pretexto de la seguridad (historia que creíamos ya se había superado) y, lo más preocupante de todo, expuesta al país entero con ánimos netamente distractores de la realidad que vive la fiscalía.
Y es que el actual manejo de las investigaciones en Colombia se ha convertido en un tira y afloje, de primicias informativas, de ires y venires de versiones acomodadas que pretenden poner a favor de cada una de ellas la maniquea opinión pública con la cual presionar las autoridades judiciales y en esto ya los abogados se han convertido en todos unos especialistas en relaciones públicas, estrategias comunicativas y escenografía de la realidad.
Mientras tanto, en un acto que muestra lo inescrupulosos que son algunos de nuestros funcionarios, la reputación de una mujer de alto reconocimiento por su actividad es expuesta ante la godarria colombiana, arriesgando de manera suprema su integridad física, pues los habitantes del País del Sagrado Corazón de Jesús no tenemos ningún tipo de recato a la hora de juzgar.
Ahora bien, yéndonos a la forma del escándalo (ya conocemos que el fondo de todo es distraer la atención del país que se ha escandalizado por las denuncias de los millonarios contratos firmados por la Fiscalía), es claro que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo está aún en pañales, es increíble que todavía se persiga a las mujeres que porque sí deciden abortar.
Un agravante adicional, que desmoraliza a los proabortistas, Eduardo Montealegre el actual Fiscal General de la Nación, se había mostrado durante su ejercicio en las altas cortes como uno de los juristas de pensamiento más liberal, por lo que aún menos se entiende la medida tomada.
