martes, octubre 15, 2024

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PERSONAS MUERTAS

Sin tener como referencia un contexto concreto resulta fácil señalar que la conducta del que abusa de la autoridad es más grave que la del que abusa del derecho porque en el primer caso se está sobrepasando un poder que la sociedad confió a una persona cualificada, mientras en el segundo caso lo que se sobrepasa es una libertad que cualquiera podría ejercer por el sólo hecho de ser ciudadano.

Ambos casos son evidentemente indeseables para la convivencia pacífica, pero sin duda alguna la prioridad a la hora de expresar rechazo social debería concentrarse en los abusos de quienes ejercen poder, que son quizás los peores males.

Pero si aterrizamos al contexto colombiano reciente las cosas terminan siendo al revés: durante el paro nacional lo más grave para el Gobierno y una buena parte de la opinión pública fueron los abusos que cometieron quienes ejercieron el derecho a la protesta social y no los abusos que ejercieron los miembros de la fuerza pública en contra de ciudadanos.

Basta ver el énfasis que algunos medios de comunicación y líderes políticos afines a ideologías autoritarias han puesto en los daños que se cometieron a los cristales de algunas sucursales bancarias y a algunos bienes públicos, mientras la cantidad de mutilaciones y muertes que fueron causadas por miembros de la Policía con el acompañamiento de paramilitares fueron marginados como temas aislados y secundarios.

Esa penosa inversión de los valores podría tener muchas explicaciones que apuntan hacia el odio por quien se revela y hacia un cierto fetichismo por quien reprime. Al que protesta se le estigmatiza como si fuera un enemigo de todos, mientras al que castiga y ejerce “justicia” callejera se le tiene como un héroe, pese a que no existe ninguna justificación racional para ese tipo de consideraciones.

En el Estado Social de Derecho las instituciones no son un fin en sí mismo, pues el fundamento filosófico de la Constitución es la persona y para ella es que están edificadas las instituciones. No al revés. De manera que cuando las instituciones abusan, las alarmas sociales deberían ser mayores que cuando las personas abusan.

Los excesos de los manifestantes no justifican los excesos de la fuerza pública, ni estos ni aquellos. En Colombia nos han querido vender la idea que hay que estar con la Policía o con los vándalos como si el problema de la violencia fuera de buenos y malos según la bandera que lleven, y pocas veces nos detenemos a estudiar las casusas y el verdadero significado de la violencia.

A los miembros de la Policía se les está considerando institucionalmente como la defensa en medio de los ataques de una guerra en la que el enemigo es el que hace parte de la protesta. Hace poco la Corte Constitucional señaló que no era un acto del servicio (competencia de la justicia especial) que unos policías hayan permitido que ciudadanos se calcinaran durante un incendio en la Estación de Policía de Soacha, y tal vez eso sea cierto, pero resulta innegable que esas acciones u omisiones estuvieron motivadas por el ejercicio del rol de “parte enemiga” dentro de esa “guerra” hacia la que esta sociedad empuja diariamente a esos seres humanos por cuestiones de banderas “institucionales”.

La solución que se le ocurrió al gobierno de Duque fue presentar un proyecto de Ley que llamó de “seguridad ciudadana” que está a punto de ser aprobado y castiga con desproporcionados aumentos de penas algunos comportamientos considerados como indeseables en el marco de protestas sociales como el uso de capuchas e elementos como palos o piedras al tiempo que ha menospreciado y desatendido el más reciente informe de la ONU en relación con la masacre policial de 28 personas en este contexto.

Estamos hablando de 28 personas asesinadas por la Policía durante jornadas de protestas mientras lo que más afana al Gobierno es castigar a los que se exceden protestando. Imaginemos que esas 28 personas asesinadas no hubieran sido jóvenes promotores del paro sino miembros de la Policía, ¿dejarían de ser un aspecto secundario y pasarían -ahí sí- a convertirse en una tragedia nacional que nadie debería negar ni trivializar?

Por ahora lo que se vende como importante es ganar la guerra a como dé a lugar, y para eso se necesita que las prioridades sigan el revés porque el mobiliario y los vidrios rotos son más importantes que los 28 muertos…

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LUIS MAURICIO URQUIJO TEJADA
Abogado penalista, docente universitario y conferencista en temas relacionados con la criminología.