Por estos días la reconocida psiquiatra experta en temas de salud pública, Carolina Corcho, ha sido objeto de una feroz cadena de críticas infundadas debido a la razonable posibilidad que tenía de ser designada ministra de salud habiendo tenido la osadía de enfrentarse (siendo mujer, y, en tono desafiante) desde hace varios años a las injusticias originadas en la mercantilismo y la intermediación financiera y administrativa de la salud por parte de las EPS en nuestro maltrecho sistema.
Corcho ha liderado luchas a favor de los derechos de las personas trabajadoras del sector de la salud, incluso desde la residencia universitaria ha señalado desde mucho antes que fueran obviedades, las principales deficiencias del sistema de salud de nuestro país. Promovió, en conjunto con diversas agremiaciones profesionales y científicas la Ley Estatutaria de la Salud que permitió elevar esta prerrogativa al rango de derecho fundamental de aplicación directa, y ha sido una de las más destacadas partícipes en la formulación de la propuesta de reforma estructural al sistema de seguridad social en salud del programa de gobierno de Gustavo Petro.
¿Cuál era el interés en impedir que fuera ministra? Las principales críticas que le formulan a la Dra. Corcho se refieren a varias de sus declaraciones sobre el sistema de salud durante la pandemia: señaló que la estructura del sistema permite que se presenten muertes evitables, además que aseguró que se permitieron aglomeraciones innecesarias de manera prematura durante los picos de contagios, y que la reforma que debían acoger los candidatos presidenciales debía incluir la terminación de la intermediación que ejercen las EPS.
Se trata de críticas tan pobres como las motivaciones que les preceden. Frente a las muertes evitables, la crítica se basaba en que el sistema no mata a tantas personas como señaló la experta, y, que, por tanto, estaba exagerando como si lo grave fuera una exageración (que no es tal) y no las muertes. Frente a ello la Dra. Corcho aclaró hasta el cansancio que sus cifras provenían de fuentes oficiales que estaban referidas a un concepto amplio de mortalidad evitable en el que la salud no consistía únicamente en asistencia de la enfermedad sino en el logro de condiciones para evitarla, pero sus feroces y poco honestos críticos prefieren quedarse repitiendo lo mismo.
En cuanto al mal manejo de la pandemia, la ministra designada dijo lo mismo que Petro durante la campaña, pero a ella la critican con una mendacidad que no suele verse contra otros (varones) que dicen los mismo. Corcho criticó la reapertura apresurada de las instituciones educativas y de los espectáculos públicos porque en ese momento las muertes por Covid aumentaban. Lo que no le perdonan es que ella defendía el derecho a la protesta y por ello la acusan de incoherencia, cuando lo cierto es que la protesta no se podía posponer o hacer por medios virtuales mientas que la educación y la recreación sí.
La nueva ministra ha planteado que alrededor del 30% de los recursos de la salud se quedan en intermediación financiera y administrativa de las EPS, y que tales atributos deben desaparecer porque niegan el acceso a los servicios de salud como derecho fundamental a través de barreras como las tristemente célebres autorizaciones donde estas empresas de banqueros son jueces y parte. Los críticos no le perdonan atreverse a desafiar semejantes poderes y le acusan de querer acabar con esas empresas para estatizar la salud, nada más bellaco…
La propuesta de reforma estructural al sistema no consiste en liquidar empresas sino en eliminar la intermediación que ejercen porque sólo así se puede hacer efectiva la Ley Estatutaria de la Salud (a la que se opuso en entonces ministro Alejandro Gaviria). La propuesta consiste en que las clínicas públicas y privadas sigan siendo prestadores de servicios sin tener que pasar por la burocracia de las tenebrosas autorizaciones en causa propia de las EPS, y eso no tiene nada que ver con la supuesta “estatización” o involución del sistema hacia el modelo del antiguo Seguro Social.
A nadie debería molestarle que la materialización de la orden médica dependa del médico tratante y no de un banquero interesado en negar servicios. De allí que resultan bastante sospechosos los intereses de los críticos de la propuesta, pues a los únicos que perjudican es a los empresarios de la intermediación, dado que el rol de administración del aseguramiento lo puede ejercer una entidad no interesada en la negación de servicios.
Los críticos de la propuesta sacan a relucir la idea de que gracias a las EPS muchas personas tienen un carné de afiliado, pasando por alto que la salud no es un mero papel y de ello dan cuenta los diarios paseos de la muerte de personas debidamente afiliadas. Los críticos de la propuesta son los opinadores desinformados y los políticos defensores de las EPS como el exministro Alejandro Gaviria.
Acierta Gustavo Petro al impedir que sus acercamientos con los críticos de la necesaria reforma a la salud pudiesen impedir este acertado nombramiento, pues el mensaje que envía al país es que las reformas que prometió no están en entredicho. Lo que podemos esperar los colombianos de la salud con la próxima reforma es que deje de ser como el corcho en un remolino porque lo que acá nos sobra es el remolino y no el corcho.
