El debate que durante los casi tres meses de presidencia de Iban Duque ha concentrado gran parte de la atención del Congreso y de los colombianos en general tiene nombre y apellido: Alberto Carrasquilla Barrera, el nombrado Ministro de Hacienda, sobre quien recaen dos grandes responsabilidades de este gobierno, las reformas tributaria y pensional.
Básicamente la arista sobre las que ha girado el cuestionamiento al nuevo Minhacienda es sobre su responsabilidad en la deuda de 117 municipios a raíz de reformas sucedidas en su periodo como Ministro durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y que permitieron, en palabras sencillas la mercantilización del agua y la intermediación del sistema financiero en la posibilidad de las comunidades de acceder a ese bien público.
Pese a lo delicado del asunto y a las voces en contra de Carrasquilla el gobierno hábilmente ha logrado mantenerlo en su cargo aduciendo que no hubo ninguna ilegalidad en los procesos y que el Ministro obtuvo unas “míseras ganancias de 8 mil millones de pesos”, en su participación en las negociaciones.
El gobierno logró mantener la discusión en términos de legalidad e ilegalidad, y de oportunismo empresarial y no en el plano en el que inicialmente se debería dar el debate de la presencia de Carrasquilla en el gobierno: la ética política.
¿Cómo un ministro de hacienda genera las condiciones para que 117 municipios empeñen sus regalías destinadas a la construcción de acueductos por 19 años? Es una pregunta que no merece respuesta desde la ley, pues estamos acostumbrados a que se reformen pequeños articulitos de la Constitución para beneficio particular. La respuesta debe darse desde lo ético que un acto de esos es o no.
La tranquilidad que puede generar un hombre cuyo principal objetivo en un cargo de interés general es el beneficio particular es absolutamente nula, lo que implica que (así no pase nada), las reformas propuestas por él serán todas sospechosas de beneficiar a unos y perjudicar a las mayorías (nada nuevo en Colombia).
Pero detrás de la pertinencia o no de la presencia del “dedicado Albertico” en ese ministerio, hay un debate más profundo: el poder político. Darle la razón a la oposición de lo inadecuado del nombramiento sería generar la percepción de una oposición fuerte y eso en las actuales condiciones sería nefasto para el nuevo gobierno, por lo que en la medida en que más ataques haya contra Carrasquilla, más fuerte será la defensa que de él haga el gobierno.
El debate no es sencillo, así se quiera ver de esa manera, mantener el poder político y a la oposición a raya es fundamental para garantizar la gobernabilidad, así el país entero pida otra cosa, por eso es necesario mantener ciertas condiciones que para Andrés Rodríguez (Universidad de Granada), son los atributos simbólicos de ese poder, entre otros, “el carácter sacralizado de los detentores del poder o autoridades, de donde proviene su intocabilidad física así como su posición casi inalcanzable”. Condición esta que hace que los servidores de un gobierno sean impolutos, así éticamente estén cuestionados por sus mismas actuaciones.
