domingo, abril 21, 2024

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ORINAR EN LA CALLE, MULTA DE…

La promulgación del nuevo código de policía y convivencia, es la demostración del precario desarrollo social de nuestro país. Todas las instituciones del Estado pierden el año con la publicación de una ley tan coercitiva y sancionatoria (¿y necesaria?) como ésta.

En primera instancia y quizás una de las más mal calificadas, sino la más, es la familia. El nuevo código de policía es una cartilla de comportamiento que recoge uno a uno los principios que otrora eran transmitidos de manera casi que natural en el hogar: darle prioridad a los ancianos, a las mujeres en embarazo, entre otras, eran conductas que estaban inoculadas en la esencia de las anteriores generaciones.

En segundo lugar, y no con una calificación muy distante de la de la familia, está la educación. En el momento en que los niños y adolescentes “se salieron de las manos de los padres”, la sociedad pretendió que fuera la escuela quien entrara a formar en valores a la población, sin embargo el código demuestra que fue un nuevo fracaso. Las políticas educativas, van de tumbo en tumbo de improvisación en improvisación, dependiendo del embeleco del ministro de turno, sin pensarlas desde lo que somos ni desde nuestras necesidades como Nación.

Ni la familia, ni la escuela, instancias naturales de la formación de una sociedad, han logrado generar comportamientos de respeto por el otro, por el contrario, y con el pasar del tiempo, se ve como nuestra sociedad es más egoísta, irrespetuosa, oportunista y facilista.

Hoy se depositó la responsabilidad de la formación en valores en la policía, que sea ella quien con una estrategia basada en el miedo y la represión haga cumplir el principio regente de la convivencia: El respeto.

Orinar en la calle, no recoger el excremento de las mascotas, arrojar basuras en la vía pública, hacer ruido hasta el amanecer y la gran cantidad de contravenciones estipulados en el nuevo código, no son más que la evidencia de lo poco que valoramos al conglomerado social en que estamos inmersos.

Y seguimos improvisando, nuestra historia ha demostrado que la sola promulgación de leyes (vivimos en un país de leyes), no basta para corregir comportamientos que afectan nuestra convivencia, por el contrario pareciera que fuera un reto incumplirla y buscar al mismo tiempo la forma de salir ilesos de ella por eso “hecha la norma, hecha la trampa”.

A la par de estas pseudoconsideraciones, si se quiere sociológicas del código de policía, existen unas condiciones completamente pragmáticas en la aplicación del mismo. Muchas de las medidas estipuladas son ya de por sí incumplibles pues se distancian completamente de la realidad que vive nuestra sociedad, incluso en la presencia efectiva de un policía en el momento y lugar de la infracción, algunas medidas a tomar son inaplicables. Solamente 7 días después de la entrada en vigencia de la ley 1801 (N.C de P), en el barrio Olaya de Cartagena, un intento por hacer cumplir el artículo 33 de la misma (sonidos o ruidos que afecten la convivencia) terminó con la muerte de una persona y dos agentes del orden lesionados.

Además, depositar la responsabilidad de la formación para la convivencia, en un ente que debe encargarse principalmente de evitar y controlar actos delictivos en las ciudades en las cuales campea la delincuencia, es un desacierto completo.

Una vez más buscamos el ahogado río arriba, no queremos entender que mientras no hayan comportamiento socialmente éticos en las cabezas visibles de cada una de nuestras instituciones, que mientras no le devolvamos el valor formativo a la familia, (ojo no al concepto tradicional de familia), ni a la escuela, el desarrollo social de nuestro país seguirá siendo precario, por más sanciones coercitivas y monetarias que se establezcan.

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Adolfo Ospina
Licenciado en Educación Español y Literatura de U de A, apareció hace unos 4 años a este proyecto. Especialista en pedagogía de la lengua escrita de la Universidad Santo Tomás, Ambientalista y defensor de los derechos de los animales, peor que Vallejo.