El modelo implementado por el gobierno Santos para lograr que Colombia sea el país más educado de Latinoamérica en el año 2020, es el principio del fin de la educación pública superior.
La estrategia utilizada en la que se subsidia la demanda, disfrazada en premios a los mejores, “los pilos”, y no a la oferta, no es otra cosa que empezar a desfinanciar las universidades públicas, ya de por sí con presupuestos golpeados, por el recurrente recorte presupuestal del que han sido víctimas.
El nuevo modelo implementado, que además de quitarle recursos al sector educativo superior público, los reparte entre los privados, ha beneficiado en dos años de aplicación a poco más de 21.000 estudiantes, mientras que una sola universidad estatal del país, como la de Antioquia, en ese mismo periodo puede dar cabida a cerca de 20.000 estudiantes. (En Colombia hay 32 universidades públicas).
Justifica el programa, que pretende ser política pública mediante el proyecto de ley 258 de 2016, el mejoramiento de la calidad de la educación con programas de este tipo que incentivan el buen desempeño académico de los estudiantes, sin embargo detrás de él se encuentran realidades a tener en cuenta.
En primer lugar, las universidades públicas han caído en un descrédito no propio, sino generado por el mismo desprestigio de todas las entidades del Estado, que han llevado a la privatización de gran parte del patrimonio común de los colombianos, sin embargo contrario a lo que se piensa, universidades como la de Antioquia, la del Valle y más la Nacional, se muestran en los primeros puestos de las diferentes mediciones tanto a nivel local como regional y global, situación que se debe valorar más, si se tiene en cuenta, además de las dificultades financieras, el afán politiquero por su manejo y la dificultad para la retención de maestros con excelentes desempeños, que sólo pueden estar en estas entidades con una contratación salvaje como es la figura de cátedra.
Este desprestigio, que hace parte de la percepción y no de la realidad, ha llevado a que el 85% de los 497.913 millones de pesos que se han invertido en los dos años de vida del programa, dineros de carácter público, haya tomado como destino las universidades privadas, gran parte de ellas pertenecientes a comunidades religiosas.
En segundo lugar, y teniendo como ejemplo lo que sucede en Medellín con el programa de becas del “fondo EPM para el fomento de la educación”, pronto se creará uno para el manejo de los dineros del programa “ser pilo paga”, fondo que se convertirá, por el alto presupuesto que maneja, en un nuevo fortín burocrático, como lo es el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo.
El fin de la educación pública superior se avecina sino se acaba con el peligroso modelo de la financiación de la oferta y no de la demanda, como ha sido hasta ahora. No se puede seguir permitiendo que los recursos públicos alimenten las cuentas de los privados, como está pasando en este momento, y menos podemos permitir que las universidades que históricamente han sido el bastión académico del país, sean acabadas por el afán mercantilista del presidente Santos y sus ministros de turno.
