Como era de esperarse el triple Ex y sus subalternos pusieron el grito en el cielo al salir a la luz pública un pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, sobre lo que se ha conocido como falsos positivos y que eufemísticamente el gobierno ha llamado homicidios extrajudiciales.
Según la JEP, la mayoría de este fenómeno macrocriminal se presentó en el lapso comprendido entre 2002 y 2008, periodo de la política de seguridad democrática, la bandera del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
En vertiginoso periplo hecho por el triple Ex por los medios de comunicación el pasado viernes 19 de febrero, quedó claro que los colombianos le debemos al entonces presidente una lucha implacable por el respeto de los derechos humanos y que nunca fue una política de su gobierno, que tenía como principio operacional primero disparar y luego preguntar, este tipo de resultados. Si es así, fracaso absoluto.
Aislar el fenómeno macrocriminal llamado por la misma JEP como falsos positivos, de conductas repetitivas de este tipo que históricamente se han presentado en el país, es por ser bondadoso, simplista.
Es irrefutable, así las damas de Centro Democrático se despeluquen en el infructuoso intento de exculpar al triple Ex, que los falsos positivos obedecieron a una conducta incentivada por las “recompensas” ofrecidas por el gobierno para obtener resultados, y en un país donde el valor de la vida es igual a nada, no podría esperarse algo diferente.
Pero también es completamente incontrovertible que los falsos positivos obedecen a una estrategia de fondo de los poderosos del país para mantener el statu quo, y evitar perder el dominio de esta finca denominada Colombia.
La historia reciente de esta nación ha estado marcada por ciclos de derrames caudalosos de sangre, todos ellos contra comunidades marginadas o excluidas del centro del poder:
En los estertores del siglo XX un partido político fue exterminado casi de manera total, los miembros de la UP fueron asesinados uno a uno por grupos paramilitares y miembros activos de las fuerzas armadas, la razón, ser el brazo político (para muchos) de los grupos subversivos. El terror de los dueños del poder político y económico se resumía en una utópica consolidación de una política social en el país. Esto no dista mucho de lo que sucede hoy en día cuando todo lo que suene a oposición está en la mira de los asesinos. Y no solo oposición política, sino y más oposición a proyectos rentables para alguno de los grandes grupos económicos en los que cabe contar el narcotráfico.
Como resultado de los falsos positivos y una campaña mediática sin precedentes, las fuerzas militares de la nación se arraigaron en el común de la población colombiana, llegando a números impensables en las encuestas que miden la percepción de las diferentes instituciones que componen el Estado.
Con el absoluto dominio político obtenido a sangre y fuego y unas Fuerzas Armadas completamente adoctrinadas que tienen claro cuál es el enemigo, el poder no cambiaría nunca de manos.
Hoy treinta años después de un ciclo de matanzas de líderes y militantes de un partido político, 20 años después de un ciclo de asesinatos de inocentes, cuyos únicos delitos fueron estar en el lugar menos oportuno y no pertenecer a las clases que ostentan el poder, asesinatos con los que nos hicieron creer que la guerra que se libraba estaba a punto de ganarse, se cierne sobre Colombia un nuevo ciclo, esta vez contra líderes sociales, que pueden tener una filiación política o no, que pueden ser defensores del medio ambiente o no, opositores a proyectos mineros o de salvaje expansión ganadera o agrícola o no, con el mismo objetivo de siempre: mantener el poder en las manos en que debe estar.
ESTRIBILLO:
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