Integrantes del oficialismo argumentaron que hubo irregularidades en el trámite legislativo y que el Ejecutivo estaría habilitado para proceder, aunque la decisión final recaerá en la Corte Constitucional.
El anuncio que hiciera el presidente Petro de convocar por decreto una consulta popular, tras haber sido archivada por el Congreso, desató una fuerte tormenta política en el país.
En su alocución, el mandatario justificó la medida alegando que en el Senado “hicieron trampa” y que nunca hubo un concepto favorable, por lo que, según él, la Corte Constitucional deberá decidir sobre la validez del decreto, además que defendió que el pueblo es el verdadero dueño del poder político y que, pese a las amenazas y críticas, avanzará con la consulta.
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PETRO DECRETA CONSULTA POPULAR@petrogustavo acaba de convocar a la #ConsultaPopular por decreto.
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— Rubén Benjumea (@puntodevistardb) June 4, 2025
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La reacción de la oposición fue inmediata. El expresidente Álvaro Uribe calificó de un “quiebre constitucional” y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la tildó de “golpe de Estado”, advirtiendo que representa una ruptura de los poderes públicos y una afrenta contra el Legislativo y el Judicial.
El PetroSantismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el Gbno Petro al Congreso
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 4, 2025
La controversia se intensificó cuando ocho partidos políticos, entre ellos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Conservador y de la U, rechazaron en bloque la iniciativa y pidieron a las altas cortes y órganos de control que actúen en defensa de la Constitución.
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Si el presidente Petro decreta la consulta popular estaría violentando todas las leyes y la justicia colombiana. Ese decreto será demandado inmediatamente.
La consulta popular se negó en la plenaria del Senado, así que no hay manera de que el señor registrador acepte convocar a… pic.twitter.com/15jcvxhtDw
— Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) June 4, 2025
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Desde el Congreso, se advirtió que la convocatoria por decreto carece de aval legal y podría constituir un acto abiertamente inconstitucional.
Por su parte, integrantes del oficialismo argumentaron que hubo irregularidades en el trámite legislativo y que el Ejecutivo estaría habilitado para proceder, aunque la decisión final recaerá en la Corte Constitucional.
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