CONTRARREFORMA A LA JUSTICIA

CONTRARREFORMA A LA JUSTICIA

La denominada “reforma a la justicia” que está a punto de convertirse en Ley Estatutaria -puesto que únicamente le falta un trámite de conciliación de la diferencia entre los textos aprobados en Cámara y Senado-, ni es una reforma, ni tampoco fortalece la justicia.

Los puntos fuertes invocados como logros del proyecto son el aumento de presupuesto, la creación de algunos despachos judiciales y la virtualización, mientras que los puntos que se suelen criticar como retrocesos son la flexibilización de requisitos para ocupar cargos importantes y la limitación del derecho a la huelga de los servidores de la Rama Judicial.

Esos son los temas más mediáticos y cualquier desprevenido pensaría que lo que se está buscando es abrir espacios en la Rama Judicial para los políticos y ofrecer algo de zanahoria para disimular la verdadera ambición gubernamental por concentrar más poder.

Está demostrado que el problema esencial de los cargos de fiscal o magistrado no es la mayor o menor especialidad de su formación académica, sino el origen político de su nombramiento, lo cual en vez de corregirse se profundiza en esta reforma, y de ahí para abajo básicamente lo demás son golosinas.

Se declara que la justicia es un servicio público esencial para dar apariencia de avance al acceso a la misma pero la verdadera intención detrás de eso es que los funcionarios judiciales no puedan salir a paro a pesar de que está demostrado que los servicios urgentes como las tutelas y los trámites con personas privadas de la libertad no se afectan con estas protestas. Si los funcionarios no tienen la posibilidad de protestar, el día de mañana les terminarán quitando con mucha facilidad lo que hoy les ofrecen como supuestas concesiones.

Se habla de avance en la virtualización, que para los usuarios de la justicia y para los abogados litigantes es bastante cómodo pues resulta posible atender en una mañana o una tarde varias audiencias programadas en distintas ciudades del país, pero a los funcionarios de la justicia no se les entregan herramientas logísticas suficientes para atender la cantidad de requerimientos virtuales que se les presentan ni para la digitalización de expedientes.

La justicia penal seguirá en las mismas: fiscales sin herramientas de trabajo y dedicados a perseguir delitos de poca monta fáciles de condena para mantener la estadística mientras los delitos de cuello blanco que son los que requieren alta logística de investigación siguen en la impunidad o siendo pan comido para los corruptos.

La Rama Judicial seguirá siendo lo menos importante en las prioridades del gasto público orgánico pues los aumentos de presupuesto son apenas simbólicos: al tiempo que avanzaba esta reforma en el Congreso, avanzaba también la reforma de la Procuradora Cabello que busca tener poderes judiciales para lo cual ahí sí se aumenta presupuesto y la capacidad logística de manera relevante, mientras a partir del próximo 1 de julio entra en vigencia el nuevo régimen disciplinario de servidores públicos y a la Rama Judicial se le va a terminar duplicando el trabajo en dicha materia porque la Comisión de Disciplina Judicial ahora tendrá competencia para investigar y juzgar a un montón de nuevos sujetos disciplinables con prácticamente el mismo presupuesto.

No nos encontramos en presencia de una reforma a la justicia, sino de una contrarreforma que lo que busca es profundizar el poder del ejecutivo en otras ramas del poder público, con la correspondiente amenaza de que en adelante ni siquiera se podrá protestar para tratar de evitarlo.

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