Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien asumía la medida de prisión domiciliaria impuesta tras condena en primera instancia. La decisión se adoptó mientras se tramita la apelación del fallo condenatorio.
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El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por la jueza Sandra Liliana Heredia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, recibiendo una pena de 12 años de prisión domiciliaria.
Tres días después de conocer la condena, su defensa presentó una tutela alegando violaciones a derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Bogotá concedió esta tutela este 19 de agosto de 2025, revocando el apartado que ordenaba su detención inmediata.
El alto tribunal, ordenó la expedición de su boleta de libertad, argumentando que la prisión fue impuesta con motivaciones vagas e imprecisas, sin justificar adecuadamente su necesidad.
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El Tribunal consideró que la jueza violó principios fundamentales como la presunción de inocencia, la proporcionalidad y el enfoque “pro libertatis”.
Los magistrados calificaron como desproporcionada la medida de detener inmediatamente a Uribe mientras su apelación estaba en trámite, especialmente ante la ausencia de peligro claro de fuga, dado que había cumplido con las citaciones judiciales.
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La decisión generó celebraciones entre sectores del uribismo. Dirigentes del Centro Democrático presentaron el fallo como una reivindicación de derechos y denunciaron excesos judiciales.
En contraste, otros actores políticos enfatizaron la necesidad de respetar el debido proceso y la independencia de las decisiones penales, sin interferencias políticas.
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La libertad de Uribe será efectiva mientras la apelación avanza. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver el recurso de apelación antes del 16 de octubre de 2025.
Hasta entonces, el exmandatario podrá seguir su defensa en libertad, aunque la sentencia sigue pendiente de confirmación o modificación.
⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, al pronunciarse sobre la solicitud de amparo presentada frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra.
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