El secretario de gobierno de Medellín dijo esta semana que la alcaldía dejó de contratar el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad con el Jardín Botánico porque había que “equilibrar la cancha”, refiriéndose a la repartición de contratos para permitir que Metroparques debutara en la prestación de ese servicio a pesar de no haber punto de comparación en idoneidad entre ambas entidades.
No hace falta ser conocedor de temas de contratación pública para caer en cuenta de manera inmediata que la necesidad económica del contratista no puede ser el criterio para que se le entreguen presupuestos aun cuando se trate de una entidad pública.
Tampoco hay que ser experto en grandes asuntos de gobierno para saber que la contratación pública se rige por principios que nada tienen que ver con la repartición del presupuesto de manera “equilibrada” entre contratistas y que la contratación pública busca realizar los fines del Estado por encima del mantenimiento de entidades y burocracias administrativas.
La confusión entre los fines del Estado y los medios para su realización es un síntoma de desprecio por uno de los asuntos más básicos de la Constitución porque siempre que exista una incompatibilidad entre el medio y el fin, a nadie debería caberle dudas de que se debe preferir el fin, y por ello, resulta más que repulsivo que sin sonrojo se anuncie públicamente la decisión de poner en riesgo la calidad de un servicio con la justificación de aportarle recursos al que va a ser encargado de prestarlo.
La idoneidad de los servicios a cargo del Estado está por encima de cualquier otro cálculo. Dijo el secretario de gobierno que no tenía que ser siempre el Jardín Botánico la entidad encargada del mantenimiento de las zonas verdes y en eso tiene razón porque podría perfectamente aparecer otra entidad que ofrezca una mejor prestación de ese servicio para justificar algún cambio, pero todo el mundo sabe que Metroparques no tiene ningún tipo de experiencia en la materia y por eso la ciudad está siendo víctima de una aborrecible manipulación.
Este lamentable episodio debe motivar algunas reflexiones importantes para la ciudad. La primera es que la administración pública se está ejerciendo con una agenda basada en fines y principios diferentes a los de la Constitución Política porque para el gobernante sus propios fines y principios son más importantes.
De allí se desprende también que quienes gobiernan se comportan como si estuvieran participando en una especie de juego donde las decisiones se toman basadas en objetivos donde las entidades y el presupuesto se conciben como una especie de fichas que se pueden ir moviendo al gusto del jugador hasta que considere satisfecho lo que según su criterio sería lograr “el equilibrio”.
Lo más grave de todo es que esto no parece ser una simple torpeza o un simple afán de entregarle contratos al Partido Liberal, beneficiario ya identificado de estas decisiones, sino más bien parte de un desmedido convencimiento de que en la ciudad todo debe ser intervenido para comenzar desde cero porque en este juego aparecieron los que sí tienen el talento suficiente para equilibrar canchas.
