La Fiscalía General de la Nación interceptó el teléfono celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante 71 días debido a la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de dos CAI en Rionegro.
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La fiscalía general de la Nación realizó interceptaciones telefónicas al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante 71 días entre el 14 de mayo y el 23 de julio de 2024, dentro de la investigación por supuestas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata, CAI, cuando ejerció como alcalde de Rionegro.
Las chuzadas no se limitaron al gobernador, otros nueve teléfonos vinculados a funcionarios actuales, excolaboradores de la alcaldía de Rionegro y excontratistas también fueron interceptados, según el ente investigador.
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La solicitud de legalización de las interceptaciones fue presentada formalmente el 23 de julio de 2024 por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, tras reactivar el caso con la llegada de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Las diligencias obedecieron a tres órdenes judiciales, la última de ellas emitida el 27 de mayo de 2025.
Por su parte, el mandatario seccional cuestionó la legalidad e imparcialidad de las interceptaciones, criticando que se le hubiera calificado como «imputado», pese a que el proceso se encuentra en indagación preliminar.
Anunció también una recusación formal contra la fiscal general, considerando que se trata de un acto con clara motivación política.
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Queridos paisanos y Colombianos: las escuchas a mi teléfono, a mis conversaciones como Gobernador de Antioquia, por orden de la Fiscal Camargo, son muy graves para la democracia.
Este es un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia, a fin… pic.twitter.com/HcJKkJ9g3a
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025
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El trasfondo del caso apunta al periodo de Rendón como alcalde de Rionegro entre el 2016 y 2019, cuando el contrato para construir dos CAI, valorado en más de $1.270 millones de pesos, estaría actualmente bajo investigación por posible detrimento patrimonial.
La Fiscalía sostiene que las interceptaciones fueron necesarias para avanzar en la investigación.
