“PERSIGUIENDO AL ENEMIGO”

“PERSIGUIENDO AL ENEMIGO”

El asunto de la coca de Santrich, que realmente resultó siendo la coca de Néstor Humberto Martínez y la DEA, alcanzó para que los citantes al debate de hace un par de días solicitaran el regreso del alzado en armas al proceso de justicia transicional y para que el ¿presidente? Duque replicara que a ese narcoterrorista había que perseguirlo a pesar de que el debate buscaba hacerlo ver como una “mansa paloma”. ¿Cuál de las dos conclusiones es más razonable? Sin duda la de los que convocaron el debate…

Que Santrich sea o no una “mansa paloma” no tiene absolutamente ninguna importancia porque lo único indiscutible es que los acuerdos de paz ya se firmaron y no precisamente entre mansas palomas sino entre actores de una guerra de más de medio siglo.

El acuerdo se firmó para que fuera cumplido por ambas partes independientemente de su nivel de acogida o de su comportamiento pasado y es entonces a partir de la firma del acuerdo que se deben evaluar los comportamientos de las partes.

Santrich y los suyos se comprometieron a dejar las armas, y el Estado y los suyos a implementar un modelo de justicia transicional que ofreciera garantías para el desarme. Hasta ahí, nada hay que discutir porque independientemente, de si nos gustan o no, esos acuerdos son un deber moral que cualquier ciudadano podría exigir cumplimiento a ambas partes.

Con relación al caso Santrich, que ha despertado pasiones innecesarias, lo que cualquier persona juiciosa debe evaluar sin importar sus amores u odios a los acuerdos o a los que los suscribieron, es si se presentaron incumplimientos y cuáles deben ser las consecuencias de los mismos.

El Gobierno hizo todo el alboroto con el caso Santrich porque, desde el establecimiento, era importante demostrar a través de este personaje que la justicia transicional no funciona seguramente para ambientar las propuestas que desde la finca del expresidiario se vienen preparando para “derogar” la JEP. Se dio a conocer un video donde supuestamente este hombre negociaba drogas y se defendió todo este plan de criminalización en una orden de extradición proveniente de Estados Unidos.

Hoy sabemos que el video fue editado y que los agentes encubiertos encargados de la investigación operaron ilegalmente. Sabemos que esos agentes en vez de haber infiltrado una organización criminal lo que hicieron fue simular ellos mismos haber sido la organización criminal y, por lo tanto, cualquier persona que se sentara a “negociar” cocaína con ellos estaría realmente haciendo un delito imposible porque no se puede negociar droga falsa con narcotraficantes falsos.

Con dichas revelaciones el tema es más grave: ni siquiera Santrich estaba creyendo estar negociando drogas, sino que hasta en eso le engañaron y los agentes encubiertos realmente no fingieron estar delinquiendo sino estar haciendo otra clase de actividades legales para poder hacer el video y obtener audios de Santrich que posteriormente fueron editados para hacerlos parecer como acuerdos para el tráfico de drogas.

Estos son hechos ya probados en el escenario del control político porque allí se lograron corroborar sin ser desvirtuados. Son hechos probados y por lo tanto reconocerlos no significa ninguna clase de simpatía por Santrich o ninguna clase de defensa del narcotráfico. De hecho, no podría ser ello una defensa del narcotráfico porque no hubo ninguna actividad de narcotráfico.

Exigir que los responsables de ese montaje respondan ante el país y la justicia no significa asumir que Santrich sea una “mansa paloma”. Reconocer como debe hacerse que a ese personaje lo engañaron para tenderle una trampa que tenía como objetivo una aleve arremetida contra la JEP no significa ponerlo de ejemplo ni defender sus aspiraciones, sino tener la valentía de reconocer que el Estado comete crímenes.

