jueves, marzo 28, 2024

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CUESTIÓN PÚBLICA

La semana anterior se realizó un debate a la educación de la ciudad en el Concejo de Medellín. Exactamente los cabildantes pretendían conocer el estado de las instituciones educativas entregadas a terceros en concesión y de la educación por cobertura en general.

La cobertura educativa es una figura con la que se pretende suplir las insuficiencias en materia de cubrimiento educativo del Estado. En otras palabras, privados pagados por el Municipio que hacen lo que los gobernantes son incapaces de realizar.

Sin embargo, la buena intención mostrada por los debatientes, el fondo del asunto, estaba bien lejos. Los Concejales Aura Marleny Arcila, Fabio Humberto Rivera y Jesús Aníbal Echeverri, sentaron en el banquillo a Juan Diego Barajas, Secretario de Educación de Medellín, para preguntarle el porqué de la aplicación del Decreto 1851 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, que reglamenta la contratación del servicio educativo con terceros y que como principio pretende racionalizar la tercerización de la educación.

El debate fue candente. Las barras del recinto estaban a reventar y fuera de él se proyectaba una fila con la que se podría vaciar y volver a llenar dos veces más. La comunidad acompañante le exigía a la Secretaría de Educación que no tocara las instituciones concesionadas, que quienes las administraban estaban haciendo un excelente trabajo.

Por su parte el doctor Barajas esgrimía asuntos de calidad para argumentar la necesidad de retomar desde la oficialidad las instituciones o por lo menos cambiar de operador.

Pero lo realmente preocupante fue la actitud de los concejales, que mostraban su afinidad con los operadores privados con abrazos y saludos cordiales y cuestionaban a la Secretaría por intentar aplicar la ley.

El debate sobre la tercerización en cualquier aspecto es de vieja data. Incuestionable es que en algunos sectores funciona de manera eficiente, pero en la mayoría no es más que la forma de exprimir las finanzas del Estado por parte de algunos particulares.

Y es en el plano de la defensa de lo público donde hay que poner el debate. La tercerización no es más que una forma de privatizar, y que oficialicen de nuevo algunas instituciones educativas que no lo eran, es un aporte de la administración de la Secretaría a ese propósito.

Olvidó el doctor Juan Diego que el Concejo de Medellín en los tres últimos periodos se ha destacado por tener una marcada inclinación, en la misma línea de las administraciones locales en general, a la privatización. No olvidemos que fue en esta vigencia que se vendió con vía libre de la Corporación, la empresa pública UNE. Y que para pesar de todos los que creemos que lo público no es malo per se sino por los administradores, mientras la relación entre los privados y la política esté mediada por el capital en las campañas electorales, el bien común correrá el más alto riesgo de desaparecer.

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Adolfo Ospina
Licenciado en Educación Español y Literatura de U de A, apareció hace unos 4 años a este proyecto. Especialista en pedagogía de la lengua escrita de la Universidad Santo Tomás, Ambientalista y defensor de los derechos de los animales, peor que Vallejo.