La reciente orden de suspensión contra Gustavo Petro carece de sustento constitucional y expone una burda “jugadita” del oficialismo. Más que un verdadero castigo, se trata de un salvavidas político diseñado a la medida para victimizar al mandatario y oxigenar a su candidato a pocos días de la segunda vuelta electoral.
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El “Auto de Sustanciación No. 002” de este 10 de junio, que ordena la suspensión provisional del presidente Petro, nace con una falla jurídica que el propio documento confiesa.
La representante investigadora, Gloria Elena Arizabaleta Corral, no tiene la potestad constitucional para apartar al mandatario de su cargo por sí sola.
El mismo texto reconoce que, según los artículos 175 y 199 de la Constitución Política, el presidente únicamente queda suspendido de su empleo cuando el Senado admite públicamente una acusación en su contra.
Sin embargo, la congresista decide saltarse la Carta Magna y escudarse en una medida cautelar de la Ley 1952 de 2019 para apartarlo del cargo de manera inmediata.
Lo que realmente se esconde detrás de este documento es una auténtica pantomima.
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Como es de conocimiento público, la representante Arizabaleta es exesposa de Roy Barreras, militante del Pacto Histórico y aliada del gobierno nacional.
El hecho de que una congresista del mismo partido de gobierno suspenda al presidente, a sabiendas de que no tiene la competencia para hacerlo, convierte esta acción en un invaluable favor político.
Ahora inventan este teatro de pedir suspender a Petro de su cargo por participación en política, buscando generar un espejismo de persecución.
Se trata, sin duda, de la “jugadita” electoral de Pacto Histórico a escasos días de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio próximo.
El auto acusa al presidente de intervenir en política a través de reiterados mensajes en su cuenta oficial de X entre el 6 y el 9 de junio.
No obstante, ante el resultado de la primera vuelta de su candidato, la verdadera intención del oficialismo es victimizar al presidente en el momento más crítico de la contienda electoral. La estrategia tiene fines políticos, ayudarle a Iván Cepeda, quien supuestamente va perdiendo el favor popular.
Al ordenar que la suspensión dure exactamente hasta el día de las elecciones a las 4:00 de la tarde, le sirven en bandeja de plata la oportunidad para que Petro se haga la víctima.
Si logran concretar esta maniobra, aunque sea jurídicamente improbable que se sostenga, el presidente saldrá a la calle a denunciar un “golpe”, llenando las plazas a favor de Iván Cepeda bajo el disfraz de un mártir de la democracia.
Utilizar la Comisión de Acusaciones para que una aliada dicte una orden advirtiendo que “no procede recurso alguno” es un acto de puro cálculo.
Petro y Cepeda demuestran ser macabros en su forma de operar el ajedrez electoral, usando las instituciones como tarima para la agitación popular.
Veremos en qué termina esta novela, por ahora, el país asiste a un falso sacrificio en el que la supuesta severidad de la Comisión es sólo pirotecnia. No existe una potestad real ni constitucional para que una representante decrete esta suspensión exprés.
Lejos de ser una medida idónea para proteger la neutralidad del Estado, es el último salvavidas de un proyecto que busca ganar con victimización en las calles, lo que teme perder en las urnas.
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