La Corte Suprema de Justicia abrió este 21 de agosto una investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero de Pacto Histórico por el presunto delito de concusión, al supuestamente haber utilizado funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo para beneficio de un negocio familiar, un fruver en Bogotá.
Este jueves, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició de manera formal la investigación contra el congresista David Racero por el delito de concusión.
El señalamiento central gira en torno al uso indebido de personal de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, para labores ajenas al ejercicio de su misión, específicamente vinculadas con un fruver ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá.
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El magistrado instructor, José Fernando Reyes, ordenó practicar pruebas tras el ingreso a la Corte de una serie de chats en los que se evidencia cómo funcionarios de la UTL habrían sido obligados a realizar compras, diligencias y pagos vinculados al negocio familiar, quedando supuestamente por fuera de sus funciones oficiales.
Según los chats en poder del despacho desde septiembre pasado, ya han impulsado la práctica de pruebas y declaraciones.
En paralelo al proceso ante la Corte Suprema, el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra Racero. El caso se centra en las mismas irregularidades, el uso de asistentes legislativos para atender el fruver, rendir cuentas vía mensajes y llamadas y supuestamente recibir consignaciones sospechosas.
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Para esclarecer las relaciones laborales y ordenes impartidos al conductor John Leonardo García Lara, quien, según audios filtrados, recibió instrucciones fuera de su rol, la Corte Suprema requirió en oficio a diversos operadores de telefonía entregar los registros de llamadas entre García y Racero entre 2020 y 2022.
También se solicitó un informe técnico forense a la DIJIN y al CTI para verificar la autenticidad de los chats, descartando los registros de WhatsApp por la imposibilidad técnica de acceder al contenido cifrado.
Este caso pone bajo la lupa el uso de recursos públicos para fines personales, comprometiendo la imagen de la bancada de Pacto Histórico y el control ético del Congreso.
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De probarse lo señalamientos de las denuncias, Racero podría enfrentar no sólo sanciones judiciales sino también su pérdida de investidura, deteriorando la reputación de la “izquierda” del país quienes con su relato presumen defender los derechos de la clase trabajadora.
La Corte Suprema continuará con la recopilación de pruebas, estudios técnicos y el análisis de los registros telefónicos por lo que en pocos días se programará una diligencia de indagatoria para escuchar al congresista Racero.
Paralelamente, el trámite en el Consejo de Estado sigue su curso en torno a la posible destitución o inhabilitación del representante si se acepta que hubo usurpación de funciones y conflicto de interés.
Este caso representa un desafío clave para el sistema judicial y político en el sentido de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando está en juego el buen uso de recursos humanos y la confianza pública en la función legislativa.
