Las multitudinarias marchas realizadas el pasado 10 de octubre reclamando la financiación adecuada de la educación superior, demostraron que pese a la derechización política y la implementación constante y acelerada del neoliberalismo en el país, todavía hay una fuerte resistencia a liberar al Estado de algunas responsabilidades sociales, como la educación.
El problema no es nuevo, ya la denuncia se había hecho cuando se aprobara la ley 30 de 1992, que aumentaba el presupuesto destinado para las universidades públicas en el I.P.C anual, desconociendo los verdaderos costos de la canasta educativa, que particularmente en estas tres décadas se han incrementado de manera significativa por el vertiginoso desarrollo tecnológico que obliga a las instituciones de educación superior a hacer enormes inversiones para mantenerse en un mercado muy competitivo.
Desconocer el verdadero costo de la canasta educativa le ha significado en la actualidad a las 32 universidades públicas del país aproximadamente 18 billones de pesos. Déficit actual de este sector.
A la par de un insuficiente financiamiento durante los últimos 25 años, también aparece de manera más reciente, pero no nuevo, el cambio de modelo para el cumplimiento de esa obligación del Estado. Ser Pilo paga determina que gran parte de los recursos públicos que originalmente deberían ser destinados para las universidades públicas se vayan para las privadas, cambiando así de financiar la oferta a financiar la demanda (modelo que dicho al margen, se impuso para la salud, y que cuya implementación en la educación colombiana ha sido razón de protestas del sindicato de trabajadores de la educación FECODE.)
Ser Pilo Paga, el programa para la educación superior creado en la presidencia de Juan Manuel Santos, le ha costado al país cerca de 3.5 billones de pesos en 4 años, para dar cubrimiento a aproximadamente 40.000 estudiantes, que representan un 1.98% de la población que requeriría ser atendida, según explicó Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente de la SUE (Sistema Universitario Estatal) quien además complementó diciendo que con este monto las universidades públicas hubieran podido ofertar cerca de 320.000 cupos educativos nuevos. “Nos quitaron los recursos públicos para sostener las universidades privadas” Sentenció Torres Oviedo.
La educación está en crisis, no solo la superior. Según el gobierno es un asunto de calidad, desconociendo que las universidades Nacional y de Antioquia puntean los listados de mejores instituciones superiores del país y la primera de ellas es la Universidad colombiana que mejor ubicación tiene en el ranquin de las mejores del mundo.
Según las organizaciones sindicales el problema de la educación es un asunto de financiamiento y compromiso real del gobierno que ha ignorado la necesidad de crear políticas educativas sustanciales que garanticen a largo plazo el funcionamiento adecuado de un sector que podría ser la solución a la crisis sistemática que aqueja a Colombia.
El panorama es incierto y tenebroso, Duque ha planteado la Financiación Contingente al Ingreso (FCI), que no es más que dar más recursos al ICETEX, para aumentar los créditos educativos y reducírselos a las universidades. Esto apunta a la brillante idea de la Paloma Valencia que en un trino dijo que el déficit debería ser cubierto por los egresados de esas instituciones con un tributo que equivalga al 20% del salario.
