La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín ha desatado una intensa controversia institucional, luego de que el concejal Andrés Tobón propusiera vetar las zonas de tolerancia y prohibir la explotación sexual en el espacio público. La iniciativa sostiene que las actividades de sexo pago en las vías de la capital antioqueña no constituyen un trabajo autónomo, sino un negocio dominado por estructuras del crimen organizado que someten a personas vulnerables, lo que exige blindar las normas urbanísticas para impedir que la ciudad formalice rentas criminales.
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En momentos en que el Concejo de Medellín adelanta el debate para la actualización de su carta de navegación urbana, la regulación de las actividades de sexo pago y su impacto en la convivencia ciudadana se han situado en el centro de la discusión pública.
El proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que también abarca medidas frente a las viviendas turísticas y los usos del suelo permitidos en diferentes zonas, enfrenta ahora la encrucijada de cómo responder ante la creciente cooptación del espacio público por parte de economías ilegales.
En ese escenario, el concejal y aspirante a la alcaldía de Medellín, Andrés Tobón propuso que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, impida la creación de zonas de tolerancia y nuevos establecimientos destinados a ofrecer servicios sexuales pagos.
Mediante una propuesta que llevará a la discusión en el Cabildo, el corporado busca establecer un veto explícito para evitar que las normas de uso del suelo reconozcan o habiliten áreas en el espacio público para el desarrollo de estas actividades.
De forma paralela, el planteamiento apunta a frenar la apertura de nuevos comercios dedicados a este fin, diferenciando claramente la situación frente al comercio ya instalado.
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Tobón precisó que los establecimientos que ya operan mantendrían su condición bajo la figura de uso establecido por amparo normativo previo por lo que la iniciativa se enfoca en congelar futuras autorizaciones y cerrar el paso a la expansión comercial de esta oferta en la ciudad.
Al argumentar su postura, Tobón sostuvo que la discusión debe apartarse de la idea de que existe un ejercicio autónomo del trabajo sexual en las calles de la capital antioqueña.
Según afirmó con contundencia, detrás de esa actividad hay redes que controlan a mujeres, hombres, niños y adolescentes, operando como aparatos de sometimiento en los que no existe margen real para una autodeterminación independiente.
“Aquí no existe el trabajo sexual libre”, dijo el concejal, descartando de plano las lecturas que conciben este fenómeno como una labor sin coacción en el entorno callejero.
A su juicio, las situaciones detectadas en sectores públicos de Medellín mantienen vínculos con estructuras criminales y casos de explotación comercial, constituyendo una dinámica delictiva continua que vulnera derechos y desborda cualquier consideración de legalidad.
Así mismo sostuvo que, tras investigar a fondo la prostitución callejera en Medellín durante dos años y medio, concluyó que toda persona en este mercado informal se encuentra sometida al control de estructuras criminales locales como Caicedo o La Terraza.
A través de dicho seguimiento, el cabildante constató que cada punto de oferta sexual en las esquinas y plazas de la ciudad genera una renta directa y obligatoria para los cabecillas de estas organizaciones delictivas.
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Esta realidad territorial se evidencia en sectores neurálgicos como el Parque Lleras en El Poblado, el centro de la ciudad, Barbacoas, Cundinamarca y el corredor de la calle 33, donde los proxenetas ejercen un control directo sobre quienes allí permanecen.
Aunque el concejal reconoció las intervenciones adelantadas por la administración local en áreas de alta afluencia turística, alertó sobre la persistencia de estas redes y señaló sospechas sobre la complicidad de ciertos establecimientos comerciales, entre ellos gastrobares con los grupos de explotación.
Para respaldar su tesis frente a la propuesta de prohibir esta actividad en la vía pública, al analizar experiencias internacionales en ciudades como Hamburgo y Ámsterdam, Tobón Villada observó que los intentos de regularización terminaron agravando problemas de crimen organizado, drogas y homicidios, lo que ha llevado a muchas naciones a reversar sus decisiones.
Tobón explicó que, en dichas urbes europeas, que inicialmente no padecían crimen organizado en ese sector, la formalización atrajo mafias internacionales y elevó la criminalidad, obligando a los gobiernos a dar marcha atrás en sus modelos regulatorios.
Bajo esa perspectiva, el concejal advirtió que, por la propia naturaleza de esta actividad en las calles, resulta imposible separar la explotación sexual de las mafias, lo que descarta la creación de zonas especiales al aire libre.
Desde su visión, habilitar zonas de tolerancia no solucionaría la problemática de fondo, sino que terminaría otorgando reconocimiento institucional y legitimidad territorial a las mismas bandas que someten a las personas explotadas.
En contraposición, Tobón señaló que los prostíbulos establecidos operan bajo un marco legal permitido que evita dicho sometimiento delictivo.
Por consiguiente, la administración local debe enfocarse en combatir el negocio ilícito en las vías públicas en lugar de fomentar espacios que funcionarían como extensiones de la criminalidad.
Con este pronunciamiento, el debate sobre el POT adquiere una marcada relevancia de cara al futuro institucional de la capital antioqueña.
Andrés Tobón quien se desempeñó como secretario de seguridad en la primera administración local de Federico Gutiérrez, es otro aspirante a la Alcaldía que está dando de qué hablar para las elecciones territoriales del próximo año 2027, situando el combate frontal a las rentas ilícitas y el control del espacio público como ejes de la agenda de ciudad.