El siguiente asunto problemático es qué debe pasar una vez conocidos esos hechos no desvirtuados por la Fiscalía y el Gobierno. Con los responsables del montaje en Colombia debe pasar que se les debe investigar penalmente por varios delitos relacionados con el montaje, entre ellos la prevaricación y la tentativa de fraude procesal que tenía como objetivo la Corte Suprema de Justicia a la cual querían engañar para que autorizara la extradición de Santrich.

Con respecto a los norteamericanos que participaron en el montaje también se deben adelantar investigaciones en nuestro país por esos mismos delitos, y aunque tanto Estados Unidos como Colombia serían países víctimas de la urdida petición de extradición que afectaba ambos sistemas judiciales, los intereses más afectados fueron los de Colombia porque además de la administración pública y de justicia se afectó el proceso de paz y ello debe ser razón suficiente para que tanto colombianos como norteamericanos deban ser procesados en Colombia.

¿Qué debe pasar con Santrich? Asumiendo como un hecho públicamente probado que este hombre regresó a las armas existen dos caminos bastante razonables: el primero es que la JEP cancele su orden de captura por el rearme y le ofrezca de nuevo las garantías de no extradición y todas las prerrogativas derivadas del acuerdo, incluyendo la de regresar al Congreso, basando esa decisión en que el Estado fue el incumplido y el incumplimiento de una parte autoriza el retiro del acuerdo por parte de la otra y en aplicación del principio de igualdad y de favorabilidad constitucional retroactiva del acuerdo permitir que tenga el mismo tratamiento de sus excompañeros de armas actualmente cobijados con esas prerrogativas.

Esta solución tiene la objeción de que la firma del acuerdo obligaba a Santrich a haber confiado en las instituciones colombianas, pero esa objeción puede tener como respuesta que Santrich no tenía otro camino para evitar la extradición pues a él mismo le constaba y así se demostró, que las propias instituciones le habían hecho un montaje.

La otra objeción posible y menos importante sería que con ese antecedente entonces cualquier disidente podría luego reclamar prerrogativas basado en un incumplimiento del Estado y la respuesta es igual de simple: si a otro disidente le arman un montaje de semejante naturaleza entonces también se le debe aplicar la misma garantía.

El segundo camino razonable para la solución del tema Santrich podría ser que la JEP decida mantenerle dentro de la jurisdicción especial por los delitos cometidos hasta la fecha de firma de los acuerdos y dejar que lo relacionado con el rearme sea investigado por la justicia ordinaria (donde se evaluará si hubo justificación o miedo excusable de Santrich para rearmarse).

Este camino estaría basado en que la JEP no debería perder competencia por circunstancias en las que hubo acciones dolosas del mismo Estado, pero al no haber sido expresamente reguladas tales circunstancias en los acuerdos, la competencia para investigar delitos posteriores a la firma de los acuerdos debe ser de la justicia ordinaria.

Esta segunda salida puede tener menos objeciones que la anterior, pero quizás sea menos conveniente si lo que se busca es devolver credibilidad en el Estado tras semejante trampa al proceso de paz porque en este caso no asume ninguna clase de responsabilidad política por el acto de traición que urdió.

En todo caso los responsables hasta las más altas esferas del poder deben responder ante la justicia y ante el país. En Estados Unidos en cuestión de meses habrá capturas y solicitudes de extradición a Colombia por estos hechos pues un jurado norteamericano fue engañado por colombianos y estadounidenses para autorizar una solicitud de extradición basada en montajes.

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En Colombia nos aferramos a seguir siendo una “republiqueta” porque en vez de abrir los ojos a la realidad hemos decidido seguir el camino propuesto por los políticos, periodistas y abogados del uribismo para justificar el uso de mecanismos criminales orientados a la persecución de quienes son considerados enemigos de la patria, sin darnos cuenta que cuestionar esta clase de crímenes de Estado no significa defender criminales como lo plantea Iván Duque y que los que afirman esas bellaquerías en cambio sí están haciendo apología del crimen de Estado pues están reconociendo que todo vale para perseguir a quien se considere el enemigo.

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