En una votación clave prevista para este miércoles, la Sala de Instrucción definirá si llama a juicio y dicta medida de aseguramiento intramural contra seis congresistas investigados por presunto cohecho impropio. Entre ellos está el representante a la Cámara por Antioquia, integrante del Partido Liberal, Julián Peinado.
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El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres que salpica a exfuncionarios de alto nivel y congresistas entra en una fase decisiva.
La justicia evalúa si la supuesta compra de apoyos políticos a través de beneficios y contratos fue un mecanismo para torcer decisiones del Legislativo en momentos sensibles para el Gobierno de Petro.
La Corte Suprema de Justicia debatirá la ponencia que propone llamar a juicio a Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz, dentro de una investigación que reúne más de 50 pruebas documentales y al menos una decena de testimonios.
Los seis congresistas han sostenido públicamente que no cometieron delito y que enfrentan señalamientos sin fundamento.
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El nombre que retumba en Antioquia es el del joven político, Julián Peinado, representante liberal por el Departamento, señalado también por su presunta participación, según la hipótesis judicial, en haber supuestamente contaminado la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP.
Para la Corte, la sospecha es que esos conceptos habrían sido “incentivados” con dádivas que terminarían materializadas en contratos y proyectos tramitados desde la UNGRD.
El expediente sostiene que la supuesta contraprestación se relacionaría con proyectos asociados a territorios como La Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y el Carmen de Bolívar en un período en el que la CICP emitió, en pocas semanas, una proporción significativa de conceptos solicitados por el Ministerio de Hacienda.
Si la Sala adopta la tesis de que existe riesgo de obstrucción o de reiteración, la ponencia plantea contra los congresistas proceder a la detención intramural.
La investigación no se apoya sólo en documentos, sino también en las declaraciones de exfuncionarios del Gobierno de Petro vinculados al caso.
En particular, aparecen relatos sobre cómo desde el Ejecutivo se habría diseñado un esquema de “acompañamiento” político para asegurar alineamientos en el Congreso, además de alertas internas por presuntas irregularidades asociadas al manejo de recursos y direccionamiento de decisiones.
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP, no es una comisión cualquiera. Sus conceptos inciden en la ruta del endeudamiento y en operaciones de crédito público, por eso, cualquier sospecha de manipulación no sólo golpea a los congresistas, sino que proyecta dudas sobre la limpieza institucional del trámite fiscal y financiero del Estado.
Ahora bien, el costo mayor y las repercusiones políticas en plena jornada electoral son de mayor proporción.
Si prospera la tesis de que el Gobierno de Gustavo Petro habría intentado presuntamente cooptar, directa o indirectamente, a integrantes de la CICP para alinear decisiones con los intereses del Ejecutivo, el golpe se convierte en munición electoral para la oposición y en una grieta al interior del progresismo, puesto que erosiona la bandera anticorrupción, tensiona alianzas y alimenta la narrativa de que se buscó “comprar gobernabilidad” con recursos destinados a emergencias y gestión del riesgo.
Este miércoles, en todo caso, será un día de una decisión que podría redefinir algunas campañas liberales en Antioquia, reacomodar partidos y recalentar la contienda presidencial con un mensaje claro desde la justicia.
